La Corte avaló la inmunidad gremial a un docente

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó por arbitrario un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario que habilitó el despido de un delegado gremial docente de la Universidad Nacional de Rosario porque supuestamente tenía malas evaluaciones como profesor. Con ese fallo, el máximo tribunal devolvió al docente su inmunidad gremial, que una jueza federal primero y la cámara después habían dejado sin efecto.

La sentencia beneficia a Luis Raúl Calarota, un ex docente de la Escuela de Arte de la Facultad de Humanidades. Además, es delegado de Coad, un sindicato que representa a los docentes universitarios de Rosario, y militante del Partido Obrero.

Calarota celebró el fallo de la Corte, pero al mismo tiempo le reprochó que se quedara a mitad de camino. “Tenía que haber ordenado a la UNR que me reinstale en mi cátedra”, dijo.

La historia judicial del caso se remonta a una presentación de la UNR ante la justicia federal hace diez años para obtener la suspensión de la tutela sindical de Calarota. El docente había sido despedido, pero frente a un reclamo administrativo tuvo que ser restituido. Sin embargo, después de eso la universidad pública local pidió que se dejaran sin efecto los fueros que le impedía necharlo de un cargo que había ganado por concurso. La jueza federal Silvia Aramberri falló a favor de la UNR y luego la Cámara Federal de Apelaciones ratificó esa sentencia. El despido quedó así convalidado judicialmente.

Sin embargo, el docente no se rindió y de la mano de Coad llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este tribunal finalmente ordenó que se dicte un nuevo fallo en ese sentido. “Corresponde descalificarlo por arbitrario”, dijeron los jueces de la Corte.

Querían “disciplinarlo”

Tanto Calarota como sus compañeros sindicales y camaradas del Partido Obrero siempre sostuvieron que el docente fue víctima de una persecución académica y gremial. Unos y otros responsabilizan al ex rector Darío Maiorana, durante cuyo mandato se inició el proceso para echarlo. Según afirman en Coad y el PO, el objetivo era “disciplinarlo” por ser rebelde y no afín con la ideología de quienes gobernaban la universidad en ese momento.

Al ratificar el fallo de la jueza Aramberri, la Cámara Federal afirmó que basta con que la afirmación de la UNR sobre el supuesto desempeño negativo del profesor fuera verosímil para aceptar el fin de la tutela sindical. Esa sentencia le dejó el camino libre al rectorado para despedirlo.

Pero el fallo de la Corte dejó sin efecto la medida pretendida por la UNR con argumentos contundentes. Puso énfasis en que tanto el artículo 14 bis de la Constitución Nacional como el Convenio 135 de la Organización Internacional del Trabajo establecen que “los representantes gremiales deben gozar de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical”, entre ellas las relacionadas con la “estabilidad de su empleo a fin de evitar que sean despedidos por motivos relacionados con su actividad sindical”.

Además señaló que la ley 23.551 de asociaciones sindicales dispone que los “representantes gremiales no pueden ser suspendidos ni despedidos durante el tiempo de su mandato y hasta un año más, salvo que mediare justa causa”.

El fallo fue firmado por los jueces Ricardo Luis Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, más el voto concurrente de Horacio Rosatti y la disidencia de Carlos Rosenkrantz. Es trascendente además porque sirve como referencia y antecedente en casos de defensa de la tutela sindical. Es decir, siente jurisprudencia.

Aun así, Calarota pretende ir más allá y buscará que la UNR lo restituya en su cargo, del que lo sacaron, afirma, en un procedimiento plagado de irregularidades. “Esa es la lucha que viene ahora”, anticipó.

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