El político español acusado de corrupción volvió a pedir que no lo extraditen

Fue en la audiencia de este martes, cuando le hicieron saber que el Gobierno de España ahora lo requiere para ser juzgado por seis hechos de corrupción

Carlos Fernández Gámez fue notificado en la mañana del martes de los cuatro nuevos hechos de corrupción por los que el Gobierno de España requiere su extradición para poder juzgarlo, ya que se fugó en el 2006 y recién fue hallado el 15 de septiembre último en Rivadavia, San Juan, donde estuvo oculto.

Y en esa audiencia realizada en el Juzgado Federal N° 2 de San Juan, el exconcejal de Marbella pidió por tercera vez que no lo extraditen a su país de origen para evitar que la justicia española lo juzgue.

Antes pidió que no lo envíen de vuelta cuando fue atrapado por la Agencia Regional Cuyo de la Policía Federal Argentina. Luego, por segunda vez, pidió no ser extraditado la semana pasada, cuando comenzó el juicio.

El paso que sigue es que el juzgado fije la nueva fecha para reanudar el juicio de extradición. Por ahora no se sabe cuándo será, ya que se están tomando las medidas legales que se desprenden de la notificación a Fernández Gámez de los cuatro nuevos hechos de corrupción por lo cuales es pedido en España.

Tres de esos hechos están vinculados a la Ordenación de Territorio, una figura penal compatible en Argentina con el Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público.

El cuarto nuevo hecho es por la escandalosa causa Malaya, uno de los casos de corrupción más grandes de España, el cual es compatible en Argentina con el delito penal de Fraude a la Administración Pública.

El juicio de extradición que lleva adelante el juez federal Leopoldo Rago Gallo es para ver si los delitos por los que es pedido Fernández están o no vigentes en nuestro país.

Si lo están, corresponde la extradición. Si no lo están, deben ponerlo en libertad porque en Argentina no habría cometido ningún delito.

El fiscal federal Francisco Maldonado ya hizo saber que sí pedirá que lo extraditen porque entiende que, al menos uno de los delitos, no está prescripto para Argentina.

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