Greenpeace Argentina denunció amenazas ante la CIDH

La organización ambientalista denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amenazas de “personas de estrecho vínculo con el Gobierno Nacional” a miembros de la ONG, con el objetivo de obstaculizar las actividades de campañas por la defensa del medioambiente.

La presentación se realizó el 28 de mayo ante el organismo internacional para pedir “monitoreo” y solicitar informes al Gobierno para que “clarifique sus vínculos con las afrentas sufridas y su relación con los agresores”.

Greenpeace solicitó además que se requiera a las autoridades “medidas destinadas a proteger el ejercicio de los defensores y defensoras de derechos humanos que forman parte de la organización”.

Las amenazas empezaron en enero, luego de que Greenpeace denunciara públicamente la destrucción de bosques nativos realizada de manera ilegal por Alejandro Braun Peña -primo del Jefe de Gabinete nacional- en su Finca Cuchuy, en la provincia de Salta.

Entre otras situaciones consignadas en la denuncia ante la CIDH, el documento presentado por Greenpeace destaca la del 8 de marzo en la reunión de mediación, en la que el empresario amenazó con gastar “2 o 3 palos verdes” para perjudicarlos personalmente y a la organización. Braun Peña reprochó a los representantes de Greenpeace que la campaña había difundido su imagen cuando él había dedicado mucho tiempo en convertirse en “uno de los empresarios más ricos del país pero también para estar en las sombras y ser uno de los más desconocidos”. Su abogado agregó “Tengan en cuenta que por suerte estamos en otra época del país. Él no es Yabrán, sino, imagínense. Es un empleado serio que apuesta por el país.”

Días después, Greenpeace informó a funcionarios de la Casa Rosada lo ocurrido para que tome las medidas que correspondan.

Actualmente la organización continúa su reclamo a la provincia de Salta por el estricto cumplimiento de la Ley de Bosques y de la resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, publicada el 24 de enero en el boletín oficial, que declaró ilegales los permisos de desmonte en 32 fincas salteñas que poseen bosques protegidos por la normativa nacional y de la resolución 019 del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta que resolvió “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo”. (3)

Hace dos semanas, a pesar de la normativa vigente, el gobernador Juan Manuel Urtubey firmó un convenio con la Sociedad Rural Salteña, Prograno y Federación de Entidades Rurales Salteñas para evaluar en el plazo de 30 días si la ejecución de esos permisos de desmontes en bosques protegidos, autorizados por la provincia, cumplen con el marco normativo. Esta evaluación técnica será realizada por la provincia en colaboración con los ministerios de Ambiente y Agroindustria de la Nación. “Los mismos responsables del delito son quienes van a juzgar si lo cometieron. En lugar de cumplir con la Ley de Bosques, el gobernador Urtubey prepara un indulto para los desmontadores”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.

Greenpeace comprobó, a través de sobrevuelos en la zona e imágenes satélites, que los desmontes siguen en ocurriendo en tres de las treinta y dos fincas. Las estancias Cuchuy (550 hectáreas deforestadas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas) continúan siendo arrasadas. Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo) son los dueños, respectivamente.

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