Casación frenó una investigación clave contra uno de los protagonistas de los cuadernos de Centeno

Esta resolución de los camaristas Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani -con la disidencia de Gustavo Hornos- habilitó la devolución del dinero secuestrado, joyas y documentación secuestrados en cajas de seguridad de uno de los imputados y sus familiares

Se trata de una megacausa que involucra a importantes casas de cambio de Mar del Plata, como Transcambio y Jonestur, que incluyó múltiples allanamientos en esa ciudad y en el microcentro porteño, detenciones y el secuestro -en total unos 3 millones de dólares-, por orden del juez federal Santiago Inchausti, a pedido de la fiscal Laura Mazzaferri.

Más allá del dinero incautado, es la información sensible contenida en computadoras, pendrives, celulares y documentos secuestrados en esos operativos realizados en 2016, lo que realmente preocupa a los 25 imputados que tiene el expediente. Desde la Fiscalía temen que esta resolución de Casación abra una puerta para que los abogados de los 25 imputados reclamen la devolución de este material probatorio.

Hasta ahora, sus abogados tuvieron éxito en evitar el peritaje informático y telefónico. Sin embargo, la fiscal Mazzaferri había comenzado a analizar la documentación en papel, de la cual surgieron nombres de los clientes de las financieras, así como las maniobras con ramificaciones internacionales utilizadas para fugar y, presuntamente, lavar dinero en el exterior. Entre ellos figuraban importantes empresarios marplatenses, uno de los cuales era Sergio Todisco, amigo del fallecido secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y sindicado como su testaferro.
Según alcanzó a reconstruir Mazzaferri, antes de que la decisión de la Cámara marplatense impidiera avanzar con el peritaje informático, hubo gestiones del gerente general de Jonestur, Oscar Rigano, para destrabar fondos depositados en unas 8.000 cuentas en la Banca Privada de Andorra. A través de las mismas, a nombre de diferentes sociedades offshore, se habrían lavado activos de numerosos ciudadanos argentinos, entre ellos Todisco.

De la documentación analizada, surge que este empresario habría enviado dinero que sería de Muñoz, a través de una firma offshore en Uruguay a la Banca Privada de Andorra, utilizada para triangular millonarios fondos a Miami. Esta entidad bancaria fue suspendida por la Security Exchange Comission (SEC) de Estados Unidos, equivalente a la Comisión Nacional de Valores en nuestro país, por maniobras de lavado de dinero.

Según una serie de informes reservados de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), Muñoz y su mujer Carolina Pochetti, llegaron a tener USD 65 millones de dólares en propiedades controladas por empresas offshore radicadas en Miami y en Nueva York.

Esta información fue aportada por la UIF a una causa paralela por enriquecimiento ilícito contra el ex secretario privado que lleva el juez federal Luis Rodríguez, y a la investigación abierta a partir de los cuadernos de los coimas en el Juzgado de Claudio Bonadio. Hoy, la sospecha de la Justicia es que esos bienes en Miami fueron adquiridos con parte de los cerca de USD 200 millones de dólares que viajaron durante 10 años en el Toyota de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta.

En la audiencia que tuvo lugar en Casación en octubre del año pasado, se excluyó la cuenta que estaría vinculada a Muñoz de esta causa, debido a que el fiscal Carlos Stornelli presentó una denuncia por separado.

El avance de la investigación iniciada a partir de “arbolitos” dedicados a la venta ilegal de dólares, derivó en el procesamiento de 25 empresarios marplatenses por parte del juez federal Inchausti. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata los sobreseyó, en abril del año pasado, al decretar la nulidad de todo lo actuado por una supuesta inexactitud en la redacción de un informe de Gendarmería. En simultáneo con esa sorpresiva decisión de cerrar el proceso, la Cámara marplatense dispuso la devolución del dinero, computadoras y documentación secuestrados.

Este polémico fallo fue revertido por un recurso ante Casación Penal presentado por Gabriel Pérez Barberá, a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), y el fiscal general ante esa Cámara de Apelaciones local, Daniel Adler, en diciembre pasado. Los fiscales sostuvieron, en ese momento, que la resolución de la Cámara de Apelaciones fue “insólita” y advirtieron que si se confirman los sobreseimientos “quedará impune una verdadera organización que lavaba dinero de delitos graves, como corrupción y narcotráfico”.

La Sala IV de Casación les dio la razón y revocó en diciembre último la anulación de la causa dispuesta por el tribunal de alzada marplatense.

Pero los abogados de la defensa – todos de reconocidos estudios jurídicos de Mar del Plata y Buenos Aires- no se quedaron quietos y presentaron recursos para ir a la Corte y que sea este Tribunal el que tenga la última palabra sobre esos procesamientos.

Como Casación concedió los recursos extraordinarios con efecto suspensivo, habilitó a los letrados de los acusados a requerirle a la Cámara de Mar del Plata la devolución de los efectos secuestrados de las cajas de seguridad, hasta que la Corte resuelva, ya que consideran que no está firme la revocación de los sobreseimientos por parte de Casación.

Para los fiscales, “con su posición, la Cámara Federal de Mar del Plata está impidiendo de hecho la investigación del caso, y esto puede conducir hoy incluso a la impunidad de las maniobras de Muñoz -mencionado reiteradamente en los cuadernos de Centeno- y de sus testaferros”.