Cuál es el estado de las causas que implican a ex funcionarios

La Justicia tomó o tomará decisiones en las principales causas en las que se encuentran implicados ex funcionarios del kirchnerismo, siempre en similar dirección. Por ejemplo, el viernes confirmaron la prisión contra Luis D’Elía.

Las maniobras que se realizan en el edificio de Comodoro Py son tan burdas que, a veces, terminan derrumbándose. Esto no lleva a rever del todo las detenciones sin juicio, sin riesgo de fuga ni peligro de entorpecer la investigación, sino que se producen nuevas maniobras y jugarretas. Se caen pericias fraudulentas, pero se busca cómo amortiguar el impacto. Se arman causas colectoras, paralelas, y después se reunifican con el juez que más conviene. Se hacen sorteos sin transparencia alguna, se acumulan causas en un tribunal elegido a dedo por Cambiemos y ese tribunal ya debutó el viernes a la noche confirmando la prisión de Luis D’Elía, sin que exista peligro de fuga y cuando el propio juez instructor sostuvo que se terminó la investigación, de manera que no hay peligro de que se obstruya nada. El andamiaje de fondo es mantener personas detenidas y preparar megajuicios para 2019, el año de las elecciones.

Nisman
Durante la semana que empieza, la Cámara Federal resolverá algún grado de unificación de la causa por la muerte de Alberto Nisman. Se trata de vincular, como sea, el deceso del fiscal con el gobierno de Cristina Kirchner. Como se sabe, el juez Julián Ercolini dictaminó que la muerte de Nisman fue un homicidio, pese a que las pericias del Cuerpo Médico Forense (CMF) y de la junta de criminalistas indicaron que “no hay evidencia médica de accionar homicida” y que “no había ninguna otra persona en el baño en el momento del disparo”.

La Cámara Federal puede decidir tres grados distintos de unificación:

Simplemente advertir al juez o al futuro Tribunal Oral que esclarezca por qué “asesinaron” al fiscal. O sea deja todo abierto, pero sugiriendo que la razón podría ser el Memorándum, la forma para imputar a Cristina, sin unificar obligadamente ambas causas. Esta sería la versión más light.
La Cámara podría decir que hubo una gran confabulación detrás del “crimen” de Nisman y que eso se ve en otra causa denominada “zona liberada” o encubrimiento. Allí entran como imputados los policías de la custodia de Nisman, la fiscal Viviana Fein, prefectos, peritos, el médico que hizo la autopsia, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, el ex jefe del Ejército César Milani, al juez Daniel Rafecas, y un largo listado adicional. La hipótesis es la existencia de un gran complot contra Nisman, supuestamente puesto en marcha por la Casa Rosada. En esta alternativa, se unificaría la causa de la muerte con la de la zona liberada.
El mayor grado de agresividad contra el gobierno anterior sería la unificación de la causa de la muerte de Nisman con el expediente del Memorandum. Es como señalar que quien firmó el tratado con Irán “mató” a Nisman. Es la variante menos probable, pero es la que pide el adalid alineado con Cambiemos, el ex fiscal Pablo Lanusse, abogado de Sara Garfunkel, madre de Nisman.
La decisión está a cargo de la Sala II de la Cámara Federal, que lidera uno de los grandes alfiles que el gobierno tiene en Comodoro Py, Martín Irurzun, el camarista que sostuvo que los funcionarios del gobierno anterior tienen “relaciones residuales” con las que podrían alterar las investigaciones y, por lo tanto, prácticamente todos deben estar detenidos.

Sorteo I
Las maniobras de Comodoro Py abarcan la designación de los tribunales que llevarán adelante los juicios contra el anterior gobierno. Esta semana impactaron las jugarretas que tienen ese objetivo.

Todas las partes reclamaron que el sorteo de la causa por el Memorandum con Irán se hiciera en forma manual, con el simple mecanismo de poner en un bolillero las nueve bolillas, una por cada tribunal oral federal (TOF) existente. La Cámara de Casación, lo denegó. Se pidió que las partes pudieran designar un perito informático para controlar el sorteo. En su respuesta, Eduardo Riggi, titular de la Casación, lo consideró improcedente. Es el mismo Riggi sospechado de haber intentado la alteración de un sorteo en el caso de la muerte del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, para favorecer al dirigente gremial, imputado por el homicidio, José Pedraza. Se investigó un soborno para manipular aquella designación del tribunal del juicio.

