Cambios en Magistratura de CABA generan tensiones entre Larreta y Macri

La discusión por el presunto sobredimensionamiento del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires es uno de los primeros conflictos que evidenció esquirlas del “fuego amigo” entre Cambiemos y la administración que preside Horacio Rodríguez Larreta, lanzado internamente como delfín para la sucesión de Mauricio Macri.

Un sector del Gobierno nacional acusó recibo también de la concentración de poder que adquirirá traspaso de la justicia nacional mediante- el órgano de administración del Poder Judicial porteño, presidido por Marcela Basterra, académica, pero de confianza del alcalde capitalino. El equilibrio de fuerzas que ha permitido que el Consejo navegue sin oleaje durante los últimos años es una compleja red de alianzas que involucra al hombre fuerte en materia judicial del macrismo, Daniel “Tano” Angelici pero también a sectores de la UCR y del peronismo alineados con Juan Manuel Olmos. La pelea es un anticipo de lo que sucederá a fin de año cuando haya un recambio completo de representantes. Y asoma también como una factura tangible del pacto entre Angelici y el radical Enrique “Coti” Nosiglia, con repercusión dispar dentro de las mismas filas del oficialismo.

Un demorado “ajuste” en los gastos, en sintonía con el mensaje oficial que bajó desde la Casa Rosada sumó más elementos para la tormenta perfecta, que incluyó la tumultuosa salida del Administrador General, Alejandro Rabinovich, algo que quedará formalizado una vez que el plenario de consejeros acepte la renuncia que ellos mismos le solicitaron sotto voce. Recalará en Mar del Plata tras haber acompañado la campaña electoral en las huestes de Guillermo Montenegro luego de haberse vuelto insostenible la tensa relación con Basterra que hasta quedó plasmada con cruces públicos. En el medio, una puja académica por una cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires fue sazonada e impulsada por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Es la tercera contra concursos en los que quedó relegado, y se apoya en la designación como planta permanente en el Consejo de una asesora que es esposa de uno de los jurados que luego terminaron siendo sorteados para el concurso académico por las cátedras de Derecho Constitucional de la UBA. El mundo de los constitucionalistas es pequeño pero feroz.

Al maremoto se sumaron dos referentes que por diferentes motivos- se oponen al traspaso de la justicia nacional a la órbita porteña. Hoy se cumple un año de la firma de los cuatro convenios de transferencia progresiva de los tribunales, la inspección General de Justicia y el registro de la propiedad inmueble. Pese a la rúbrica, la aprobación para que se materialice todavía duerme en el Congreso un año después. Poner bajo la lupa el accionar del Consejo apunta también a torpedear cualquier avance de la transferencia que implica mayor incidencia de las terminales de poder que influyen en el ámbito de la Ciudad.

Julio Piumato líder del gremio de empleados judiciales- rechaza todo tipo de traspaso de personal, pese a que ha ideo cediendo terreno en los márgenes de la Capital ante sindicatos como Sitraju y con varias bajas en comisiones internas del fuero nacional. La posición gremial es de oposición a la migración, apuntalada por los propios jueces que resisten una mudanza virtual. El titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), Jorge Rizzo también denunció manejos irregulares en el presupuesto pero se prepara para dar batalla ante el juego de tronos que tendrá este año dos hitos fundamentales: las elecciones en el órgano que regula a los abogados de la matrícula y a fin de 2018 el recambio de consejeros en la Ciudad, donde se han quebrado las alianzas políticas que mantenía con los actuales representantes.

En las próximas semanas, el Consejo capitalino aprobará el ajuste que dejó pendiente desde la el 22 de diciembre de 2017 cuando no hubo un texto de consenso para emitir la resolución. Pese a que será leído como reacción a las denuncias de despilfarro, lo cierto es que no se moverá una coma en sus alcances previstos el año pasado: un recorte en viáticos para los consejeros y en las cajas chicas de direcciones y dependencias; una reducción del 20% en la nómina vía retiros voluntarios y planes de jubilación; no habrá despidos sino reubicaciones; y se pondrá en práctica una contracción en lo presupuestado para órganos que dependen en la órbita porteña- del Consejo tales como su oficina de notificaciones, su cuerpo médico forense para cuestiones penales, biblioteca y archivo. A diferencia del modelo nacional, el Consejo porteño paga salarios y ejerce funciones de superintendencia absolutas. No es secreto que molestó que la tercera etapa de competencias penales hubiera incluido un retroactivo de $2.500 millones y la promesa de un punto más de coparticipación para la administración de Larreta.

Algunos sectores dentro de la justicia porteña agregaron como condimento de los cuestionamientos el derrotero del expediente disciplinario sobre la jueza porteña Patricia López Vergara por la disposición que recordó el impedimento a fuerzas de seguridad de portar armas letales durante el operativo de control de la manifestación del pasado 18 de diciembre en el Congreso por la reforma previsional. En los pasillos judiciales desestiman que cualquier sanción pueda ser aplicada sobre la magistrada por su resolución, a contramano de los deseos públicos de varios funcionarios del Ejecutivo.

Fuente: Gabriel Morini para Ámbito Financiero