El Gobierno quiere reformar la Procuración antes de nombrar al sucesor de Gils Carbó

El proceso para designar al sucesor de Gils Carbó en la Procuración se iniciará una vez que sea aprobada por el Congreso la nueva ley orgánica. El Ejecutivo aspira a modificar los requisitos para designar y remover al procurador, además de acotar su mandato.

El Gobierno aspira a lograr en el Congreso la modificación de la Ley orgánica del Ministerio Público antes de fin de año y, después, iniciará el proceso para nombrar al nuevo o nueva titular de la Procuración General, en reemplazo de Alejandra Gils Carbó, que presentó su renuncia a partir del 31 de diciembre. Según estimó el ministro de Justicia, Germán Garavano, la designación del nuevo procurador o procuradora demorará de dos a cuatro meses, aunque desde el Senado, el macrista Federico Pinedo estimó que podría ser más. La realidad es que, según el mecanismo vigente, se requieren dos tercios de los votos de los senadores para que presten acuerdo para designar al jefe/a de los fiscales: esto obliga al oficialismo a negociar sí o sí con el peronismo, ya que no cuenta con esa mayoría agravada. En la Casa Rosada no descartan que la ley modifique la mayoría de dos tercios para el nombramiento y que sea reemplazada por mayoría simple, igual que para la remoción, que se podría iniciar de oficio en Diputados. La nueva norma, además, reemplazaría el carácter vitalicio del cargo por un mandato acotado, que sería de cinco o siete años.

Garavano sostuvo que el Gobierno tendrá que postular a una persona “que reúna consensos políticos, que sea muy respetado, que pueda liderar un proyecto de reforma de la Justicia penal”. “Debe ser alguien que lidere la lucha contra la corrupción y el delito”, dijo ayer. Gils Carbó fue una de las grandes impulsoras de la reforma del sistema penal y del código procesal acusatorio que el Congreso aprobó en 2015, pero Mauricio Macri no quiso implementarla con ella al frente de la estructura del Ministerio Público fiscal, que pasará con el nuevo sistema a ampliar su protagonismo en las investigaciones penales: los fiscales tendrán un papel determinante. Es evidente que el Gobierno quiere poner a alguien de su confianza en un lugar tan sensible y de tanto poder.

En menos de 24 horas se desató una increíble danza de nombres entre los cuales pocos parecen gozar de indudable independencia, que es una de las características que debe tener quien ocupa el cargo de procurador/a y que el propio Garavano dice estar dispuesto a buscar. Suenan algunos fiscales antikirchneristas, como Ricardo Sáenz, Guillermo Marijuán, José María Campagnoli y Raúl Pleé. En un ala del Gobierno están convencidos de que Campagnoli es el nombre que alienta Elisa Carrió, quien, en realidad, querría el cargo para ella. Pleé, el fiscal de Casación que encabezó una campaña contra el gobierno de CFK por la muerte de Alberto Nisman, circula como uno de los favoritos de Macri, aunque en rigor sería el que fogonea el presidente de Boca, el operador judicial Daniel Angelici. Del lado del peronismo surgen el constitucionalista Alberto García Lema y el senador Roldofo Urtubey. Ante la aparición de varios nombres de dirigentes, a los que se sumó Margarita Stolbizer, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, salió a decir que no debiera ser alguien de la política. Otros nombres que se entremezclan son el del juez de Casación Mariano Borinsky y el de Guillermo Lipera, titular del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la entidad que apoyó golpes de Estado y que presentó una demanda para conseguir la inconstitucionalidad el mecanismo de juicio político como modo de expulsión de un procurador o procuradora, que era exactamente lo que pedía el Gobierno, y lo consiguió. Pero entre los favoritos de Macri estarían la jueza de la Corte porteña Inés Waimberg de Roca, nombrada por él, y el juez de Casación Gustavo Hornos, que ha firmado fallos de su agrado, como la reapertura de la denuncia de Nisman, y tendría vínculos con organismos norteamericanos como la DEA.

Existe un proyecto que había sido enviado el año pasado el Poder Ejecutivo para reformar la Ley de Ministerio Público que tiene dictamen de comisión y podría ser tratado por Diputados. Fue la propuesta con la que el Gobierno intentó sobreponerse al fracaso de otra propuesta que fue boicoteada por Carrió porque daba una gran injerencia a los legisladores en las designaciones de fiscales. Pero ahora Cambiemos ya negocia con el peronismo, tanto el proyecto como el nuevo titular de la Procuración. Hay aspectos que el proyecto aprobado no tiene, como el cambio en las mayorías para elegir al funcionario. Hay una idea con cierto consenso de reducir la mayoría para nombrar a mayoría simple. El peronismo dice que quiere que haya mayorías simétricas para nombrar y para destituir. El procedimiento de juicio político se reemplazará por otro que permitiría a Diputados acusar de oficio, con simple mayoría. Hasta ahora el proyecto prevé dos tercios de los votos para la remoción, pero ese punto podría cambiar.

El plazo de duración de mandato que se evalúa podría ser de 5 o 7 años, es decir, más de un período presidencial. Y se prevé recortar poder al procurador en la designación de fiscales y las decisiones de su consejo asesor. Como mucho, dicen en la Casa Rosada, la reforma se aprobaría en sesiones extraordinarias. El nombre para reemplazar a Gils Carbó podría conocerse en algunas semanas, pero el proceso se iniciaría una vez que ella deje el cargo, es decir, en enero.

Fuente: Irina Hauser para Página 12