EL Consejo le enviará un oficio a la Corte por la acordada

La Magistratura de la Nación le enviará un oficio al Máximo Tribunal para que aclare el sentido y alcance de la acordada que cuestionó los traslados de magistrados del fuero ordinario al federal.

La Acordada 4/2018 de la Corte Suprema de Justicia trajo consigo incertidumbre dentro del Poder Judicial. Es que la decisión de no hacer lugar a la habilitación del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°10 como el Tribunal Oral Federal N° 9, planteó un nuevo escenario de conflicto.

La cuestión se remonta a la sanción del Congreso de la ley de “Fortalecimiento de los Tribunales en lo Criminal Federal de los Tribunales Orales en lo Penal Económico” (27.307), que dispuso la transformación de cinco Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal, cuya individualización sería realizada por el Consejo de la Magistratura, en cinco Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal.

La norma determinó que los nuevos TOF se integrarían con los jueces de los tribunales transformados. El proyecto de ley fue impulsado originariamente por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con el objetivo de “rediseñar el sistema de justicia” y “agilizar los procesos”.

Luego, el Consejo de la Magistratura dictó la resolución 491/2017 mediante la cual transformó el TOC N° 10 en el TOF N°9 y decidió que este último quedara integrado por los jueces Alejandro Becerra, Silvia Mora y Alejandro Nocetti Achával, quienes eran titulares del tribunal alcanzado por la transformación.

Antes del comienzo de la Feria Judicial de verano, la Cámara Federal de Casación Penal solicitó al Alto Tribunal la habilitación. También requirió la exclusión del TOC de los sorteos de la justicia ordinaria y la inclusión del TOF en los de la justicia federal.

Sin embargo, tres meses más tarde, los ministros de la Corte pusieron el grito en el cielo y afirmaron que la conducta de la Casación “implicó un indebido avance sobre las atribuciones de superintendencia”.

Esta situación generó desconcierto en la Cámara Federal de Casación Penal, lo que derivó en un oficio al Consejo para consultar la “situación de revista y las funciones que en lo futuro harán de desplegar” los jueces trasladados.

“La habilitación de tribunales, requisito esencial para su puesta en funcionamiento, es una atribución constitucional de la Corte Suprema de Justicia”, señaló el voto de mayoría y sostuvo que antes de la habilitación por parte del Máximo Tribunal “los tribunales no pueden en modo alguno ser incluidos en el sistema de sorteo de causas”.

Los ministros también advirtieron que el TOF N° 9 “estaría integrado en su totalidad” por magistrados que estaban originalmente designados para desempeñarse ante la Justicia en lo Criminal de la Capital Federal, pero que en virtud de las atribuciones de la norma en cuestión, el Consejo los “transformó” en federales sin previo acuerdo del Senado. Dicho tribunal se encaminaba a juzgar a la expresidenta Cristina Kirchner en dos causas de corrupción.

Esta situación generó desconcierto en la Cámara Federal de Casación Penal, lo que derivó en un oficio al Consejo para consultar la “situación de revista y las funciones que en lo futuro harán de desplegar” los jueces Becerra, Mora y Nocetti Achával. También requirió al Cuerpo si deben “incluirlos en el sorteo de las causas de competencia penal ordinaria”. Algunos magistrados temen que la acordada desencadene una cataratas de reclamos y nulidades en las causas que tramitan.

A esta nota se le sumó una consulta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal sobre quienes deben efectuar las liquidaciones de haberes de los jueces, funcionarios y empleados que integran el TOF.

El tema vuelve a la Corte

En el marco de reunión extraordinaria, el Plenario del Consejo de la Magistratura decidió, por mayoría, enviar un oficio al Máximo Tribunal para que aclare la resolución ante la “diversidad de interpretaciones”. Además le remitió las consultas efectuadas por Casación al considerar que se trata de una cuestión de “superintendencia”.

La decisión fue respalda por el presidente del Cuerpo, Miguel Piedecasas, y los consejeros Luis María Cabral, Jorge Daniel Candis, Adriana Donato, Juan Bautista Mahiques, Leónidas Moldes, Mario Raúl Negri, Juan Mario País, Pablo Tonelli, Rodolfo Urtubey y Gabriela Vázquez. Rodolfo Tailhade, fue el único que votó en contra y solicitó que se revoquen todos los traslados.

Concretamente, los consejeros señalaron que los requisitos establecidos por el Alto Tribunal son una “novedad” frente a la doctrina y jurisprudencia sobre traslados. También advirtieron que el Cuerpo actuó en el marco de la Ley 27.307, la cual fue “aprobada por amplia mayoría del Congreso” y “no fue declara inconstitucional”.

Una solución en el Congreso

Como respuesta, los diputados nacionales Tonelli y Negri, quienes además integran el Consejo de la Magistratura, presentaron un proyecto para reglamentar los traslados de jueces federales. Según la iniciativa, el Consejo tendrá a su cargo “decidir acerca de la conveniencia del traslado, de la idoneidad del magistrado solicitante para desempeñarse en el nuevo cargo y del cumplimiento en el caso de los requisitos”.

Entre las exigencias, el proyecto requiere que vacante a la que se solicita el traslado “corresponda a la misma jurisdicción territorial que la que ocupa el solicitante”. Y, además, establece que “el cargo del juez solicitante tenga una competencia en razón de la materia sustancialmente análoga o más amplia que la del cargo vacante”, y que “tenga una competencia en razón del grado que sea igual o superior a la del cargo vacante”.

Fuente: Rita Lucca para Diario Judicial

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