AMIA: archivos informan que agentes de la ex SIDE se reunían con principal sospechoso

Los documentos fueron aportados por los fiscales en el juicio en el que están acusados Carlos Menem, Rubén Beraja y Fino Palacios. Estaban desclasificados desde 2006, pero Nisman nunca los revisó. El Gobierno quiere volver a controlar ese archivo

El supuesto organizador del atentado contra la AMIA, el agregado cultural de Irán en la Argentina Moshen Rabbani estuvo en la SIDE en junio de 1996, dos años después del atentado y cuando ya era considerado el principal sospechoso. Fue recibido por el vicealmirante Juan Carlos Anchezar, número dos de la SIDE, con el objetivo de limar asperezas entre los dos países. Por el diálogo mantenido entre ambos funcionarios se entiende que hubo al menos otro encuentro e incluso una visita a la embajada de Irán donde Anchezar quedó impactado por los pistachos que le ofrecieron. Pero, además, se concretaron otras dos reuniones con los encargados de Negocios, una de ellas con el diplomático que fue baleado en Barrancas de Belgrano en una aparente tentativa de robo. La documentación sobre esas reuniones estaba en un archivo de la SIDE, en el Pasaje Barolo, y se encontraba en un estado calamitoso, en medio de una inundación. El fallecido fiscal Alberto Nisman nunca visitó el lugar ni se interiorizó sobre los documentos. Ahora, el material –desclasificado primero por Néstor y luego por Cristina Kirchner– fue rescatado por los nuevos fiscales de la Unidad AMIA y se entregó la semana pasada en el juicio por encubrimiento que se lleva adelante en Comodoro Py. Es posible que sirvan como prueba contra Anchezar, quien se presentó en el juicio como “una persona de edad que no tuvo nada que ver con el caso AMIA”. El presidente Mauricio Macri emitió un nuevo decreto, supuestamente de desclasificación, pero –como lo denunciaron los familiares de las víctimas– lo que verdaderamente hizo fue poner los documentos secretos, como los que revelan la reunión Anchezar-Rabbani– en manos del Ministerio de Justicia y la ex SIDE, o sea en manos del Poder Ejecutivo. La Casa Rosada se jugó a controlar el material y verificar que no aparezcan sorpresas como ésta.

Sospechas
Irán y Rabbani eran considerados máximos sospechosos del atentado bastante antes del atentado mismo. Como la hipótesis era que el ataque contra la Embajada de Israel fue perpetrado por Hezbollah –organización libanesa sustentada por Irán– hubo un seguimiento de todos los diplomáticos y hasta empresarios persas. Eso explica que Rabbani fuera fotografiado en 1993, más de medio año antes del atentado contra la AMIA, pidiendo precios por una Trafic en la avenida Juan B. Justo. Esas fotos fueron usadas para acusar a Rabbani, pese a que parece irracional que un clérigo, vestido con la vestimenta de clérigo islámico, fuera a pedir precio por una camioneta con la que luego se cometería semejante matanza.

El periodista de este diario Horacio Verbitsky relató que tras un intercambio con el gobierno israelí el mismo día del atentado contra la AMIA se convino la acusación contra Irán en base a supuestos informes de inteligencia. De manera que cuando se concretaron los encuentros entre Anchezar y Rabbani éste último ya era considerado el organizador del ataque contra la mutual judía.

Documentos
El hallazgo de las pruebas de las reuniones entre la SIDE y los iraníes fue adelantado por el periodista Ariel Zak de Télam en noviembre de 2016. Los integrantes del Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental (Gerad) convocados por los fiscales de la Unidad AMIA –Roberto Salum, Leonardo Filippini y Santiago Eyherabide– encontraron informes sobre las reuniones entre Rabbani y Anchezar y también entre el número dos de la SIDE y los encargados de Negocios de Irán. Esos documentos fueron entregados oficialmente en el juicio oral por encubrimiento en la semana que pasó. En ese proceso están acusados el ex presidente Carlos Menem, la cúpula y varios agentes de la SIDE de los años 90, el ex juez Juan José Galeano, los ex fiscales, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, el ex jefe de la Federal Jorge “El Fino” Palacios y el principal imputado de entonces, Carlos Telleldín. Todos ellos fueron imputados por Nisman, quien señaló que plantaron pistas falsas pagándole 400.000 dólares a Telleldín y frustrando el allanamiento a los domicilios de un sospechoso ligado a la familia Menem.

La documentación de la SIDE relacionada con AMIA estaba desclasificada desde 2006. Pero Nisman dejó esos papeles en manos de su alter ego Héctor Horacio Stiuso, al punto que nunca visitó el subsuelo del Pasaje Barolo, una las sedes de la SIDE. Cuando Cristina Kirchner desplazó a Stiuso, en diciembre de 2014, las nuevas autoridades, Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, visitaron el inmenso depósito y se encontraron con una situación escalofriante: el lugar inundado, lleno de ratas, los papeles –algunos en el piso, mojados– sin ningún orden ni clasificación. Eso motivó el despido de dos mujeres que ocuparon puestos decisivos en el área de terrorismo de la ex SIDE, M. O. y G. R.

Lo que encontraron los fiscales y el Gerad fueron dos informes sobre reuniones de Rabbani y el encargado de Negocios de Irán. Incluso estaban allí las desgrabaciones de ambos encuentros. También hay pruebas de seguimientos y escuchas a los abogados de la causa, pero falta conocer muchísimo de lo que hay en ese archivo de unos 250 metros cuadrados.

