Corte: blindaje a Comodoro Py y ticket de Mahiques en el Senado

La Corte Suprema cerró la pelea que tiene con el Poder Ejecutivo por el traslado de jueces. Aclaró también la acordada 4 en la que no hace lugar a la habilitación del Tribunal Oral Federal N 9 para juzgar a Cristina de Kirchner.

La Corte Suprema dio por cerrada la controversia acerca de los jueces trasladados a instancias del Poder Ejecutivo, que marcó el inicio de la crisis en la relación entre el Gobierno y un importante sector del Poder Judicial. Pero en ese mismo movimiento, también blindó los tribunales federales de Comodoro Py y sepultó cualquier atajo que el oficialismo intente para ubicar magistrados en estratégicos cargos, a nivel federal. Mediante la Acordada N°7, y a pedido del Consejo de la Magistratura y del ministro de Justicia Germán Garavano- aclaró ayer los alcances del texto de la Acordada N°4, que pulverizó el Tribunal Oral Federal N°9 antes de que pudiera avanzar en una serie de juicios orales contra Cristina de Kirchner. No solo ratificó lo ya escrito, sino que se extendió a los ejemplos vigentes de traslados, ante los efectos colaterales de su decisión que dejó a varios magistrados en un limbo. En ese sentido, concedió un salvoconducto para Carlos Mahiques, juez que fue trasplantado de la Cámara de Casación “ordinaria” a un sitial en su homóloga “federal” sin atravesar concurso alguno. Su boleto lo tendrá el Senado.

El nuevo documento emitido por la Corte también puede leerse en clave política, pero con ánimo de cauterizar la herida que le había causado al Gobierno ver evaporarse su plan para convertir jueces de la Justicia nacional en federales con la mayoría del Consejo de la Magistratura como único requisito. La mayoría fue la misma que la que firmó la N°4: el binomio de exconstituyentes, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, cuya semana estuvo atravesada por las estocadas de Elisa Carrió, quien se convirtió en la voz con la que Cambiemos le mostró su enojo y su capacidad de presión. No hubo pocos interesados en que mutara su criterio en la “aclaratoria”.

La Corte apuntaba a ser explícita para informar qué había intentado decir cuando invalidó un tribunal entero, cuyo criterio de elección fue “a la carta”. Pero sin crear una nueva crisis, aplicando algún tipo de retroactividad que se llevara por delante otros nombres. En lo concreto, subrayó que es inválida la transformación de jueces nacionales (circunscriptos a la Capital Federal para delitos ordinarios) en Federales, sin que se sigan las pautas constitucionales para el nombramiento de magistrados, es decir concurso, terna del Consejo, elección del Ejecutivo y aval del Senado. Así, delimitó tres tipos de situaciones que podrían darse en la práctica en el “libro de pases” de jueces que el Gobierno había inaugurado. Jueces nacionales que migran a otro cargo dentro de la Justicia nacional; federales que se mueven dentro del fuero federal; y nacionales que son catapultados al Federal. Las dos primeras quedan excluidas de requisitos extra más allá de acuerdo del interesado, validación del Consejo y un decreto presidencial. Aunque para el caso de los federales la ventana requiere que sea misma jerarquía y competencia. Un juez penal, no debiera ser electoral, por ejemplo. Leopoldo Bruglia salió fortalecido.

Los considerandos se dedicaron a la tercera categoría: reiteró que es imprescindible seguir lo que dice la Constitución al respecto. Una vacante federal solo se debe cubrir con un concurso que defina una terna de la que el Presidente escogerá un candidato para enviar su pliego, obtener aval de los Senadores y decretar su nombramiento. Sin atajos. La Ley de Fortalecimiento de los Tribunales Orales quedó convertida en letra muerta. Promesas internas de cargos que les eviten pasar a la Justicia porteña quedaron truncas.

El Gobierno había convertido el Tribunal Oral en lo Criminal N°10 en el Tribunal Oral Federal N°9 sin más que la mayoría en el Consejo. Para la Corte nunca fue transformado por lo que debe quedar de regreso en la órbita “ordinaria”. En el caso de Mahiques y de Guillermo Yacobucci que fueron catapultados desde la Justicia nacional, la Corte afirmó que se mantienen en los cargos hasta “que se concluya el procedimiento constitucional para cobertura de esos cargos”. Pese a que no lo dice y la indicación parece referir que la permanencia de Mahiques estará sujeta a que lo reemplace un juez concursado, la Corte dejó abierta la puerta para que si el Gobierno envía su pliego y obtiene la mitad más uno de los senadores presentes en una sesión con quorum, podría ser validado. Esta es la opción que el Ejecutivo tiene para salvarlos, o pisar el concurso y dejar esa vacante en un limbo. Será un interrogante si el PJ no demandará (a futuro) que se amplíe ese concurso para arañar una quinta vacante en Casación con otro candidato.

Fuente: Gabriel Morini para Ámbito Financiero

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