Como era previsible, el oscuro sorteo llevó la causa por el memorándum al TOF 9, elegido a dedo por Cambiemos, con el visto bueno de sus aliados en el Consejo de la Magistratura. Se trata de tres jueces, designados en el tribunal federal sin concurso y con notoria trayectoria anti K. Como ya enumeró este diario, se trata de Alejandro Noceti Achaval, con posiciones ultraconservadoras y que, como juez subrogante, sostuvo que los crímenes de la dictadura, de lesa humanidad, prescriben. Además integró el tribunal que sobreseyó a Rafa Di Zeo, aliado hoy de la mano derecha de Mauricio Macri en el terreno judicial, Daniel Angelici. La segunda integrante del TOF 9, Silvia Mora, es la esposa del camarista civil Ricardo Recondo, uno de los jueces que más ferozmente enfrentó al gobierno de Cristina. Y, por último, está en el TOF 9, Alejandro Becerra, hijo de un general del Ejército y también de perfil conservador.

En el juego entra también el fiscal, Carlos Giménez Bauer, quien igualmente llegó a dedo designado por el ahora procurador Eduardo Casal. Como Giménez Bauer se jubila, el rumor es que Casal designará, también a dedo, un equipo de fiscales para los supuestos megajuicios.

Fidelidad
El TOF 9 ya dio su primera prueba de amor. Fue el viernes a la noche cuando le negó la excarcelación a D’Elía. El abogado del dirigente de Miles pidió la libertad porque no hay riesgo de fuga y porque el juez que ordenó las detenciones en el caso del Memorandum –Claudio Bonadio– ya decretó el cierre de la instrucción.

Los fundamentos del tribunal muestran su hilacha. Alegan que D’Elía es un dirigente con relaciones internacionales y, en el texto, vuelven a mencionar la existencia de “relaciones residuales” que podrían obstruir la investigación, sin especificar cuáles serían esas relaciones. Simplemente lo afirman porque fue funcionario del anterior gobierno. Con esa postura fundamentan que D’Elía podría entorpecer la investigación aún en lo que llaman la instrucción suplementaria, es decir las medidas de prueba que adopte el propio TOF. Para colmo, consideran un antecedente para no darle la libertad la condena a cuatro días de prisión en suspenso por aquel forcejeo con un dirigente ruralista en Plaza de Mayo.

Con semejantes argumentos, daría para dejar preso a casi cualquier ex funcionario y pone en cuestión que se le dé la libertad a los otros tres detenidos en la grotesca causa del Memorándum: Carlos Zannini, Fernando Esteche y Jorge Khalil. Además, rige el pedido de desafuera de CFK, que estaría presa si no tuviera fueros. Y también el ex canciller Héctor Timerman, excarcelado por el tratamiento que está haciendo en Estados Unidos.

Sorteo 2
Las sospechas sobre el sorteo ya vienen de antes. Ese TOF 9, tan del gusto de la Casa Rosada, también resultó sorteado en la causa que el coro mediático llamó Ruta del dinero K, pese a que nunca se encontró ninguna cuenta de ningún funcionario en el exterior. El principal imputado es Lázaro Báez y el oficialismo, incluyendo la Unidad de Información Financiera, hizo todo lo posible para que se involucrara a Cristina en ese expediente. El juez Sebastián Casanello pidió en forma reiterada que le aportaran alguna evidencia de que el dinero que se le encontró a la familia Báez en el exterior tiene relación con la familia Kirchner, pero lo cierto es que no se pudo aportar evidencia alguna. Es más, en estos días se produjo el derrumbe final de la única causa en la que se mencionaba alguna cuenta supuestamente relacionada con los Kichner en el exterior. Se demostró que la imputación era falsa (ver aparte).

Como Casanello se mantuvo firme, ahora se intentan unificar las causas a través de los tribunales orales. El TOF 2 tiene el expediente por la obra pública en Santa Cruz y ya le mandó la causa al TOF 9, que tiene la causa contra Báez, para que unifique todo en un megajuicio contra CFK. Lo que no se pudo con pruebas, se hace con la magia de Comodoro Py.

