Cuadernos de coimas: economistas rechazan que empresas participantes sigan participando de obra pública

Eonomistas  coincidieron en que la admisión del pago de sobornos por parte de dueños y directivos de constructoras es motivo suficiente para apartarlas de las millonarias licitaciones

Nombres prominentes del empresariado argentino decidieron incorporarse al listado de “colaboradores” en la causa de los cuadernos, entre ellos, Carlos Wagner (ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción y titular de ESUCO), Angelo Calcaterra (ex titular de IECSA), Luis Betnaza (director corporativo de Techint), Armando Loson (Grupo Albanesi), Juan Chediak (también ex titular de la Cámara de la Construcción), Aldo Roggio (que por el escándalo renunció a la presidencia de sus dos empresas constructoras), Héctor Zabaleta (ex director de Administración de Techint), Javier Sánchez Caballero (ex gerente de IECSA), Jorge Guillermo Neira (gerente de Electroingeniería), Juan Carlos de Goycoechea (Isolux Argentina), Claudio Glazman (Sociedad Latinoamericana de Inversiones) y Gabriel Romero (Grupo EMEPA).

El propio Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, respaldó la declaración de su subordinado Betnaza, cuando en el congreso de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) la semana pasada reconoció pagos en Venezuela para destrabar el resarcimiento por la nacionalización de la siderúrgica Sidor.

El escándalo por el pago de sobornos en las licitaciones de obra pública aún extiende sus alcances a la actualidad, aunque la investigación se haya enfocado en las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner: varias empresas son hoy contratistas del Estado o aspiran a participar de los proyectos de Participación Público-Privada (PPP).

Tiene que suspenderse toda la obra pública, barajar y dar de nuevo. Basta de jugar con el dinero de los contribuyentes (Espert)

En estas horas, crece el rechazo a que las empresas de la “patria contratista” vinculadas al pago de retornos a funcionarios para hacer negocios con el Estado continúen en la carrera por adjudicarse licitaciones para millonarios proyectos de infraestructura en Argentina.

El economista Guillermo Nielsen fue enfático en remarcar que “las empresas cuyos CEO o dueños admitieron el pago de coimas no pueden participar de los procesos de licitación de obra pública. Y ya a partir de este momento, no es necesaria una sentencia firme, porque hay declaraciones de los máximos ejecutivos bajo juramento que admiten haber pagado sobornos. Es suficiente”.

Nielsen consideró que “si hay empresas en proceso judicial, aunque no tengan sentencia, esto les tiene que jugar en contra. Pero en el caso de aquellos directivos que ya admitieron el pago de sobornos, no se necesita de esa conclusión de la Justicia”.

“Ahí hay declaraciones de los máximos ejecutivos o dueños sobre haber pagado las coimas. Eso es en sí mismo motivo suficiente para que queden excluidas de la licitación. En los EEUU una empresa en situación similar ya está al horno y le pega a la cotización”, subrayó a Infobae el economista y ex secretario de Finanzas de los primeros años de gobierno de Néstor Kirchner.

Las empresas cuyos CEO o dueños admitieron el pago de coimas no pueden participar de los procesos de licitación (Nielsen)
El economista José Luis Espert afirmó a Infobae que “es absolutamente improcedente y falto de ética que las empresas involucradas en sobornos continúen participando de licitaciones, aunque se presuma que es una cuestión de directivos y que la empresa no tenga nada que ver”.

“Tiene que suspenderse toda la obra pública y barajar y dar de nuevo. Basta de jugar con el dinero de los contribuyentes. Hay que terminar con esa argumentación de la redistribución del ingreso y permitir la malversación de fondos y sobreprecios porque hay que seguir adelante con la obra pública y extender la red de cloacas”, puntualizó Espert.

Para el abogado Enrique Guillermo Avogadro, “hay que tener en cuenta un factor estrictamente legal, porque se trata de delitos cometidos por las personas, más allá de la inconsistencia que podría existir en los balances de la propia empresa, que la responsabilidad debería ser de los auditores. En este episodio de coimas ha habido casi con certeza una mala praxis, como mínimo, de los auditores, los profesionales encargados de verificar la consistencia de las cifras de los balances”.

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