Avanzan dos causas por contaminación de agroquímicos en Mar del Plata

Una investiga aplicaciones en la zona del Paraje San Francisco y otra en un campo lindero a viviendas en el barrio Colinalegre. En las últimas semanas se hicieron 13 allanamientos. Se determinó que el agua no es apta para consumo.

El barrio Colinalegre está ubicado en el kilómetro 9,5 de la Ruta 88: tiene alrededor de 70 hectáreas y se constituyó, gracias a su importante vegetación, como una reserva ecológica. Sin embargo, el barrio lindero a la ruta también alberga un importante campo en el que desde hace años se siembra tanto soja como trigo, de forma alternada. Su comunidad está atravesada por la problemática de los agroquímicos: las fumigaciones se concretan con total impunidad y a plena luz del día.

En el Paraje San Francisco la realidad es similar y que se repite también en otro barrios: hay permanentes denuncias de aplicación de agroquímicos en torno a instituciones como el Jardín de Infantes 932, la Escuela Primaria 51 y la Escuela Secundaria 39.

En este marco, dos causa judiciales, a cargo de la fiscal federal Laura Mazzaferri, registran avances por estas semanas: días atrás se realizaron 13 allanamientos en distintos puntos de la zona de Batán, en inmediaciones al Paraje San Francisco, el barrio Colinalegre y el Complejo Penitenciario de Batán en los que se tomaron muestras de agua, cultivos y suelo, entre otras, a fin de establecer si existe daño ambiental y para la salud pública, a causa de fumigaciones con agroquímicos por parte de los productores agropecuarios.

La información fue dada a conocer por el sitio oficial Fiscales.gob.ar y se detalló que en septiembre pasado, la fiscal, además de dictaminar en favor de la competencia federal para investigar el presunto ilícito, había sugerido la acumulación de la dos causas que se tramitaban en la Justicia Federal -con intervención del juez Santiago Inchausti- dado que ambas tenían un mismo objeto y estaban enfocadas a una misma zona geográfica.

En concreto, la investigación busca determinar sí entre los días 3 y 28 de octubre de 2011 y hasta la actualidad, se habrían efectuado aplicaciones terrestres con agroquímicos que podrían haber afectado en su salud a los niños, jóvenes y adultos del Jardín 932, la Escuela 51 y la 39, como así también, al medio ambiente. A su vez, de acuerdo a la segunda causa acumulada, se busca establecer si en el campo lindero a las viviendas edificadas en Colinalegre se están llevando a cabo fumigaciones con productos agroquímicos por parte del productores o terceras personas.

“Estamos frente a un fenómeno del que aún hoy no se conocen las verdaderas dimensiones, sin perjuicio de que las imputaciones puedan luego dirigirse contra diversos productores o personas jurídicas que operen en la zona”, sostuvo la fiscal Mazzaferri. De acuerdo a su dictamen, las conductas investigadas encuadrarían en el marco del artículo 55 de la ley 24.051 de residuos peligrosos y en el artículo 200 del Código Penal, que reprime con prisión de tres a diez años y multa de 10 mil a 200 mil pesos a quien “envenenare, adulterare o falsificare de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas”.

En este marco, la fiscal requirió que se cite a prestar declaración testimonial a los profesionales médicos que integran el Programa de Salud y Agroquímicos de la Secretaría de Salud del Municipio con la finalidad de que relaten las actividades realizadas, y los posibles relevamientos y estudios sobre la población.

La causa, que cuenta con parte querellante en representación de los vecinos afectados, continúa en investigación y se aguarda, por lo pronto, los resultados de los análisis de las muestras tomadas en los allanamientos, que están a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires.

En el marco del avance de las dos causas, la Justicia dispuso la realización de estudios de contaminación en las instituciones educativas del Paraje San Francisco y en el barrio Colina Alegre, las cuales arrojaron como resultado que el agua no es apta para consumo humano.

“Puede suceder que el daño ambiental se haya extendido, abarcando toda la zona, en atención a que allí se ubican numerosos terrenos destinados a la producción agrícola para la que se utiliza la aplicación de agroquímicos, herbicidas, productos fitosanitarios, fungicidas, que en muchas ocasiones poseen como componente activo al glifosato o sales derivadas del mismo como glufosinato de amonio, endosulfan, 2-4D, entre otros, los que penetran en los suelos, contaminado aguas superficiales y en el peor de los casos las subterráneas”, advirtió la fiscal.

Por otra parte, Mazaferri entendió que debía ampliarse el objeto procesal dado que entre las escuelas afectadas y el barrio se encuentra el Complejo Penitenciario de Batán. En tal sentido consideró que “debe investigarse si las afectaciones al ambiente -en principio en el componente agua- se extiende a los establecimientos referidos, toda vez que por la concentración de personas que se encuentran alojadas, la contaminación del agua implicaría un impacto de riesgo sanitario de importantes dimensiones”.