La gestión de Eduardo Casal como Procurador General interino

Sectores judiciales y de la política mandataron al Procurador interino para cambios estructurales previos al desembarco de la elegida por el Presidente. Preocupación oficial ante su eventual “respuesta”. Pichetto dio luz verde para comenzar a negociar.

Traslado de fiscales con causas sensibles, reorganización de áreas, proliferación de sumarios internos y dictámenes que causaron satisfacción en la Casa Rosada fueron algunas de las características de los últimos meses de gestión del titular interino Eduardo Casal como cabeza de la Procuración General. Una primera lectura apurada permitiría sostener la idea de que se trata de una serie de medidas destinadas a satisfacer al Gobierno y a mostrarse como la contra cara de su antecesora, Alejandra Gils Carbó, enfrentada hasta su salida en noviembre pasado- con Cambiemos. Pero los gestos y señales que emanan desde la sede de la calle Perón admiten otra interpretación más asequible para la lógica de los pasillos judiciales: Casal no está “haciendo el trabajo sucio” para congraciarse con el Poder Ejecutivo, sino que está mandatado en la misión de marcar el territorio para que la posible candidata oficial, Inés Weinberg de Roca tenga escaso margen para modificaciones de peso, puertas adentro de la Procuración. Una suerte de blindaje institucional ante lo que muchos funcionarios visualizan como impredecible de un eventual desembarco de la elegida por Mauricio Macri.

Procurador ante la Corte desde 1992, Casal es considerado un “Nacido y Criado” para la corporación judicial. Desde su cargo, el más elevado dentro de la estructura jerárquica, vio pasar a Oscar Fappiano, Ángel Agüero Iturbe, Nicolás Becerra, Esteban Righi y a Gils Carbó. Con todos mantuvo cordial relación, incluso con la última, resistida internamente por amplios sectores entre las fiscalías. Los primeros meses de su interinato con la renuncia firmada de Gils Carbó- hasta los más cercanos a la exprocuradora ponderaban su prudencia, buen trato y respeto por “normalizar” y organizar una transición no traumática en el Ministerio Público Fiscal. Esa prolijidad experimentó un giro con el desplazamiento del fiscal Juan Pedro Zoni de la fiscalía federal donde se tramita el expediente por el “Correo-Gate”. Fue pocos días después de que Macri sorprendiera con la nominación de Weinberg. Se firmaron, además, cerca de medio centenar de resoluciones con traslados temporarios por vacancias que fueron definidas por Casal, hasta el (último) sonoro desplazamiento del fiscal a cargo de la unidad de delitos contra la Seguridad Social, Gabriel De Vedia, una semana después de que Emilio Basavilbaso de la ANSES, fuese llamado a declaración indagatoria. Polémicos y cuestionables ninguno de esos cambios podrían haber sido esquivados por una nueva gestión con el sello de Cambiemos. En las ùltimas semanas se formalizó el llamado a concurso para cubrir 15 fiscalías y en las próximas, se propondrá cobertura a las siempre estratégicas de Comodoro Py.

“Casal no va a exponer años de trayectoria intachable para terminar colocando a la Procuración bajo los intereses del Gobierno”, afirmó una fuente con acceso a su despacho. Por si acaso, también hay una apuesta personal. Si el pliego de Weinberg trastabilla en el Senado, su permanencia puede ser más larga. De hecho, el trámite para ungirla procuradora puede demorar algunos meses en virtud de la oleada de impugnaciones, que serán óptimos para la negociación con la bancada del PJ. El viernes último, el rionegrino Miguel Ángel Pichetto le envió al Gobierno un mensaje favorable para el trámite del pliego: en el Ejecutivo interpretaron que el senador peronista enviaba un guiño tras haber votado la ley que aspiraba a retrotraer las tarifas. Descuentan que de todas formas va a “costar” varios cargos a cambio el deseo presidencial de encaramar a Weinberg. Desde Cámara Nacional Electoral, juzgados del interior y Defensor del Pueblo, todos sitiales que forman parte del intercambio. Los fiscales reclaman que antes del recambio queden clausurados los sumarios administrativos, siempre factibles de ser instrumentos de presión.

“El problema de Weinberg es que ella es macrista de Macri. No del Gobierno”, apuntó un funcionario PRO, en relación al vínculo que une a la candidata con el Presidente. Desde su ascenso en la justicia porteña, la magistrada sólo considera como interlocutor válido a Macri y de allí para abajo a nadie. Funcionarios “amarillos” de la Capital Federal sufrieron embates judiciales en cuestiones difíciles de explicar ante lo que suponían objetivos de la gestión PRO. Encontraron en Weinberg un frontón inexpugnable. “Ella sólo reporta a Mauricio”, concluyeron. Parte de ese diagnóstico es compartido por la mayor parte del Gobierno (que tenía otros candidatos en pugna), el PJ (desairado en la elección) y la corporación judicial (renuente a “externos”), que no quiere repetir la experiencia de Gils Carbó. Y muchos menos, si llega potenciada en sentido inverso.

Ese blindaje ante factores externos asoma como la principal razón que anima a Casal para estructurar una serie de cambios de fondo contra reloj, y para dejar maniatada a Weinberg ante su inminente desembarco al frente de la Procuración General.

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