Cuando la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI) reemplazó a la SIDE y se encontró la documentación, la entonces presidenta Kirchner resolvió que el material se entregue a los fiscales. Los documentos salieron de la órbita del Ejecutivo para que las cosas quedaran en manos de quienes estaban interviniendo en el juicio por las pistas falsas. Esa medida fue revertida por el gobierno de Macri: simulando una nueva desclasificación, puso el material bajo la custodia del Ejecutivo, en concreto la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, a cargo del radical Mario Cimadevilla. También la digitalización y el manejo de los papeles –según el texto del decreto– pasó a esa dependencia y ya no la haría el Gerad, es decir, los fiscales.

En las últimas semanas, el Gobierno se despachó con tres medidas llamativas relativas al juicio por el encubrimiento del atentado :

Puso bajo su control la documentación que estaba en la SIDE y que nadie sabe muy bien qué sorpresas puede deparar.
Sacó del juicio a dos abogados porque estaban “demasiado activos” contra Menem, Beraja y compañía. Los letrados renunciaron dado que se les pedía, además, que se alejen de los familiares de las víctimas.
Se presentó el proyecto de ley de juicio en ausencia que, de acuerdo a los familiares, es una jugada para cerrar el caso AMIA.
Los objetivos del macrismo encajan con sus aliados políticos. Condenar a Irán cuanto antes –en línea con las aspiraciones de las derechas norteamericanas e israelí– y tirarle un cable a los imputados en el juicio por encubrimiento, sobre todo al Fino Palacios, Beraja y Menem. La organización Wikileaks filtró en su momento cables en los que se verificaba que el gobierno de Estados Unidos le insistía a Nisman que dejara la cuestión del encubrimiento y se dedicara a la condena a Irán.

Diálogos
Por lo que pudo averiguar este diario, el diálogo entre Rabbani y Anchezar fue más que amistoso. Ocurrió en junio de 1996, cuando se acusaba al agregado cultural de ser el organizador principal del atentado contra la AMIA. Después del ataque, Rabbani se fue a Teherán, pero luego volvió y pese a todas las acusaciones estuvo en la Argentina hasta el 19 de mayo de 1998, es decir, transcurridos cuatro años del atentado. La investigación fue tan lenta o tan pobre que el supuesto organizador se fue tranquilísimo de la Argentina 46 meses después del ataque.

En los encuentros con Rabbani y los encargados de Negocios, los iraníes le señalaron al vicealmirante Anchezar que Teherán le estaba haciendo buenas compras a la Argentina, más de 500 millones de dólares, pero que había que solucionar las acusaciones por el atentado. Durante el diálogo las dos partes evitaron hablar de atentado y recurrieron a eufemismos: “problemita”, “episodio doloroso”, “situación trágica”, “nubarrones”.

Anchezar se excusó diciendo que las acusaciones contra Irán no provenían del gobierno sino que era la prensa la que adelantaba hipótesis. El marino retirado insistía en que tenía instrucciones de mejorar las relaciones. En algún momento se planteó la idea de firmar un acuerdo de paz, algo descabellado, ya que nunca hubo guerra entre los dos países. Por lo que aparentemente surge de la documentación, los encuentros con Rabbani y los encargados de Negocios fueron gestionados por el escritor nacionalista Norberto Ceresole. Uno de los aspectos llamativos de las charlas es que los encargados de Negocios iraníes hablaban mal de Rabbani, es decir que parecía existir una interna entre los hombres de Teherán. En paralelo, Anchezar sugiere que no cree mucho en las acusaciones contra Irán, algo que era producto de otra interna, esta vez en la SIDE.

Misterio
Los datos sobre la reuniones Rabbani-Anchezar indican que en el caso AMIA hubo y hay un submundo oculto, que sobre todo tiene que ver con maniobras de inteligencia. El juez Rodolfo Canicoba Corral, a cargo del expediente del atentado, dijo varias veces que la causa es muy pobre en pruebas y rica en informes de inteligencia. Wikileaks exhibió el submundo de la influencia norteamericana en la investigación y en los movimientos de Nisman. La inexplicada riqueza del fiscal, con cuentas ocultas en Nueva York y Uruguay también apunta a un financiamiento oscuro, presumiblemente de fuentes norteamericanas e israelíes.

Los fiscales de la Unidad AMIA intentan desenredar esta trama. Lograron identificar al muerto número 85 y analizaron los restos metálicos encontrados en los cuerpos de las víctimas para ratificar que el atentado se cometió con una Trafic. Se consiguieron avances de importancia y ahora buscan información sobre restos que se llevó el FBI norteamericano y respecto de los cuales no está claro si se hizo o no un ADN, a escondidas, en Estados Unidos. También se está trabajando en una reconstrucción de la escena del atentado. En paralelo, se analiza la documentación secreta y se descubren hechos desconocidos, como las reuniones entre la SIDE y los iraníes. La Casa Rosada busca controlar el proceso de alguna manera: la idea es condenar a Irán cuanto antes, ayudar a los amigos en el juicio por encubrimiento y evitar las sorpresas que puedan surgir en las nuevas investigaciones.

Fuente: Raúl Kollmann para Página 12

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