Cambiemos protegió a Ayala y estiró la definición de su desafuero

Sus pares pidieron más datos de la causa y un pronunciamiento de la Cámara. La oposición quiere avanzar.

La diputada de la UCR Aída Ayala recibió un fuerte respaldo de sus compañeros de bloque en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde fue a defenderse del pedido de desafuero y detención solicitado por la justicia chaqueña.

Los diputados de Cambiemos reclamaron mayor información de la causa para definir si mandan a la cárcel a su compañera y sugirieron que era mejor esperar un fallo de la Cámara de Apelaciones.

Un desafuero requiere de los dos tercios del recinto y a Cambiemos le sobran 23 diputados para impedirlo. Dejaron claro que de una u otra forma lo harán, aunque el plan ideal sigue siendo evitar que la mayoría opositora abra el recinto por este asunto.

Los diputados de Cambiemos pidieron más documentación y recordaron que De Vido pudo apelar antes de ser desaforado. La oposición coincidió en que igual hay que mandarla a prisión, pero los votos oficialistas alcanzan para evitarlo.

“Recordemos que el fallo del juez Luis Rodríguez que condenó a Julio De Vido tuvo una ratificación de la Cámara”, recordó el macrista Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que logró demorar hasta la próxima reunión la presentación de dictámenes.

De todos modos, en 60 días debería tratarse en el recinto y si bien la oposición aceptó demorar la firma de despachos, ningún bloque le puso paños fríos al pedido de la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger.

Haciendo lugar a un pedido del fiscal Patricio Sabadini, Niremperger solicitó el desafuero y la detención de Ayala al acusarla de negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito durante su gestión como intendenta de la capital chaqueña.

Acompañada de su abogada Olga Mongelos, Ayala fue negando uno a uno los cargos. “La prensa dice que hubo una renegociación, pero el expediente dice otra cosa: están los 21 camiones que siguen con el mismo procedimiento de recolección de basura”, se defendió.

Los móviles pertenecen a la empresa Pimp S.A. y el fiscal Sabadini concluyó en que había sido adjudicado en un procedimiento irregular y destinado a girar fondos a campañas políticas.

“La sociedad se constituyó con 100 mil pesos. La licitación se hizo mediante una resolución en 30 días y la ganadora fue Nilda Juárez, madre de Alejandro Fischer, empleado municipal y ex jefe de campaña. No hubo otro oferente. Siguió funcionando por una ley de emergencia, hasta que se investigó”, precisó Analía Rach, diputada chaqueña y cercana a Jorge Capitanich, sucesor de Ayala.

Leopoldo Moreau recordó un rato después que Fisher también fue yerno de la diputada radical y apoderado de la Fundación Construir, que trabajó para Cambiemos.

“La comisión no tiene la documentación. La jueza nos pide ampliar un requerimiento que no conocemos. No conocemos la licitación. No existe copia de renegociación. Necesitamos estos datos”, exigió la macrista Silvia Lospennato.

Al rato, Tonelli contó que había recibido un mensaje de texto de Niremperger para explicar que se demoró en enviar el expediente porque debía digitalizarlo.

La comparación con De Vido no es casual: fue detenido el 25 de octubre tras ser desaforado por la Cámara de Diputados, ante los pedidos de los jueces Rodríguez y Claudio Bonadio, este último sin apelación.

La correntina Araceli Ferrerya, del Movimiento Evita, recordó que no consiguió las causas que llevaron a la cárcel al ex ministro y que con ese antecedente la chaqueña debe quedar tras las rejas.

“La doctrina Irurzun indica que todos los ex funcionarios pueden entorpecer la causa. Y lo que estamos discutiendo es un pedido de prisión preventiva”, recordó y tuvo eco en el resto de la oposición.

“No sé cómo fue la contratación de los 21 camiones ni me interesa. Estamos para definir si se puede conceder prisión preventiva. En Buenos Aires, hasta un juez de paz puede pedirla”, planteó el massista Raúl Pérez. “¿Usted que viene a pedir que rechacen desafuero a decirnos que es inocente?”, interrogó Javier David (Argentina Federal) a Ayala.

“Lo que vengo a pedir es que se rechace el desafuero porque es ilegal. Pero quiero que me juzgue la jueza. Yo me presenté el 17 pedí una exención de prisión y no se resolvió”, respondió Ayala.

“El fiscal dice que aportó plata para la campaña. Le guste o no es corrupción”, la increpó la rionegrina kirchnerista María Emilia Soria.

El macrista Daniel Lipovetzky dio un paso más que sus compañeros y dijo que no apoyará el desafuero porque el fallo no muestra elementos de culpabilidad, o sea, sin importar si hay más instancias de apelación.

“También podemos opinar sobre los fallos. Yo en su momento no estaba de acuerdo con los argumentos del juez Ariel Lijo para detener a Amado Boudou”, dijo el macrista.

Si marca tendencia Ayala puede quedarse tranquila porque no irá a prisión. Se sabrá en unos días, cuando Cambiemos defina su postura.

  • la Corte advierte a Triaca sobre la intervención en los gremios

  • la Corte dilató la audiencia sobre la llegada de Farmacity a provincia

  • Comenzarán a declarar los aportantes truchos de Cambiemos

  • Sindicato de Comercio: encuentran otros 5 mil afiliados truchos

  • La Magistratura desestimó una denuncia contra Ariel Lijo por su patrimonio

  • Carrió acusó a Angelici de proteger a Lijo en Magistratura