La Justicia Federal reacciona a la avanzada del gobierno apuntando a los privados

La Cámara Federal Porteña envía un mensaje de advertencia a IECSA y sus socios en la causa del soterramiento del tren Sarmiento.

En una resolución cuya verdadera significación pasó casi desapercibida en los medios locales, la Cámara Federal ordenó al juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien lleva adelante la investigación por supuestos hechos de corrupción en la obra del soterramiento del tren Sarmiento, que apunte a los empresarios involucrados en la maniobra.

El fallo confirmó la decisión de primera instancia de rechazar el pedido de la UIF de intervenir como querellante en la causa, lo que era previsible.

Sin embargo, lo que llama verdaderamente la atención es que los jueces de la sala II -cuyas sentencias, por lo escuetas, rozan generalmente lo críptico- nombraran una por una a las empresas involucradas: Constructora Norberto Odebretch S.A., GHELLA Societa Per Azioni, COMSA S.A. y IECSA S.A., esta última, hasta hace unos meses, propiedad de Ángelo Calcaterra, primo presidencial, y ordenaran al juez de primera instancia que encamine la investigación hacia allí y “evalúe la adopción de medidas cautelares de distinta índole que correspondan”.

Esta decisión de avanzar contra empresarios puede leerse como una nueva vuelta de rosca en la escalada de violencia que se desató entre la justicia federal y el gobierno luego de la contundencia del triunfo oficialista en las elecciones de Octubre.

El fallo conlleva una amenaza no tan velada de la corporación judicial frente a la contundencia del embate oficialista, cuyo objetivo próximo es, sin lugar a dudas, el juez federal Ariel Lijo, sobre quien se han escrito ríos de tinta en estos últimos días. Esta amenaza podría leerse así: “si ustedes avanzan sobre los jueces, los jueces vamos a avanzar sobre ustedes, los empresarios”.

 

Camara federal rechaza UIF soterramiento