Dueños de ex Grupo Indalo vuelven a pedir ayuda ante la Justicia

Presentaron una medida para que se les permita reestructurar la deuda de su empresa petrolera tanto con la AFIP como con otros acreedores. Buscan que una cámara federal comercial falle a favor de un amparo que presentaron para que se les levante la negativa de abrir el concurso preventivo

Los nuevos dueños del ex Grupo Indalo insisten ante la Justicia para que se les permita abrir el concurso preventivo de Oil Combustibles.

Se trata de la empresa petrolera que adeuda casi $10.000 millones a la AFIP por la no transferencia de fondos provenientes de un impuesto a los combustibles durante el gobierno kirchnerista y que derivó en la principal denuncia que enfrenta este holding fundado por Cristóbal López.

Los ejecutivos del fondo OP Investment que ahora están al frente de las actividades del rebautizado Grupo Ceibo presentaron en los tribunales los fundamentos de la apelación al rechazo a la reapertura del proceso concursal que hace un par de semanas decidió el juez Héctor Vitale, a cargo del Juzgado Comercial Nº 4 de la Ciudad de Buenos Aires.

La presentación lleva la firma de los representantes legales de este grupo que encabeza el financista Ignacio Rosner y que también tiene como socios a los abogados Santiago Dellatorre y Damián Burgio.

El documento fue recibido por los miembros de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y es probable que durante la jornada haya novedades sobre este pedido de la medida cautelar.

La intención de los empresarios es que la Justicia les permita ofrecer a los acreedores de la petrolera un plan de reestructuración, propuesta que viene chocando hasta ahora con la negativa de la AFIP a aceptarlo.

En el ente recaudador a cargo de Alberto Abad aseguran que no se trata de un grupo empresario en default por problemas financieros sino de una maniobra de fraude y defraudación al Estado que no puede ser pasible de permisos de reestructuración como los que solicita Rosner y sus socios.
Se trata de una de las pocas opciones que le quedan a los propietarios del Grupo Ceibo para poder sostener las actividades del conglomerado de 170 empresas y 4.000 empleados de los que decidieron hacerse cargo.

Hasta ahora, la Justicia no ha sido aliada de este pedido ya que el propio juez Vitale rechazó hace un par de semanas el pedido de reestructurar las deudas de Oil Combustibles y acusó a Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa de haber cometido “un fraude a la ley” con la solicitud de evitar la quiebra de su grupo a través de la cesación de pagos.

Se trató de un cambio de opinión de parte del magistrado, quien el año pasado había hecho lugar al mismo pedido de Indalo que ahora rechazó.

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Según el propio magistrado, su diferencia de opinión se debe a que, al tener más datos sobre los antecedentes de la causa y el comportamiento de los empresarios involucrados, observó que se habían falseado información para justificar la apertura concursal.

También aseguró que, si bien la empresa no pagó el impuesto a los combustibles líquidos, sí realizó préstamos de dinero – equivalentes a las sumas que no ingresó a las arcas del Estado- a personas integrantes del “Grupo Indalo”.

En su fallo, también asegura que estos préstamos abarcaron a otras firmas del grupo como Inversora M&S S.A. y a Oil M&S S.A.- y se otorgaron “en condiciones hartamente desfavorable para la compañía”.

Con este argumento, puso en duda la recuperabilidad total o parcial de esos préstamos y agrega que se trata de una maniobra que era con habitualidad llevada a cabo por los administradores de la empresa “presumiblemente con fondos públicos y con cierto beneplácito de la anterior administración de la AFIP”.

Una vez que esta posibilidad se le fue cortada, Oil se endeudó en $6.000 millones mediante una maniobra que, según Vitale “excede la diligencia con que debe desempeñarse el buen hombre de negocios”.

Para Vitale el pedido de apertura concursal “no es más que el instrumento procesal de un fraude con cobertura legal típicos y atípicos frente al concurso preventivo fraudulento” al que se acude para encarar un plan de insolvencia.

De hecho, la postura de Vitale y los rechazos que también lograron los pedidos ante el juez federal Julián Ercolini para el levantamiento de las inhibiciones y embargos contra todo el grupo derivaron en la cancelación de la visita de un alto ejecutivo de Lukoil prevista para esta semana.

Se trata de Simon Fenner, a cargo de la filial de la petrolera rusa para la región, quien debía viajar a Buenos Aires para reunirse con Rosner y que además había solicitado una audiencia con el presidente Mauricio Macri.

Debido a la incertidumbre que pesa sobre el futuro del grupo, el ejecutivo prefirió demorar su viaje para enero del año que viene.

En el grupo aseguran que el acuerdo con Lukoil para realizar fuertes inversiones en el negocio petrolero se mantiene, a pesar de estos inconvenientes.