El gobierno quiere aplicar la figura de sedición para los detenidos en las manifestaciones

El gobierno nacional pretende que el juez federal Sergio Torres, quien instruye la causa, pueda reunir elementos que conduzcan la investigación en ese sentido.

La Casa Rosada busca que los hechos de violencia y destrozos registrados en la zona del Congreso el lunes pasado, durante la aprobación de la reforma previsional, no queden en una pesquisa de delitos menores (como resistencia a la autoridad) sino que pretende ir a fondo y que se aplique la figura del delito penal de sedición. Por eso, el gobierno nacional pretende que el juez federal Sergio Torres, quien instruye la causa, pueda reunir elementos que conduzcan la investigación en ese sentido.

Paralelamente, el fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, consideró que aquellas personas que son detenidas en medio de manifestaciones y/o bien que protagonizaron incidentes, falsean su identidad o generan daños a bienes públicos o privados no deben ser liberadas, como ocurrió en los últimos días.

“Necesitamos una ley que vaya más allá, que no puedan entran y salir con tanta facilidad. Si no abrimos los ojos y nos damos cuenta lo que está ocurriendo, estamos fritos”, advirtió Moldes, quien generó el rechazo de referentes de organizaciones políticas y sociales (ver aparte).

Si bien el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, está recopilando pruebas, fotografías, imágenes de canales de televisión y testimonios sobre lo ocurrido el lunes, también la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, viene sustentando la investigación criminal a través de las fuerzas en su órbita.

El delito de sedición es una transgresión federal grave, con penas de hasta seis años de prisión, y está tipificado en la Constitución Nacional y el Código Penal. Aunque también podrían aplicarse castigos de hasta 15 años.

El gobierno de Cambiemos quiere identificar no sólo a los autores materiales de los disturbios, los heridos y los destrozos sino a los partidos políticos y organizaciones que actuaron como instigadores, organizadores y financiadores. “Esto no puede quedar en una simple resistencia a la autoridad. Iremos a fondo y, para eso, sería aplicable el delito de sedición”, deslizaron en Balcarce 50.

Mientras Diputados debatía la reforma previsional, se registraron durante cinco horas enfrentamientos violentos de activistas kirchneristas y de izquierda contra la Policía de la Ciudad, a la que se sumó luego la Policía Federal como refuerzo. En ese marco, hubo 88 policías heridos y 60 manifestantes detenidos.

El gobierno investiga la conexión entre los principales dirigentes que responden a la senadora nacional y ex presidenta Cristina Kirchner, la agrupación Hijos, el Movimiento Libres Del Sur (que lidera Victoria Donda) y los partidos políticos de izquierda.

“Queremos hacer una investigación profunda para llegar a tener todos los responsables y avanzar en algo que vaya más allá de una simple resistencia a la autoridad. También buscaremos el pago de los daños, las ONG’s que participaron y se irá sobre sus personerías jurídicas”, agregaron fuentes oficiales.

Según el artículo Nº 22 de la Constitución Nacional, toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición.

La preocupación en el gobierno es que la primera medida de Torres fue liberar a los 60 detenidos porque no pudo acreditar un vínculo probado entre ellos y los destrozos o los heridos.

En tanto, la Procuración General porteña se presentó ayer como querellante en la causa y analiza la posibilidad de iniciar acciones civiles contra los responsables en busca de un resarcimiento por los daños.

A su vez, el diputado nacional del PTS-Frente de Izquierda Nicolás del Caño denunció una “campaña de demonización por haber participado de las enormes movilizaciones” en repudio a la reforma previsional.

“A los trotsquistas, que enfrentamos el totalitarismo de (Iósif) Stalin, no nos van a amedrentar con este cuasi totalitarismo”, advirtió.

Fundamentos

Moldes, en tanto, emitió un durísimo dictamen al apelar la desvinculación sobre algunas personas detenidas y luego liberadas por los incidentes registrados el 1º de septiembre en inmediaciones de Plaza de Mayo, en el marco de una marcha por la desaparición de Santiago Maldonado.

La mayoría de los manifestantes detenidos ese día fue procesada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, pero luego la Sala II de la Cámara Federal revocó la medida por considerar que no estuvieron fundamentadas las capturas y por desprolijidades en los sumarios policiales.

lunes de furia. Autoridades nacionales y porteñas posan la lupa sobre los incidentes en torno al Congreso.