La Corte dejó firme el procesamiento de Parrilli

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó estudiar un recurso del ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, por el libro en homenaje a “la década ganada”, financiado con fondos públicos.

El máximo tribunal dejó firme el procesamiento que le había dictado el juez Claudio Bonadio -y confirmado la Cámara Federal y la de Casación- en la causa en la que se investigan los fondos destinados para un libro que jamás llegó a publicarse y relacionado con los diez años de gobiernos kirchneristas en el marco de los festejos por el Bicentenario.

Con la firma de sus cinco miembros, el máximo tribunal utilizó la fórmula habitual para este tipo de casos. “Que el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. Por ello se la desestima”, expresó la breve resolución firmada en el último acuerdo plenario de ministros del máximo tribunal.

Lo mismo había dicho la Cámara Federal de Casación Penal, que también le denegó al defensor de Parrilli, el ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra, el recurso extraordinario para discutir el tema en la Corte. Ibarra firmó el escrito en lugar del defensor titular de Parrilli, Roberto Boico, porque éste integró la Cámara de Casación en calidad de abogado subrogante durante el kirchnerismo.

Pese a que la causa tenía pendiente esta decisión de la Corte, el expediente ya fue enviado al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 (TOCF4) para la realización del correspondiente juicio oral y público aunque aún no tiene fecha prevista de inicio. De hecho, este lunes vence el plazo para que los defensores de los procesados y los acusadores del Ministerio Público Fiscal hagan el ofrecimiento de prueba. Una vez hecho eso, el tribunal se expedirá y seguramente fije la fecha de inicio del debate.

Parrilli se encuentra procesado por la presunta comisión del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del erario público junto con la ex titular de Casa de Moneda, Katya Daura, y con Matías Njirjak, ex empleado de esta última institución.

La causa se inició el 13 de junio de 2016 con la denuncia del presidente de la Casa de Moneda, Marcelo Pose, por las maniobras supuestamente defraudatorias concretadas en el marco de la Licitación Pública n° 16/13 de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación durante el kirchnerismo.

Según la denuncia, el proceso licitatorio habría estado direccionado para que la Casa de Moneda ganara y contratara a terceros para la publicación de un libro sobre la década de los tres gobiernos del kirchnerismo que nunca se hizo y para el cual se pagaron unos 800 mil pesos de adelanto. Las defensas sostienen que no hubo delito porque la licitación fue suspendida.

La causa es a raíz de la adjudicación en 2013 por parte de la “Unidad Ejecutora Bicentenario de la Revolución de Mayo 1810-2010” al organismo dirigido por Daura para imprimir 100.000 ejemplares del libro sobre “La década ganada” por 8 millones de pesos, de los cuales recibió un anticipo de $ 800.000 para la primera etapa.

La Casa de Moneda compró papel a Celulosa Argentina por $ 2.650.000 y una parte lo envió a depósitos de la firma “Anselmo Morvillo S.A”, quien se encargaría de la impresión de la obra y que ahora reclama a las nuevas autoridades de la institución designadas por el gobierno de Cambiemos por una deuda de $ 1.650.000 pesos en concepto de depósito de papel.

Al confirmar los procesamientos, en abril del año pasado, la Cámara Federal dio por semiplenamente probado que se cometieron delitos, al señalar que “en el sumario se ha constatado que el patrimonio de una sociedad del Estado (Casa de la Moneda) fue efectivamente afectado, pues incluso previo a ser adjudicada en la licitación, la empresa de mención -con el aval de su titular Daura y representada por su inferior jerárquico Njirjak- operó a ‘costo hundido’, autorizando importantísimos gastos en favor de terceros en forma excepcional, en los términos del estatuto” de la entidad.

“La notoria desatención de los funcionarios en proteger tales intereses confiados -frente a los serios signos al alcance sobre los riesgos en ese sentido- debe ser necesariamente vinculado a las referencias y datos que sugieren que, de antemano, era conocido que la empresa sería seleccionada para operar en semejantes condiciones”, añadieron aquella vez los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah.

Según los jueces, fue Parrilli quien le “sugirió” a Daura que Casa de Moneda se presentara en la licitación, lo que hizo y obtuvo al ofrecer el precio más bajo.

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