Imputan a Rattazzi por la venta irregular de helicópteros al Estado

El fiscal federal Marijuán imputó en las últimas horas a Alak, Garré, Ratazzi y sus socios en la firma “Flight Express” Julio De Marco y Claudio San Pedro, por defraudación contra la administración pública a raíz de la compra por parte del Estado de cuatro helicópteros, de los cuales la empresa entregó sólo dos aunque cobró por todos.

La medida del fiscal surge luego de una denuncia presentada la semana pasada por el titular de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, Fernando Miguez, quien tomó nota de lo publicado por este medio meses atrás en relación a la operación de Ratazzi durante el kirchnerismo, pero también al contrato que le entregó el macrismo pese a sus desastrosos antecedentes.

En 2010, durante la gestión de Alak (el seguimiento de la contratación se realizó en la gestión de Garré), le compró 4 helicópteros Bell al Grupo Módena por un total de 16 millones de dólares. La firma de Ratazzi sólo entregó 2, aunque el Estado le pagó por las 4 aeronaves.

A pesar de estos antecedentes, el ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich le adjudicó en 2016 la compra de un nuevo helicóptero de tropa para Gendarmería por 10,5 millones de dólares a la firma Flight Express, del Grupo Módena de Ratazzi.

Entre una importante cantidad de medidas de pruebas, Marijuán requirió investigar la compra de esa aeronave por parte del Ministerio de Seguridad, donde tras la publicación de la nota de LPO hicieron consultas a los organismos de control del Gobierno para saber si les cabía alguna responsabilidad por haberle entregado otro contrato a Ratazzi a pesar de sus antecedentes.

Marijuán también solicitó investigar a Flight Express por la venta de aeronaves Eurocopter BO 105 (actualmente Airbus Helicopters) por un valor total de 2,5 millones de dólares cuando los precios de mercado de esas aeronaves no superan los 400 mil dólares cada una. Estos helicópteros (uno comprado por Santa Fe y otro por el Estado nacional) fueron armados de pedazos de otras aeronaves y nunca pudieron estar en continuo funcionamiento.

En la denuncia se solicitó la declaración testimonial de los ahora imputados Ratazzi, Garré y Alak, y también de la propia Patricia Bullrich, su jefe de Gabinete, Pablo Noceti, y el subsecretario de coordinación del Ministerio, Vicente Autiero.

La causa recayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas.