Nuevo fallo de la Corte a más de 25 años del secuestro de Macri

Beneficiaron a Luis Zelaya, acusado de no investigar a policías imputados por torturar a uno de los condenados del caso.

El jueves 3 de mayo pasado, los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosati decidieron considerar “inadmisible” el recurso de queja iniciado en el año 2004 contra el juez Luis Zelaya por el ex sargento primero de la PFA Juan Carlos Bayarri, que pasó trece años preso entre Caseros y Marcos Paz como presunto partícipe en el secuestro del hoy presidente Mauricio Macri, ocurrido en agosto de 1991.

Bayarri acusó a Zelaya, titular del Juzgado N°13, de no investigar a los policías federales que lo llevaron a la cárcel con una confesión extraída bajo torturas. La Corte, en sí, no trató el fondo de la cuestión en su decisión: cerró las instancias del caso en la Justicia argentina sin emitir opinión. Invocó el artículo 280 del Código Procesal Civil, lo que ratificó una decisión previa que sobreseía a Zelaya.

La historia es larga, más de dos décadas de rebotes y serpenteos en Tribunales. Comienza con Bayarri condenado a reclusión perpetua por el juez Rodolfo Canicoba Corral en agosto de 2001 tras llevar casi una década detenido junto a ex policías como José Ahmed, “El Turco”, implicado en el secuestro del empresario Osvaldo Sivak. Macri declaró como testigo en el proceso: no pudo identificar al ex sargento primero como a ninguno de sus captores.

Para Bayarri, una supuesta confesión en la que se autoincriminaba era la única prueba decisiva en su contra con una pena que le garantizaba morir en la cárcel, aún más fuerte que la cadena perpetua pedida por el fiscal del proceso, Carlos Stornelli. El ex policía aseguró que esa confesión le fue extraída bajo torturas: acusó, entre otros, a Carlos Sablich, “El Ruso”, comisario inspector, ex cabeza de la división Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal Argentina, uno de los principales responsables de la liberación de Macri.

El hoy presidente siempre tuvo al comisario inspector en la más alta estima. “Siempre lo quiso”, afirmó una fuente que conoce los lazos entre poder político y fuerzas de seguridad. Sablich, retirado del uniforme en 2004 tras escándalos por irregularidades en la investigación del caso Blumberg, había sonado como posible primer jefe de la Policía Metropolitana. Quedó en su lugar Jorge Palacios, “El Fino”.

La Justicia, eventualmente, le dio la razón al ex sargento Bayarri. A fines de mayo de 2014, “El Ruso” fue condenado a 16 años de cárcel por el Tribunal Oral N°19 junto a su superior durante el secuestro de Macri, Carlos Gutiérrez. El ex comisario inspector había jugado sus mejores cartas: Macri mismo declaró a su favor en el proceso como testigo de carácter junto a dos jueces federales. De vuelta en la central de la PFA sobre la calle Moreno, un oficial de máxima jerarquía le tenía un poco de pena: “Se está comiendo un garrón por responsabilidad objetiva”.

La pena fue eventualmente reducida por la Sala IV de Casación Federal para ser recalculada, pero Sablich no pudo esquivar su sentencia: la Corte se negó a expedirse sobre su situación ante un recurso de queja presentado en mayo de 2016. Hoy, su suerte cabalga en una apelación presentada por la defensa de Gutiérrez por violación del plazo razonable de juzgamiento observado en el pacto de San José de Costa Rica, una medida interpuesta no ante la Corte sino ante la Cámara de Casación Penal. Para los policías, el tiempo entre dilaciones se vuelve su mejor argumento.

En paralelo, Bayarri acusó a Zelaya, hoy titular del Juzgado N°13, de proteger a los policías que participaron en los tormentos para que confesara su falsa parte en uno de los secuestros más resonantes del siglo. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones avaló el sobreseimiento del juez en septiembre de 2009. Cuatro años después, Zelaya tuvo un fuerte dictamen en su contra del hoy procurador interino Eduardo Casal, en ese entonces procurador fiscal, que ordenó que se revoque el sobreseimiento. Casal apuntó que empleados de menor jerarquía en el juzgado de Zelaya habían declarado a su favor, que el juez tenía la voluntad de investigar a Sablich y a Gutiérrez “hasta que la Cámara se lo ordene” y que el magistrado hasta le habría dicho a Bayarri y a otro acusado del caso que “les dieron para que tengan”.

El expediente de Bayarri contra Zelaya continuó en el flipper del sistema judicial, rebotando de una instancia a otra en decisiones contradictorias. Llegó a la Corte misma, en ese entonces integrada por Carlos Fayt y Raúl Zaffaroni: tres votos del supremo tribunal avalaron el planteo de Eduardo Casal. En octubre de 2016, el caso llegó hasta la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal: los jueces Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani decidieron a favor de Zelaya.

Hoy, el nuevo fallo cierra la historia del secuestro de Macri a nivel local luego de más décadas de decisiones y contramarchas, ya no le quedan instancias a Bayarri para apelar contra el juez Zelaya. Sin embargo, el ex sargento primero guarda una carta que conoce y que ya lo favoreció en el pasado: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con jerarquía constitucional en el país.

En octubre de 2008, la CIDH falló a favor del ex policía: reconoció las torturas que recibió en un fallo de 60 páginas y ordenó al Estado argentino que le pague a Bayarri una reparación de 295 mil dólares, tal como hizo con el caso del conscripto Omar Carrasco.

Bayarri asevera: “Estamos informando la decisión de la Corte Suprema a la Corte Interamericana, después de su sentencia existe la etapa de seguimiento de la sentencia. La CIDH se tiene que pronunciar sobre esto, no está todo dicho. Sablich y Gutiérrez, por otra parte, tienen que ir presos”.

Fuente: Federico Fahsbender para Infobae

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