Elisa Carrió denunció a dos funcionarios que quisieron jubilar a Servini de Cubría

Habrían iniciado ante las Anses los trámites jubilatorios de la magistrada, de 75 años, pero sin que ella lo supiera.

Elisa Carrió denunció penalmente a dos funcionarios del Consejo de la Magistratura por iniciar los trámites de jubilación de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, sin que ella lo haya solicitado.

En la denuncia penal y en la nota dirigida al titular del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, la diputada nacional acusó a dos funcionarios que se desempeñan en ese organismo judicial: Federico Arturo Vincent de la Dirección General de Recursos Humanos y Amilcar Menéndez Páez del Departamento de Previsión Social.

Ambos fueron denunciados por Carrió “por haber incoado” (comenzado el trámite), “con fecha 2 de junio de 2017, una presentación al ANSES, requiriendo conceder el beneficio jubilatorio a la mayor brevedad posible a la Jueza Federal María Romilda Servini, sin que la misma lo hubiera solicitado”.

Ese accionar, para la referente de Cambiemos, no sólo hace incurrir en un error a la ANSES sino que “implica una clara vulneración a las garantías constitucionales de estabilidad, inamovilidad e intangibilidad de sus ingresos”.

En el entorno de Carrió confirmaron a Clarín que uno de los dos denunciados responde al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.

Sin embargo, cerca del ministro indicaron que Garavano “no instruyó a nadie ni está relacionado con trámite alguno relacionado con la jueza” Servini de Cubría. Mas aún, otras fuentes señalaron que el funcionario de apellido Vincent es cercano al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

Con Garavano, Carrió mantiene algunos roces desde hace tiempo. El punto de inicio fue las discrepancias con el funcionario de la cartera de Justicia, respecto de la responsabilidad de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia en la investigación por el atentado contra la AMIA, en una causa paralela por el supuesto “encubrimiento” en la investigación para dilucidar qué pasó en el ataque a la mutual de la comunidad judía.

Ante la Justicia, Carrió encuadró la denuncia en “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, de acuerdo a los artículos 248 y 249 del Código Penal.

Mientras que ante el Consejo de la Magistratura, la diputada solicitó “se inicie el sumario administrativo respecto de los nombrados, a fin de determinar las sanciones que corresponderían aplicar a ambos”.

Desde el Consejo de la Magistratura informaron que los acusados son dos empleados del área administrativa y Piedecasas ya pidió un informe y lo puso en conocimiento a los consejeros. “Lo más probable es que se lleve adelante la investigación sumaria”, trascendió desde el órgano.

Fuente: Walter Schmidt para Clarín

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