Farmacity: revocan el procesamiento de un exfuncionario de la ciudad

Se trata de Raúl Alejandro Ramos, ex secretario de Políticas, Regulación e Institutos del ministerio de Salud, quien había sido denunciado por la COFA por demorar y negar sanciones a la empresa.

La Cámara Federal porteña revocó el procesamiento por abuso de autoridad de Raúl Alejandro Ramos, ex funcionario del Ministerio de Salud del Gobierno de Mauricio Macri, acusado de brindar protección a la empresa Farmacity.

Fuentes judiciales informaron que el Tribunal dio marcha atrás con el procesamiento del ex funcionario, ex secretario de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud, quien ahora cuenta con falta de mérito. La denuncia la hizo la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) por haber dado protección a la empresa, la cual fundó y presidió hasta 2015 el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, quien tiene ahora en venta sus últimas acciones en la firma.

En primera instancia, el procesamiento lo había fijado el juez federal Sebastián Ramos, pues lo acusó de dictar tardíamente resoluciones sancionatorias en varios expedientes contra la empresa farmacéutica. Fueron al menos tres expedientes en los que supuestamente Ramos resolvió en forma tardía las sanciones que correspondían, “siendo la emisión del acto administrativo (resolución) su deber en tanto cumplía funciones como autoridad de la Secretaría de Políticas Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación”. Pero ahora, la Sala II, con la firma de los camaristas Martín Iruruzun y Leopoldo Bruglia dictó la falta de mérito, con lo cual continúa la investigación.

“El relevo de las constancias incorporadas hasta el presente impiden compartir la conclusión incriminante a la que arribó el magistrado de grado, en tanto no hay en la investigación -al menos hasta aquí- elementos que avalen la hipótesis sostenida en la pieza recurrida”, sostuvo Irurzun. Agregó que el juez se basó para el procesamiento en “el incumplimiento de plazos que emergerían de una norma que no individualiza” y consideró que, desde el momento en que se encontraron en condición de ser resueltos, el entonces funcionario “dispuso la reserva de los expedientes omitiendo dictar el acto administrativo sancionatorio correspondiente, lo cual recién se produjo después de iniciada la causa penal”.

Para el juez, “los tres expedientes se encontraban en trámite desde tiempo antes que Ramos fuera designado como secretario de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud -lo cual acaeció el 21 de febrero de 2017-, sin que el lapso transcurrido hasta allí hubiese sido objetado por el juez”. Irurzun concluyó que no está probado que el funcionario sea responsable en su conducta: “La imputación por su actuación en procesos que, al momento de su arribo al cargo, llevaban más de dos años de trámite en virtud de los diversos cuestionamientos formulados por Farmacity SA, exige algo más que la acreditación de la alegada demora, pues los propios términos del tipo penal reprochado imponen acreditar, aún liminarmente, que su actuación estuvo voluntariamente dirigida a infringir la norma. En autos, no obran -de momento- elementos que corroboren tal presunción”, señaló al respecto.

Inicialmente, la denuncia la había hecho la Confederación Farmacéutica Argentina de la mano de su titular, María Isabel Reinoso, en base a la parálisis de un expediente administrativo que se había abierto en julio de 2014. En una inspección en el local de Farmacity ubicado en la avenida Córdoba 1861, se había detectado “un cambio de farmacéutico auxiliar sin noticia ni autorización de la autoridad sanitaria nacional y emplear un libro recetario sin rúbrica ni habilitación”. Además, el denunciante refirió que se habrían dispuesto “reservas” de otros sumarios instruidos contra Farmaciy sobre los mismos hechos.

En 2015, la Dirección de Sumarios del Departamento de Faltas Sanitarias emitió su informe 70/15, en el cual señaló que se debían aplicar dos multas por un total de 60.500 pesos contra Farmacity. Una vez que Macri llegó al Gobierno y Quintana formó parte del Gabinete, en febrero de 2017 la Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización envió al funcionario Ramos el proyecto de resolución para sancionar a Farmacity. “Desde entonces, durante casi dos meses no se produjeron novedades. No se dictó la resolución propiciada ni ninguna otra”, denunció la COFA.

El 5 de abril se presentó una apoderada de Farmacity en el expediente, para lo cual aportó un poder firmado por Quintana, en 2011, como presidente de la empresa, y en él se pedía no se sancionara a la firma. La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio reafirmó su posición de sancionar a Farmacity, pero el expediente volvió a paralizarse: en vez de firmar una sanción contra Farmacity, Ramos devolvió el expediente para su archivo o guarda”.

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