Casal dictaminó para que se mantenga el actual Consejo de la Magistratura

Es el de 13 miembros que creó Cristina Kirchner y en el que el macrismo hoy tiene mayoría. Consideró que no viola la Constitución Nacional. Ahora tiene que resolver la Corte Suprema.

El procurador general interino, Eduardo Casal, dictaminó a favor de mantener la actual integración del Consejo de la Magistratura de la Nación con 13 miembros, que se creó en 2006 a instancias de un proyecto de la entonces senadora Cristina Kirchner.

Una cámara federal declaró en 2015 la inconstitucionalidad de esa integración porque entendió que no respetaba el equilibrio que la Constitución Nacional fija entre los distintos estamentos –políticos, jueces y abogados– que integran el Consejo. El caso ahora tiene que ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El caso tiene trascendencia política porque el Consejo es el órgano encargado de la selección y la acusación de los jueces nacionales y federales. Por un lado, el gobierno de Mauricio Macri está cómodo con la actual integración ya que de los 13 integrantes cuenta con un bloque de ocho –entre propios y aliados– que le da una mayoría sobre la oposición peronista.

Pero también el Poder Ejecutivo envió el año pasado al Congreso Nacional un proyecto de ley –elaborado por el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo– para llevar la integración a 16 miembros con dos abogados y un juez más que los actuales.

La decisión ahora es de la Corte. Sus integrantes tienen que resolver si confirman la actual integración de 13 miembros o la declaran inconstitucional. Si ocurre esto último, se volverá al primer Consejo que fue de 20 miembros y que tenía como titular al presidente de la Corte. Hoy es Ricardo Lorenzetti.

Tanto en el máximo tribunal como en el Gobierno señalan que una posición intermedia puede ser que no haya fallo hasta que el Congreso sancione una ley, lo que de todas formas no será en lo inmediato.

Todo se da cuando tanto los jueces como los abogados tienen que ir a elecciones en los próximos meses para elegir a sus nuevos representantes en el Consejo.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró en noviembre de 2015 inconstitucional la integración de 13 miembros: tres diputados y tres senadores (dos por la primera mayoría y una por la primera minoría), tres jueces, dos abogados, un representante del Poder Ejecutivo y otro del sector académico.

El tribunal sostuvo que la distribución de los estamentos que integran el Consejo no era equitativa y por lo tanto violaba el artículo 114 de la Constitución Nacional que establece que debe haber “equilibrio” entre la representación de cada sector.

El caso –que se inició por una demanda del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires–entró en el debate político y durante dos años estuvo parado por pedido de las partes.

Finalmente llegó a la Corte Suprema, que le pidió opinión al procurador Casal. Primero la Corte lo había convocado a una reunión para el 15 de mayo que luego se postergó. Ahora Casal presentó un dictamen de nueve carillas al que accedió Infobae.

“No se ha comprobado, por lo tanto, de qué manera la norma impugnada contradice la Constitución Nacional, resultando insuficiente para ello la sola invocación de agravios meramente conjeturales”, señaló Casal. La referencia es que en la causa se planteó que los representantes de la política –tres senadores, tres diputados y un representante del Poder Ejecutivo– tienen mayoría sobre los jueces, abogados y el representante del sector académico. Pero Casal destacó que los políticos pertenecen a distintos partidos políticos.

Y la realidad ha demostrado –antes con el kichnerismo y hoy con el macrismo– que los aliados del oficialismo político de turno son los jueces, los abogados, el representante del sector académico.

“En definitiva, el acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que el Poder Judicial deba pronunciarse, porque no se puede ejercer un control político a través de un proceso judicial, así como que la declaración de la inconstitucionalidad de una ley -acto de suma gravedad institucional- requiere que la repugnancia de una norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable, extremos que no concurren en el sub examine”, concluyó Casal.

El procurador interino -quien reemplazó a Alejandro Gils Carbó y espera la llegada al cargo de Inés Weinberg de Roca, propuesta por el Gobierno- dictaminó por mantener el actual Consejo de 13 integrantes. Ahora, con las miradas políticas, tiene que resolver la Corte.

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Fuente: Martín Angulo para Infobae

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