Confirmado: Macri exime de IVA y Ganancias a los contratos de PPP

El Gobierno incluyó la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros.

El Gobierno nacional hizo el último esfuerzo para que evitar que fracase la licitación de corredores viales bajo el régimen de Participación Público Privada (PPP) y publicó el decreto que exime del pago de IVA y Ganancias a las empresas.

La eximición de impuestos era una de las exigencias de las empresas que prevén presentar propuestas para quedarse con alguno de los corredores viales que la Rosada licitará desde la semana próxima. La posibilidad latente de que las ofertas estén muy por encima del valor previsto (se habla de hasta un 300% más que el costo actual) hizo que el Gobierno dispusiera de algunos beneficios extra, como el alivio impositivo y la inclusión de la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales extranjeros.

Mediante el decreto 300/2018, publicado este viernes en el Boletín Oficial con las firmas de Macri, Peña, Dujovne y Caputo, se dispuso la exención del impuesto a las Ganancias y del IVA para “el componente de interés de los certificados, valores negociables de los certificados, títulos valores, actas o instrumentos de reconocimiento de la inversión o prestación a cargo del contratista PPP, que emita el Fideicomiso Individual PPP”.

El mes pasado el Gobierno tuvo que posponer la licitación de los corredores viales, la primera bajo el régimen de PPP, debido a que las constructoras reclamaban un alivio impositivo porque no les cerraba la ecuación económica de los proyectos.

La cuestión impositiva es una de las que preocupan a los empresarios, que a Ganancias e IVA suman en el cálculo Ingresos Brutos, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, y algunas tasas municipales que deberían afrontar. El Gobierno nacional hizo su parte y les quitó de encima un peso importante, aunque eso no garantiza que las ofertas vayan a tener un costo razonable.

Es que al tema impositivo hay que agregarle la complejidad que dicen tener los empresarios para salir al mercado a buscar fondos, los que conseguirían a tasas entre 250 y 300 puntos básicos más altas que las que paga el Gobierno. Le suman los costos de los contratos con estudios de abogados del exterior para que hagan las colocaciones, garantías, comisiones y los seguros de las obras.

Con todo esto, en el mercado hablan de que que los precios ofertados van a estar alrededor de un 300% por encima de lo que se paga actualmente el kilómetro de ruta, como explicó este medio días atrás. Sería una ecuación económica difícil de explicar para el Gobierno, que de todos modos avanzará porque necesita que la obra pública mantenga el ritmo con el esquema PPP que permite dejar de girar fondos del Tesoro.

Esta primera licitación generó poco y nada de entusiasmo entre posibles inversores extranjeros, que el Gobierno necesita porque son pocas las constructoras locales que tienen la estructura necesaria para presentarse a la licitación de PPP, sobre todo por la ingeniería que requiere en el tema financiero. Además, las empresas locales tienen poco margen de endeudamiento y el abanico de oferentes podría reducirse aún más en las próximas licitaciones.

Fuentes del mercado dijeron que en esta primera presentación de ofertas habría solamente dos o tres compañías extranjeras integrando consorcios con locales. No habrá ninguna compañía estadounidense pese al road show que hizo Guillermo Dietrich el año pasado en Nueva York y Washington.

El mayor interés lo tienen empresarios españoles, algunos de los cuales acompañaron a Mariano Rajoy en la visita que hizo esta semana al país. Ese viaje parece haber dado frutos porque el Gobierno también accedió a una de las exigencias de los posibles inversores extranjeros y habilitó mediante el decreto 229 la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales extranjeros.

Esta inclusión permitirá que en caso de que el adjudicatario tenga accionistas extranjeros, pueda concurrir a “tribunales arbitrales extranjeros con sede en un Estado que sea parte en la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras”. El decreto -que sólo se refiere a esta primera licitación y no a todas las de PPP- aclara que la prórroga de jurisdicción “no implicará renuncia a la inmunidad de ejecución por la República Argentina”.

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