Casanello quiere usar la declaración de Wagner para la causa de AySA

Cree que puede permitirle probar el pago de sobornos en el contrato para la construcción de la planta potabilizadora de Berazategui. Sin embargo, hay dudas sobre los límites de los dichos del ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción.

El juez Sebastián Casanello le pidió ayer a su par Claudio Bonadio la declaración como arrepentido de Carlos Wagner, el titular de ESUCO que el viernes admitió el pago de sobornos a ex funcionarios kirchneristas para quedarse con los contratos de obra pública.

Lo hizo en el marco de la causa de la construcción de la planta potabilizadora del Bicentenario, en Berazategui, adjudicada a ESUCO y la brasileña Camargo Correa. En este expediente -uno de los tres en los que se investiga a Odebrecht en la Justicia local- Wagner fue procesado en mayo pasado junto a otros empresarios y ex funcionarios de Aysa, la empresa pública de aguas.

Todos fueron acusados de defraudación a la administración pública a través de licitaciones digitadas de antemano, en las que se sabía quiénes ganarían y en las que las empresas cobraron más de lo previsto y demoraron las obras más del doble de lo estipulado. Los directivos de AySA fueron procesados como autores de la estafa, en tanto que los empresarios, como partícipes necesarios.

En esta misma causa, tras los procesamientos, Casanello ordenó una nueva tanda de indagatorias a empresarios, a ex funcionarios – como Julio De Vido y Roberto Baratta- para determinar el posible pago de sobornos.

Wagner está citado para el 18 de septiembre próximo. Ahora, tras la declaración de Wagner el viernes último como arrepentido ante Stornelli -en la que se explayó sobre las maniobras de cartelización y pago de retornos en la obra pública-, Casanello quiere contar con su testimonio para confirmar los pagos ilegales en la planta potabilizadora de Aysa.

Pero no hay un consenso unánime sobre la posibilidad de utilizar los dichos del presidente de ESUCO bajo el régimen del imputado colaborador en la causa de los cuadernos, en otro expediente.

Las dudas surgen porque se trata de una figura novedosa sobre la que aún no hay jurisprudencia.

Hasta la investigación abierta a partir de los cuadernos de Oscar Centeno, declararon como “imputado colaborador” Leonardo Fariña, en la causa conocida como “la ruta del dinero k”, y Alejandro Vanderbroele, en el caso Ciccone. En ambos casos, admitieron su participación en los delitos investigados, a cambio de una reducción en la pena, hasta el grado de tentativa.

Al menos tres fuentes consultadas por Infobae sostuvieron que los dichos como arrepentido del dueño de Esuco sí podrían ser usados en otra causa, aunque no contra contra él mismo. “Por el principio de que no se puede juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho, si un imputado reconoce el pago de sobornos desde su empresa en una causa, no se lo puede acusar de lo mismo en otro expediente vinculado. Pero sí puede servir para acumular prueba contra otros imputados”, explicaron en un Juzgado de Comodoro Py.
De cualquier manera -hacen la salvedad- habrá que esperar conocer los detalles del acuerdo de Wagner con el fiscal Carlos Stornelli -homologado por el juez Claudio Bonadio-, y ver en detalle lo que declaró, ya que el expediente está bajo secreto de sumario.

A favor de que esa declaración pueda ser aprovechada en otras investigaciones sobre corrupción en la obra pública durante la década pasada, fuentes judiciales señalan el antecedente de Fariña. Su declaración como arrepentido en “la ruta del dinero k” fue enviada por Casanello al juez Julián Ercolini, a cargo de la causa sobre direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, ya elevada a juicio. En este expediente, según explicaron ante Infobae, “fue tenido en cuenta como un indicio” que se sumó a otra cantidad de prueba acumulada.

Sin embargo, en los tribunales federales de Retiro están quienes advierten que “habrá que ver cada caso en particular y la letra chica de cada acuerdo como arrepentido, ya que podría incluir que lo declarado no se use en otra investigación”.

A esta dificultad se suma que -según explican- “no hay una unidad en el Ministerio Público Fiscal y el Procurador no puede dar instrucciones a los fiscales sobre una causa en particular, por lo cual un fiscal puede desconocer el acuerdo alcanzado por su colega en otro expediente”.

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