El Consejo de la Magistratura bloquea investigar a Lavié Pico

La mayoría del Consejo rechazó las medidas para analizar el patrimonio de Enrique Lavié Pico, el juez favorito del Gobierno por sus fallos favorables a los intereses de Cambiemos.

En poco tiempo, el Consejo de la Magistratura ha mostrado su máxima eficacia para iniciar investigaciones patrimoniales sobre jueces cuyos fallos el Gobierno cuestiona, pero también para frenar las investigaciones contra otros que le resultan funcionales. Conocer la verdad en esos expedientes no es una preocupación mayoritaria. Así lo demuestra la jugada para evitar que se investigue al juez del fuero contencioso administrativo Enrique Lavié Pico, experto en regalar satisfacciones a Cambiemos. La más reciente fue admitir una acción colectiva iniciada por el Ministerio de Ambiente contra todas las acciones colectivas de usuarios que cuestionan la razonabilidad de tarifazo en el gas, pero además intentar atraer todas las demandas sobre los aumentos. El caso de Lavié Pico es uno de asuntos judiciales capaces de poner en sintonía a Elisa Carrió y la oposición. La diputada, que había hecho la denuncia original contra el juez, se presentó ayer otra vez para exigir que en la próxima reunión de Disciplina y Acusación, el martes 29, se aprueban medidas para investigar sus bienes, así como maniobras de fórum shopping. El senador peronista Mario Pais, que instruye el caso, insistirá hoy con un planteo en el mismo sentido.

Lavié Pico se ha convertido en favorito del Gobierno por el tenor de sus decisiones de los últimos dos años. Cuando recién desembarcaba Mauricio Macri en el poder, entre sus primeras resoluciones suspendió designaciones de fiscales objetadas por la Asociación de Magistrados que había hecho la ex procuradora Alejandra Gils Carbó. Avaló la asunción del diputado Pablo Tonelli en una banca que le correspondía al FpV-PJ. Habilitó a la jueza de la Corte Elena Highton de Nolasco para seguir en su cargo después del tope de 75 años que establece la Constitución, algo que el Gobierno no apeló, por ende esperaba. Dictó un fallo que determinó la salida del ex consejero de la Magistratura y senador del FpV Ruperto Godoy, por no tener título de abogado, con un timing tal que facilitó una mayoría circunstancial para lograr mandar a juicio político al ex camarista Eduardo Freiler, impulsado por el oficialismo. Hace algunos días admitió el trámite de una acción “colectiva” iniciada por el ministro Sergio Bergman y el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, para neutralizar las acciones colectivas de organizaciones de usuarios y ciudadanos contra los tarifazos. Hasta la inscribió en el registro de acciones colectiva de la Corte, y de su resolución se desprende un posible intento por atraer todos los expedientes que tramitan contra el tarifazo, para evitar que se pronuncien tribunales locales.

La denuncia contra Lavié Pico presentada por Carrió tiene su origen en un fallo suyo que benefició a los bingos del presidente de Boca, Daniel Angelici, con una medida cautelar que declaraba confiscatorio el incremento del impuesto a las ganancias para los juegos de azar (pasaba del 35 al 41,5 por ciento). Con la apelación de la AFIP, la Cámara terminó revirtiendo la decisión del juez, pero Carrió estableció una presunta conexión entre el trámite de esa causa y ciertas adquisiciones de Lavié Pico, como una camioneta Dodge Journwey SXT 2.4 y un departamento en la Avenida Santa Fe al 1600.

En el reparto de expedientes en la comisión de Disciplina y Acusación, éste le tocó a Pais, que impulsó la pesquisa y la semana pasada llevó a la reunión una lista de medidas de pruebas básicas: declaraciones juradas presentadas, copia de su legajo, liquidación de haberes, datos filiatorios y de los familiares, cambios de domicilio y vehículos a su nombre. Pidió exactamente las mismas medidas que el diputado y consejero Tonelli (Cambiemos) había requerido para empezar a investigar, por ejemplo, a Freiler y a Jorge Ballestero.

La reacción en la comisión fue inusitada: la consejera abogada Adriana Donato (afín a Cambiemos), el académico Jorge Candis y los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes rechazaron directamente las medidas. Como ya había mayoría acordada, Tonelli y Angel Rozas disimularon con un voto a favor de concretar las medidas. El delegado del Ejecutivo, Juan Mahiques, faltó a la reunión a sabiendas de que se trataría este asunto.

La presentación que hizo ayer Carrió dice que “la negativa de los consejeros a avanzar con la investigación de la evolución patrimonial del juez Lavié Pico (algo nunca visto) pondría en evidencia una complejísima red de compromisos que atenta y violenta la función constitucional del Consejo de la Magistratura”. Pais pondrá hoy a circular entre los consejeros un nuevo escrito para insistir con medidas de prueba.

Fuente: Irina Hauser para Página/12

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