Confirmaron a la jueza que pidió la detención de Aida Ayala

La diputada chaqueña Aída Ayala, referente de Cambiemos en la provincia, recibió un revés judicial ante el rechazo de la Cámara Federal de Resistencia del pedido de recusación para la jueza federal Zunilda Niremperger, quien solicitó su desafuero y detención por la causa conocida como “Lavado II”, en la que la radical es investigada por presunto lavado de activos durante su gestión como intendenta de la capital chaqueña.

“No posee los elementos idóneos para configurar una razonable sospecha de parcialidad por parte de Nirempreger”, sostuvo la camarista Rocío Alcalá en el fallo que descartó el pedido de Ayala, quien había argumentado que la actuación de la jueza era “absolutamente ilegal y sin competencia”, lo que resultaba en “una demostración de que se encuentra afectada en el caso la garantía de imparcialidad”.

Lo que la diputada de Cambiemos definió como “montar un show mediático para desprestigiarme políticamente”, la jueza Niremperger consideró que se trata de una trama de lavado de dinero a partir de la contratación de la empresa de recolección de residuos Pimp SA durante la intendencia de Ayala en Resistencia. La jueza le imputa a la ex intendenta “lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público, en calidad de coautor”.

La causa en la cual fue solicitada la detención de Ayala cobró impulso en marzo con allanamientos y el arresto del secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Jacinto Sampayo, acusado de lavar dinero a través de la empresa. Hace un mes también fue detenido el empresario chaqueño Alejandro Fisher, quien fue yerno de Ayala mientras ella se desempeño como intendenta. Fisher está vinculado a la empresa que fue contratada por 500 millones de pesos para realizar el servicio de recolección de residuos de la capital chaqueña.

En la causa que involucra a la diputada ya se encuentran también detenidos el empresario Pedro Martínez, su hija Natalia Martínez Guarino, el gremialista Jacinto Sampayo, Rolando Javier Acuña y Luis Escobar, quienes estarían vinculados a la firma Tecmasa, una de las que formaría parte del entramado de lavado de dinero que se investiga. Además, Ayala es cofundadora de la Fundación Construir, en Resistencia, investigada como un “sello” que habría sido utilizado para cometer delitos de lavado.

En paralelo, la diputada de Cambiemos espera la definición de su desafuero en el Congreso. Aunque el oficialismo apeló a estrategias parlamentarias para dilatar la decisión, la Comisión de Asuntos Constitucionales convocó a una reunión para el próximo martes, en la que deberá emitir dictamen a favor o en contra del desafuero.

Ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, Ayala rechazó la acusación: “No soy jefa de una supuesta banda de empresarios dedicada a proveer al Estado, que son los que hoy trabajan bajo la misma figura contractual para Jorge Capitanich, y para el gobierno provincial”. Sin embargo, la diputada peronista chaqueña Analía Rach Quiroga, presentó ante sus pares documentación en la que demuestra la rebaja de 63 por ciento en los precios de contratación de la empresa por parte del actual intendente de Resistencia, Jorge Capitanich.

Tras ser intendenta de Resistencia durante tres períodos, Ayala fue la candidata de Cambiemos a la gobernación de Chaco en 2015, pero perdió con Domingo Peppo, y fue designada entonces como secretaria de Asuntos Municipales en el Ministerio del Interior. El 10 de diciembre pasado se integró al bloque de diputados UCR-Cambiemos.

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