Batallas
Las defensas de los imputados en obra pública, lavado de dinero y memorándum presentarán esta semana pedidos de nulidad a dos niveles:

En primer lugar, nulidad de los sorteos. En el caso de la defensa de CFK, a cargo de Alberto Beraldi, porque no fue notificada del sorteo y no tuvo ningún control. Las otras defensas –por ejemplo, la que encabeza Aníbal Ibarra–, se basarán en la falta de garantías en el sorteo.
En segundo lugar, habrá planteos de inconstitucionalidad por la conformación del tribunal, a dedo y sin concurso. Hay otra cuestión pendiente: el TOF 9 ni siquiera está habilitado todavía. Se requiere una resolución de la Corte Suprema y un juramento, por lo cual están a cargo de causas sin estar habilitados.
Problemas
Los obstáculos no sólo están ahí sino que se pretende armar dos megacausas –obra pública, lavado de dinero, Hotesur y Los Sauces por un lado y memorándum, zona liberada y muerte de Nisman por el otro– y también pretenden que los dos juicios los haga el mismo tribunal adicto a la Casa Rosada.

El fiscal Giménez Bauer ya pidió el viernes que se vuelva a sortear el expediente memorándun, alegando que es imposible que el mismo tribunal haga los dos juicios. Giménez Bauer sostiene que se tendrá que hacer primero el del memorándum porque tiene cuatro detenidos, por lo que el juicio sobre obra pública y lavado de dinero quedaría –según amenazó– para 2020 o 2021.

En los pasillos se menciona que el propio TOF 9 intentaría sacarse de encima el expediente del memorándum, alegando compensación, ya que un tribunal oral no puede tener una carga que lleve a una enorme dilación, más aún teniendo en cuenta que hay detenidos. .

Truchadas
Desde el primer día se sabe que la pericia utilizada para detener a Julio De Vido era falsa, hecha en base a datos inexistentes y acusando al ex ministro de sobreprecios delirantes en la compra de Gas Natural Liviano (GNL). Hasta el ministro de Cambiemos, Juan José Aranguren, sostuvo que la pericia era inconsistente y el profesional que la hizo, David Cohen, terminó imputado por falso testimonio agravado. La debacle de la pericia demuestra que el juez Bonadio nunca debió detener al ministro.

Pese a eso, De Vido no recuperó la libertad porque se lo acusa por convenios firmados entre Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) y Universidad Tecnológica Nacional (UTN). El alfil de Cambiemos en Comodoro Py, Irurzun, también es clave en la detención de De Vido. Fue Irurzun el que dijo que De Vido tiene poder para obstaculizar la investigación, sin que se diera la menor prueba de ese supuesto poder. El juez Luis Rodríguez había rechazado apresar a De Vido, pero la sala de la Cámara Federal, que encabeza Irurzun, fue la que tomó la determinación. El ex ministro no estaba ni indagado en aquel momento.

Manipulaciones
El muestrario de maniobras es interminable. Si las pericias en el caso de la muerte de Nisman hablaban del suicidio como hipótesis más probable, se armó rápido una pericia de Gendarmería que dijera lo contrario. Si el testimonio del ex secretario general de Interpol, Ronald Noble, destroza la causa del Memorándum, se evita citarlo como testigo. Si el juez no encuentra evidencia para relacionar los fondos del exterior de Báez con la ex presidenta, se elucubra el vínculo uniendo las causas en el tribunal oral. Si la acusación por el Gas Licuado es fraudulenta, se juega la carta alternativa de Río Turbio. Si la situación amerita que se reduzca el conflicto con los empresarios, se libera al ex titular de la UIA, Juan Carlos Lascurain, pero se mantiene presos a los funcionarios que se oponen al cierre de la mina de Río Turbio. Las detenciones se sostienen alternando causas, pericias, jueces y camaristas.

El trasfondo es la utilización de la justicia como arma política. Jueces de primera instancia en un nivel inicial; reaseguro en la Cámara Federal; como recursos de última instancia, varios integrantes de la Casación y, si es necesario, la Corte Suprema, como en el caso de Milagro Sala. Funcionan al estilo de una guardia pretoriana. Igual que en Brasil con Dilma Roussef y Lula Da Silva. Se construye una trama de jueces y expedientes que le impidan el paso a las fuerzas que el establishment no quiere.

Fuente: Raúl Kollman para Página/12

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