Cámara Federal rechazó el pedido de Cristina de revisar toda la obra pública entre 2003 y 2015

La decisión fue tomada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que, en rigor, declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa de la ex presidenta luego de que su pedido fuese rechazado en primera y segunda instancia.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy el rechazo al pedido de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner de investigar toda la obra pública realizada entre 2003 y 2015 y no solo aquella llevada a cabo en Santa Cruz.

La decisión fue tomada por la Sala IV del máximo tribunal penal del país que, en rigor, declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa de la ex presidenta luego de que su pedido fuese rechazado en primera y segunda instancia.

La ex mandataria había solicitado la “adecuación del objeto procesal de la causa” en la que fue procesada como presunta integrante de una “asociación ilícita” que direccionó las concesiones de obra pública en favor del empresario detenido Lázaro Báez.

El rechazo fue confirmado por la decisión unánime de los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Angela Ledesma en un fallo de 14 páginas en el que consideraron que el objeto procesal de esta específica causa es delimitado por la parte acusadora.

Los magistrados sostuvieron, además, que lo obrado en la etapa de instrucción en meramente provisorio, porque es la etapa de juicio aquella en donde queda delimitada la descripción de los hechos concretamente imputados.

La decisión judicial recurrida “no puede ser equiparada a sentencia definitiva en sus efectos, en la medida en que no se advierte, ni el recurrente logra demostrar, la causación de un perjuicio de imposible reparación ulterior, originado en el auto que se objetó”, sostuvo el juez Hornos en el voto al que adhirieron sus colegas.

“El hecho de que no se readecua el objeto procesal investigado en el sentido solicitado por la defensa de Fernández de Kirchner no se traduce en que esa parte no pueda, en las etapas procesales que corresponda, ofrecer toda las medidas probatorias que considere pertinentes a los efectos de defender su inocencia”, sostuvo.

La ex mandataria había reclamado “que sea investigada no sólo una empresa (Austral Construcciones), no sólo una provincia (Santa Cruz), sino el gasto que en obra pública fuera realizado en su totalidad entre los años 2003 a 2015, por un monto que ascendió a casi 110.000 millones de dólares”.

Para la ex jefa de Estado la omisión en investigar a la firma IECSA S.A. del grupo Macri -que obtuvo la pavimentación de uno de los cinco tramos de la ruta 9 y su explotación con Báez como subcontratista-, fue “una clara muestra del direccionamiento con intencionalidad política” de la investigación.

El pedido de la ex mandataria había sido rechazado por el juez federal Julián Ercolini y luego confirmada por la Sala I de la Cámara Federal porteña por dos votos (Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia) contra uno (Eduardo Freiler).