En marzo se darán a conocer en forma pública los resultados de la auditoria sobre causas de corrupción

El presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, estimó que para fines de febrero o principios de marzo estarían publicados “en un portal con acceso público” los datos que arroje la auditoría que se llevó adelante en juzgados federales de todo el país para determinar en qué etapa están las causas iniciadas a ex funcionarios públicos por delitos de corrupción.

Así lo señaló en declaraciones radiales el abogado que este año tiene a su cargo la presidencia del órgano del Poder Judicial encargado de seleccionar y sancionar a los magistrados, quien destacó que estos datos “ciertos y objetivos de los últimos 20 años” permitirán “diseñar estrategias para mejorar el sistema de Justicia en la Argentina”.

La auditoría mostrará el año de inicio de cada causa, el delito investigado, el juez a cargo y el estado en que se encuentra, es decir en qué instancia está o si tiene condena firme o no, lo que dará un panorama sobre la eficiencia de la Justicia, según explicó ayer Piedecasas en una nota en la que realiza un balance de la actividad del Consejo durante los últimos años.

Además de la auditoría encargada por el Consejo al cuerpo de auditores del Poder Judicial en causas por corrupción, existen otras dos en curso: la que releva las causas por narcotráfico, que tiene pendiente “una sola etapa” por cumplir, y la laboral, que “se encuentra en la primera etapa de relevamiento”, según precisó ayer Piedecasas.

El titular del Consejo también dio su opinión sobre el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Congreso recientemente para la reforma de ese cuerpo que hoy está integrado por trece miembros, con sede en Libertad 731.

Según Piedecasas, el Consejo de la Magistratura debería tener 17 miembros, es decir cuatro más que los que tiene en la actualidad, y uno más que los 16 que propone el Poder Ejecutivo.

Para el consejero Piedecasas, además de sumarse un juez (en la actualidad hay tres jueces, por lo que pasarían a ser cuatro) y dos abogados (en la actualidad hay dos abogados, por lo que pasarían a ser cuatro), debería sumarse “un académico” (en la actualidad hay uno, y con el proyecto del Poder Ejecutivo, seguiría siendo uno).

Para Piedecasas, la mayor representación de jueces, abogados y académicos está en sintonía con lo que plantea la Constitución Nacional para el cuerpo, que es “el equilibrio”, y tendría “una mayor participación la sociedad civil”.

El abogado de la localidad bonaerense de Rojas que hoy ocupa la presidencia del Consejo de la Magistratura por segunda vez en los últimos tres años, cree que, además, debería haber una modificación en la composición de la Comisión de Selección de Magistrados, para que los abogados puedan integrarla, posibilidad que hoy no está contemplada en la ley vigente.

El Consejo de la Magistratura es un órgano permanente del Poder Judicial de la Nación, incorporado a la Constitución Nacional mediante la reforma de 1994, y cuyas atribuciones están detalladas en el artículo 114 de la carta magna, siendo una condición “el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultante de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal”.

En otro tramo de la entrevista, Piedecasas se refirió a la “parálisis” que hubo en el Consejo durante la gestión anterior, es decir durante el gobierno kirchnerista, y recordó que sólo se elevaron en ese momento 45 ternas, contra las 152 que se elevaron en los últimos tres años de la actual gestión.

Según explicó, esta parálisis provocó que “se acumularan vacantes en la justicia federal y nacional”, que llevaron el nivel de vacancia al 30 por ciento”, muy por encima de los parámetros aceptabes.

Para Piedecasas, este cambio en el ritmo de trabajo del Consejo mostrado en los últimos tres años, que arroja un promedio de 50 ternas elevadas por año, de prolongarse en el tiempo, llevaría a reducir a 10 por ciento el nivel de vacancia en la justicia federal y nacional lo que, dijo, conduciría a “parámetros de normalidad”.

“Si seguimos trabajando de esta forma, e incluso incrementando en 100 ternas más, lograríamos reducir el porcentaje de vacantes a un diez por ciento, lo que llevaría a un mejor funcionamiento de la Justicia”, destacó.