Farmacity: imputan a Mario Quintana y lo investigan por conflicto de intereses

La acusación sobre el vicejefe de Gabinete apunta a falsedad ideológica, omisión de declaraciones y tráfico de influencias.

El fiscal federal Ramiro González hizo lugar a la denuncia realizada contra Mario Quintana, Secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, por presuntos actos de “corrupción”. Fue a raíz de una denuncia realizada por Daniel Igolnikov -un abogado que ya lleva presentadas varias denuncias contra funcionarios del Gobierno-, donde se lo acusa de haber participado de un conflicto de capitales públicos y privados al tener “poder de decisión en la empresa Farmacity”.

Mario Quintana quedó imputado bajo la sospecha de haber cometido “falsedad ideológica y omisión en sus declaraciones juradas”, pero la investigación recién inicia y “hay que avanzar con una serie de medidas para determinar qué ocurrió”, señalaron fuentes judiciales.

Según la acusación contra el ministro de Cambiemos, Farmacity -empresa fundada por Quintana- “habría sido favorecida como proveedor de PAMI, por lo que se consideró afectada la ética pública”, señala la denuncia inicial.

Entre otros hechos que son parte ahora de la investigación que abrió el fiscal Ramiro González, también se planteó una “presunta adulteración de documentación” en que habría incurrido Quintana a los fines de la “habilitación de farmacias de Farmacity en la Provincia de Buenos Aires”.

También se mencionaron “supuestas influencias en la Corte Suprema de Justicia para controvertir el rechazo a la presunta violación de la ley que rige la profesión farmacéutica”.

Dentro de lo requerido por el fiscal, se tuvo en cuenta además otra denuncia: “Que la provisión de un remedio es inapropiado dado que el proveedor de medicamento es una sociedad comercial en este caso, haciendo expresa mención sobre los supuestos manejos que Quintana haría al respecto”.

En este caso, el perjuicio se generaría “no solo a los laboratorios medicinales, sino a los boticarios y a los consumidores de remedios, cuyo mayor comprador es el PAMI, o sea millones de jubilados y pensionados”.

Por estas acciones, en la denuncia se planteó que existiría una “violación a las normas de competencia comercial ya que los kioscos no pueden vender medicamentos y en cambio Farmacity sí podría vender productos como si fuera uno”.

En este contexto, el fiscal federal solicitó una batería de medidas de prueba para determinar a qué delitos responden las acciones de Quintana, ya que entre otras cosas se acusó al funcionario de tener participación en las empresas Partner SA, poseedora del porcentaje mayoritario de Farmacity, y Pegasus SA, que el funcionario no habría incluido en su declaración jurada.

Fuente: Lucía Salinas para Clarín

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