Críticas al proyecto del Gobierno para reformar la Procuración

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público cuestionó el proyecto de ley de reforma de la Procuración General de la Nación por “establecer un método endeble de remoción y elección” y por favorecer una “mayor incidencia de naturaleza política”. A las críticas también se sumó el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU) que reclamó ser escuchado en la Comisión de Justicia del Senado para expresar sus objeciones al proyecto.

Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público cuestionaron el proyecto de modificación de la Ley Orgánica que impulsa el Gobierno tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó, por considerar que se “establece un método endeble de elección y remoción del Procurador General de la Nación que afectará su actuación”.

La Asociación de Fiscales y Funcionarios defendió, además, la plena aplicación del artículo 120 de la Constitución Nacional, que “establece al Ministerio Público en un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera”. Y resaltó que el Ministerio Público “tiene por función promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República”.

Además, puntualizó que “se pretende establecer mayor incidencia de naturaleza política en el Tribunal de Enjuiciamiento reemplazando al miembro del Consejo Interuniversitario por un Diputado de la Nación”. También observó “el uso abusivo que de las excepciones de la ley denominada ‘ingreso democrático’ se ha efectuado, por lo cual estima que en su aplicación deberán considerarse criterios objetivos de efectiva prestación que justifiquen su permanencia en el cargo”.

El manifiesto fue firmado por el presidente de la Asociación, Carlos Rívolo, y los fiscales Marcelo Munilla Lacasa, Ricardo Toranzos y Silvia Jaime.

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU) envió una nota al Senado de la Nación en la que reclamaron ser escuchados en la Comisión de Justicia para expresar sus “serias objeciones al proyecto de ley de reforma de los Ministerios Públicos”.

“Ojalá los senadores y senadoras escuchen nuestra voz y adviertan que el proyecto en cuestión afecta gravemente la autonomía de los Ministerios Públicos”, afirmaron en un comunicado. Denunciaron que el proyecto “pone en riesgo la estabilidad laboral” de cientos de trabajadores y “arrasa con direcciones, procuradurías y unidades especializadas que resultan de avanzada en su abordaje de la promoción de los DDHH, la protección de las víctimas y la igualdad de género”.

En medio de la embestida encarada por el gobierno de Cambiemos, Alejandra Gils Carbó renunció el 30 de octubre a la Procuración General de la Nación, luego de haber sido procesada por supuesta administración fraudulenta en la compra del edificio para la Procuración en la calle Perón al 600 del centro porteño. La renuncia regirá a partir del 31 de diciembre.