La declaración de Wagner puso en peligro la decisión de Bonadio sobre los arrepentidos

El titular de ESUCO dejó en offside a sus colegas a partir de señalar un reparto amañado de licitaciones entre las firmas constructoras, a cambio de una devolución de los adelantos de obra entre el 10% y el 20%

La declaración, pormenorizada y detallada, de un mecanismo de cartelización de la obra pública y de un sistema de retornos a funcionarios kirchneristas dada por el extitular de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner tuvo un impacto inicial demoledor, que podría tener consecuencias en la libertad de los empresarios que inicialmente arrojaron la versión de aportes de campaña compulsivos, para lograr su excarcelación. El titular de ESUCO dejó en offside a sus colegas a partir de señalar un reparto amañado de licitaciones entre las firmas constructoras, a cambio de una devolución de los adelantos de obra entre el 10% y el 20%. Todo robusteció la inquietud en el juzgado de Claudio Bonadio por la sospecha de que no coincidían las fechas de las anotaciones del exchofer Oscar Centeno sobre las recolecciones de dinero con los períodos de campaña electoral. Anoche, uno de los mencionados por Wagner, Juan Chediack titular de la CAC entre 2014 y 2015- se declaró anoche imputado colaborador ante el fiscal Carlos Stornelli y buscará cerrar un acuerdo homologable por el juez.

Wagner nombró en su declaración del viernes según trascendió- a las firmas que mantenían reuniones previas a las licitaciones para construcciones viales. Señaló a IECSA (Ángelo Calcaterra), Cartellone, Vialco (Electroingeniería), Equimac (Silvio Mion), Luis Losi S.A., Biancalani (Lázaro Báez), Coarco (Patricio Gerbi), Perales Aguiar, Vial Agro, Fontana Micastro, Marcalba, (ambas de la familia Andrenacci) y la propia Chediack. El primer efecto fue que este último se presentara a la Justicia, pese a no estar nombrado en los cuadernos y suscribiera lo que dijo Wagner. Hasta ayer, hombres de negocios sospechaban en una táctica “cazabobos”, porque los detalles de la comprometida delación habían sido filtrados desde tribunales pese al secreto de sumario. Sin embargo, el tema inquietó a las constructoras mencionadas, muchas de ellas protagonistas como adelantó Ámbito Financiero- de los proyectos PPP.

A la luz de la Ley del Arrepentido, el artículo 276 bis señala que “será reprimido con prisión de cuatro (4) a diez (10) años y con la pérdida del beneficio concedido el que, acogiéndose al beneficio del artículo 41 ter, proporcionare maliciosamente información falsa o datos inexactos”. La sospecha judicial es que Calcaterra y su exmano derecha, Javier Sánchez Caballero, junto al ex Isolux Juan Carlos de Goycoechea dieron una versión edulcorada sobre el dinero que reconocieron pagar en los recorridos que habría realizado Roberto Baratta, además de los montos comprometidos. Las fechas de años pares no coinciden con dinero con fines proselitistas como fue la versión original. Lo mismo hizo Armando Losón del Grupo Albanesi y Claudio Glazman (Sociedad Latinoamericana de Inversiones) que suscribieron sendos acuerdos por el mismo motivo. Todos recuperaron la libertad pero si se detectara un incumplimiento de acuerdo al contenido de nuevos testimonios de imputados colaborativos todo está a tiro de ser revertido. No solo podría disponerse la suspensión de la colaboración, sino también la revocación de su excarcelación y además de continuar el proceso penal por el delito original sin reducción alguna, se abriría una nueva causa por la falsedad de ese testimonio. El juez no tiene más allá de un año para validar la información que sea brindada por el “arrepentido”.

Hoy la expectativa está centrada en lo que suceda con Aldo Benito Roggio, que deberá volver a tribunales tras su fugaz paso el viernes intentando ingresar al mismo régimen. Es uno de los principales constructores del país. Anoche, Claudio Uberti pidió arrepentirse ante Stornelli tras entregarse a la Justicia. Su testimonio está relacionado con el Grupo Techint pero podría iluminar las negociaciones informales que representaba en Venezuela, cuya explosión fue el caso de los u$s800.000 que trasladaba la valija de Guido Antonini Wilson. Ese dinero eran también supuestos aportes para la campaña K. Es el primer exfuncionario que busca ese subterfugio.