Escándalo: fiscal denuncia al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por apropiación indebida de aportes millonarios a las obras sociales

El fiscal federal a cargo de la Unidad Fiscal para la investigación de delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), Gabriel De Vedia, denunció al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la apropiación indebida de aportes correspondientes a la Obra Social del Personal de la Sanidad Argentina y a la Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación. El monto es de 42 millones de pesos correspondientes al periodo 2010/2015.

La investigación preliminar se había iniciado a partir de la recepción en la UFISES de dos certificados de deudas emitidos por las propias entidades por montos que debieron haberse depositado a su favor que corresponden a los años transcurridos entre 2010 a 2015.

Conforme lo establece la ley N°23660, el empleador debe depositar dentro de los 15 días corridos contados desde que se abonó la remuneración y a favor de las obras sociales que correspondan, parte de la contribución a su cargo y del aporte retenido al empleado. A través de estos recursos, financian las prestaciones de los beneficiarios del Subsistema de Salud nacional.

El incumplimiento del depósito por parte de los agentes de retención, amén de constituir un supuesto de responsabilidad penal, puede generar el desfinanciamiento y por lo tanto poner en riesgo el acceso a cobertura médica por parte de toda la comunidad.

El artículo 14 bis de la Constitución Nacional y distintos instrumentos internacionales disponen que el Estado es el obligado a otorgar los beneficios de la seguridad social –entre los que se encuentran las prestaciones de salud- a todos sus habitantes. Sin embargo, delega la imposición en las obras sociales y en otros organismos vinculados a la salud, manteniendo vigente su carácter subsidiario.

El fiscal De Vedia señaló la necesidad de resguardar los fondos destinados a garantizar el efectivo goce del derecho a la salud, y que el incumplimiento de dicha obligación –en principio en cabeza del Estado- podría hacer incurrir al país en un supuesto de responsabilidad internacional.

Por último el representante del Ministerio Público expresó que remitirá a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) una copia de la denuncia presentada, a fin de que intervenga en el ámbito de su competencia con relación a la posible responsabilidad de funcionarios públicos.

Fuente: Ministerio Público Fiscal