Denuncian a Avruj por no haber preservado la Brigada Aérea de Palomar

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el secretario Ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria, Sergio Kuchevasky, fueron denunciados ante el juez Ariel Lijo por no haber evitado “la alteración y destrucción del Sitio de Memoria de la Brigada Aérea Militar de El Palomar”.

Avruj había reconocido, ante la jueza federal de San Martín Martina Forns, a cargo del amparo presentado por los vecinos reunidos en StopFlyBondi, que la base aérea estaba protegida por la legislación de la que él mismo es la autoridad de aplicación .

La denuncia presentada por el diputado nacional Horacio Pietragalla replica las denuncias previas presentadas ante el juzgado federal de Morón por la Asociación de Derechos Humanos de Hurlingham y la Liga de Derechos del Hombre, que aún no obtuvieron respuesta del magistrado Néstor Barral, y se suma a las presentaciones hechas por las madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, quienes solicitaron la ampliación de la cautelar con la que Forns canceló los vuelos low cost desde El Palomar.

Pietragalla subrayó que lejos de cumplir con el rol de autoridad de aplicación de la Ley 26.691 de Sitios de Memoria, votada en 2011 con el objetivo de proteger “los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio” durante la última dictadura cívico militar, Avruj y Kuchevasky permitieron “deliberadamente” el avance del plan de obras impulsado por el Gobierno nacional desde octubre pasado.

El Ministerio de Transporte, encabezado por Guillermo Dietrich, ordenó el inicio de las obras en octubre, dos meses antes de que el Poder Ejecutivo, vía decreto, convirtiera la base militar en aeropuerto comercial, a pesar de la oposición de los vecinos y de las propia Fuerza Aérea. La confirmación oficial sobre las obras llegó a principios de enero, cuando Dietrich reconoció que estaban a cargo de la empresa del grupo Eurnekian Aeropuertos Argentina 2000, y que contemplaban un presupuesto de 1600 millones de pesos.

A pesar de la medida cautelar dictada por la jueza de San Martín, que prohíbe la salida de vuelos comerciales por fallas de seguridad y la ausencia de un estudio de impacto ambiental, Dietrich continúa promocionando la fecha del 9 de febrero como el día en que FlyBondi —firma de Richar Guy Gluzman, exsocio del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, en el fondo de inversión Pegasus— inaugurará el aeropuerto.

El amparo vecinal presentado en noviembre ya advertía el incumplimiento de la Ley de Sitios de Memoria, al tiempo que la Secretaría de Derechos Humanos había confirmado que la brigada aérea integraba la lista de sitios protegidos por la ley 26.691. Fue por eso que la jueza Forns aceptó en la inspección ocular realizada el 9 de enero la participación de Nora Cortiñas, la copresidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Iris Avellaneda —madre del “negrito” Avellaneda, víctima de los vuelos de la muerte que partieron desde El Palomar—, y la sobreviviente de ese centro clandestino Zoraida Martin.

“Incuplimiento de los deberes de funcionario público, desobediencia judicial y abuso de autoridad”, son los cargos presentados por el diputado nacional contra Avruj, Kuchevasky y el director nacional de Sitios de Memoria, Ariel Gomplewicz. Pietragalla no es el primer legislador en denunciar las obras en El Palomar, ya que su par y compañero de bancada Rodolfo Tailhade había iniciado otra denuncia contra todos los funcionarios y empresarios involucrados en las operaciones de compra y asignación de rutas para FlyBondi y Avianca, que tramita ante el juez federal Sergio Torres.