Imputaron a Valentín Díaz Gilligan por la cuenta en Andorra

La fiscal Alejandra Mángano consideró que el ex subsecretario general de la Presidencia, denunciado por presunto lavado de dinero y por ocultar una cuenta con más de un millón de dólares, debe ser investigado. Requirió sus declaraciones juradas y otras medidas de prueba.

La renuncia a la Subsecretaría General de la Presidencia lo corrió del centro de la escena, pero los problemas de Valentín Díaz Gilligan por haber ocultado una cuenta con 1,2 millón de dólares en Andorra continúan: la fiscal federal Alejandra Mángano consideró que el ex funcionario macrista debe ser investigado y requirió, entre otras medidas de prueba, sus declaraciones juradas.

Díaz Gilligan renunció hace una semana. El escándalo que impulsó su salida del Gobierno se desató cuando el diario español El País reveló que ocultó una cuenta en la Banca Privada d’Andorra, en la que tenía depositados 1,2 millón de dólares. El Gobierno lo defendió durante días, pero hasta los socios del macrismo en la alianza Cambiemos –dirigentes de la UCR y la Coalición Cívica– pedían que fuera apartado del cargo e investigado por la Justicia. Cuando percibió que el costo político que estaba pagando empezaba a complicarlo, Mauricio Macri le soltó la mano.

Al pedido del radicalismo y la CC de que fuera apartado de sus funciones, en las horas previas a la renuncia de Díaz Gilligan se sumó la denuncia por presunto lavado de dinero y omisión maliciosa en la presentación de su declaración jurada, denuncia presentada por el diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade. “Omitió intencional y maliciosamente brindar información sobre su real situación patrimonial con el claro objetivo de sustraerse de todo tipo de control por parte de los organismos públicos y de la sociedad en general”, señaló el legislador, quien recordó que las “empresas radicadas en paraísos fiscales son utilizadas, frecuentemente, como vehículos para cometer el delito de lavado de activos respecto a otras actividades ilícitas como corrupción o evasión fiscal”.

Según publicó se supo, Díaz Gilligan figuró hasta noviembre de 2014 como director de la firma Line Action, dedicada a la compra y venta de jugadores de fútbol, radicada en Inglaterra pero perteneciente en un 100 por ciento a la empresa panameña denominada Nashville North Inc. El propio funcionario de Cambiemos ligó la creación de la offshore a su relación de amistad con el empresario uruguayo Paco Casal, a quien atribuyó el dinero depositado.

La denuncia de Tailhade quedó en manos del juez Claudio Bonadio y Mángano, quien ahora consideró preciso investigar a Díaz Gilligan. La fiscal señaló en su requerimiento al magistrado que es preciso determinar si el ex funcionario administró, disimuló y/o procuró que se insertara en el mercado dinero de origen ilícito, ello a través de las firmas Line Action y Nashville North Inc., cuyo rubro es el de “transferencia de jugadores de fútbol”.

Mángano recordó que Díaz Gilligan “ejerció funciones como subsecretario general de la Presidencia de la Nación” desde diciembre de 2015 hasta el día de su renuncia y también que “anteriormente desempeñó funciones en el Gobierno de la Ciudad” y remarca: “En ese contexto, y a los fines descriptos precedentemente, el nombrado no habría informado la suma de 1,2 millones de dólares al momento de presentar las declaraciones juradas respectivas ante la Oficina Anticorrupción, según lo normado por el artículo 4 de la Ley 25.188 de Ética Pública.” Por ello, la fiscal solicitó diversas medidas de prueba de carácter patrimonial y las declaraciones juradas presentadas por Díaz Gilligan.