Hope Funds: tras un año de quietud, Servini de Cubría avanzó en la investigación

Luego de casi un año sin movimientos y un llamado de atención de la Cámara, la jueza María Servini decretó una batería de allanamientos, embargos con fines de decomiso y pedidos de informes sobre más de 95 empresas locales y offshore ligadas a Enrique Blaksley, el empresario acusado de estafar a cientos de pequeños inversores con contratos de mutuo

Enrique Blaksley Señorans, fundador, presidente y socio en un 97% de la firma Hope Funds, el hombre que fue recibido por dos papas consecutivos en el Vaticano, el hombre detrás de las visitas al país de superestrellas como Roger Federer y Usain Bolt, sponsor principal de La Dolfina de Adolfo Cambiaso y el jugador más famoso del mercado financiero argentino durante los últimos 15 años, fue acusado de ser el estafador más grande de la historia argentina reciente a fines de noviembre pasado. Dos causas se apilaron en el Juzgado Federal Nº1 a cargo de María Romilda Servini.

La primera provenía de su colega Sandra Arroyo Salgado, motorizada por la AFIP e investigada por la PROCELAC, derivada por la Cámara Federal de San Martín. Su calificación: lavado de dinero. Hope Funds se dedicaba al mercado de inversión, a tomar contratos de mutuo, prometiendo tasas de hasta un 12 por ciento, con todo un abanico de clientes, peces gordos, peces pequeños. Los peces gordos eran el problema en este primer expediente. De acuerdo a la AFIP, de 521 clientes solo tres tenían la capacidad de justificar sus movimientos. La segunda se trataba de peces pequeños, jubilados, docentes, empleados de Hope Funds mismos, cientos de ellos, una causa iniciada por un grupo de damnificados representados por los abogados Gonzalo Romero Victorica y Ezequiel Altinier y que luego sumó al menos 170 representados por los abogados Hernán Vega y Víctor Varone, miembros del estudio jurídico Iezzi & Varone, con un daño colectivo calculado en dos millones de dólares. Estos inversores dieron su dinero a Hope Funds, montos de 5, 10, 20, 40 mil dólares, con la promesa de recibirlo de vuelta con jugosos intereses. Pero el dinero jamás volvió.

Mientras tanto, el mundo de Blaksley -que incluía viajes por el mundo en lujosos hoteles para sus vendedores estrella- implosionaba con más de 25 pedidos de quiebra, aportes impagos y casi 5 millones de pesos en cheques sin fondos, con un megadesarrollo inmobilario, Verazul, frenado por la Justicia federal. Su oficina en la calle Sarmiento estaba abandonada, los acreedores iban a espiar entre las ventanas para ver papeles abollados y una pátina de polvo en los escritorios.

Blaksley, mediante sus abogados, intentaba frenar sus problemas en el fuero comercial con un acuerdo preventivo extrajudicial que el juez Sebastián Sánchez Cannavó se negó a homologar en mayo de este año luego de más de mil presentaciones en contra del empresario, que había presentado una lista de acreedores que incluía a su socio Federico Dolinkué, hoy imputado junto a él en la causa por estafa de la jueza Servini. 61 de los 277 firmantes presentados habrían sido vendedores o ex vendedores de los mutuos de Hope Funds. La jugada le explotó en las manos a Blaksley y a su defensa, cuando le generó una causa por estafa procesal radicada en el Juzgado Nº34.

Así y todo, frente a todo este paquete incendiario, Servini no allanaba a Blaksley, no enviaba a la fuerza pública a su casa en el lujoso country Pacheco Golf, no pedía su arresto. Lo cierto es que Hubo medidas. Primero había decretado un embargo sobre los bienes de Blaksley y Hope Funds por 18,9 millones de pesos, luego una inhibición general de bienes que fue extendida a otros imputados, una prohibición de salir del país, pero la querella de Vega y Varone reclamaba acciones más enérgicas. Semanas atrás, la Sala I de la Cámara Federal integrada por los jueces Ballestero y Bruglia le reclamó a Servini que acelere la acción, “la necesidad” de que la jueza “resuelva, con la urgencia del caso, la situación procesal de los imputados.” A comienzos del mes pasado, el expediente unificado que investigaba a Blaksley entró en silencio: la jueza federal decretó el secreto de sumario.

Hoy, el expediente se mueve contra para el hombre caracterizado como el “Bernie Madoff argentino”.

En un total de 220 fojas, la jueza federal ordenó una batería de embargos con fines de decomiso, allanamientos a la PFA e informes sobre 14 imputados que incluyen a Blaksley, sus hermanos, su mujer, su cuñada y su socio y 95 empresas encabezadas por la empresa madre, Hope Funds SA y firmas como Premium Atlántica en Costa Rica, MKT Investments y Marketsite LTD en las Islas Vírgenes Británicas y Marketsite 8D en Panamá, en lo que la jueza federal comprende como un conjunto de “cuantiosos y complejos hechos materia de investigación y tipologías delictivas que los engloban” en “un caso de criminalidad económica compleja con pluralidad de posibles víctimas y numerosas maniobras desplegadas.”

“El entramado societario formado por Blaksley habría tenido por finalidad canalizar el dinero obtenido de las víctimas, sustrayéndolo de la posibilidad de control para luego reingresarlo en el circuito de la economía formal”, apuntó la jueza, con una facturación estimada en el expediente de 72 millones de dólares y 275 millones de pesos por año, frente a operaciones sospechosas reportadas por 189 millones de pesos y 9,5 millones de dólares. Marketsite, una de las firmas offshore, registraba un sorprendente pasivo de 38 millones de dólares en julio de 2016.

Primero, Servini apuntó a bienes, una parcela de 10 hectáreas en General Rodríguez que Hope Funds habría comprado por 4,5 millones de dólares para montar su propio club de polo, seis vehículos entre ellos varias pick ups informadas por la AFIP y un yate llamado Suertudo con casco de madera comprado en 2015 junto a nueve cuentas bancarias en pesos y dólares en bancos como el ICBC. La norma: congelamiento, prohibiciones de innovar y embargo con fines de decomiso que también incluyen a las marcas y patentes de Blaksley, sus empresas y sus co-imputados.
Luego, Servini pidió el levantamiento de cualquier secreto fiscal e informes, muchos informes: a las Cámaras de Apelación porteña, santafesina y bonaerense para conocer posibles causas en contra del empresario, a la UIF para conocer cualquier Reporte de Operación Sospechosa con consultas internacionales para las firmas offshore, a la Comisión Nacional de Valores para determinar operaciones bursátiles entre 2008 y 2017, al Banco Central para que emita una comunicación a todas las entidades financieras y cambiarias así como a la AFIP, para una lista completa de bienes y montos acreditados. Las ordenes siguen para empresas de telecomunicaciones, la Aduana y la citación de 17 testigos, así como al Registro de la Propiedad Inmueble Bonaerense.

Hay un solo allanamiento en la lista, comisionado a la división Defraudaciones y Estafas de la PFA: el objetivo es la escribanía Terán, ubicada en la calle Avenida de Mayo, fuertemente vinculada a la trama Hope Funds, un procedimiento que, por norma, debe ser notificada al Colegio de Escribanos porteño.

El abogado querellante Vega,  se muestra satisfecho con los avances de Servini: “Las medidas recientemente adoptadas por el Juzgado implican un avance concreto para proteger el capital de los ahorristas que de buena fe confiaron su dinero pero fueron estafados”.

Fuente: Federico Fahsbender para Infobae