La Justicia investiga al hijo de Bonavena por estafas y falsificación de documentos

Natalio Bonavena está siendo investigado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado por formar parte de una banda que cancelaba deudas tributarias de manera fraudulenta durante la gestión de Ricardo Echegaray en la AFIP.

Natalio Bonavena dijo que entre el 2011 y 2014 vivió “pidiéndoles plata a amigos” para llegar a fin de mes. El hijo del célebre boxeador lo confesó en televisión al conductor Santiago del Moro el 22 de septiembre del 2015 en Intratables. Pero la gestión de Alberto Abad en la AFIP no le creyó y comenzó a investigarlo por el llamativo crecimiento de su patrimonio personal. Según fuentes judiciales, “el informe de la AFIP fue lapidario”.

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, decidió imputarlo por ser partícipe necesario de una asociación ilícita que ofrecía servicios a las empresas para cancelar, fraudulentamente, sus deudas tributarias. Bonavena acercaba clientes a los líderes de la banda. Norberto Oyarbide, años atrás, había investigado a los cabecillas: Adrián Marcial Gago –actualmente prófugo- y Miguel Ángel Lamparelli –detenido desde hace dos años. Operaban a metros de la célebre “Rosadita” de Federico Elaskar. Se juntaban “cerca del McDonald’s de Puerto Madero”. Así lo declaró Marcelo Mallo, otro de los imputados, ante la Justicia. El ex líder de Hinchadas Unidas Argentinas, dirigente kirchnerista de Quilmes y cercano a Aníbal Fernández, se refería al restó Que Nunca nos Falte.

Maten al financista

La banda operaba amparada por los beneficios de sentirse parte del poder político y económico del gobierno anterior. Gago ofrecía los conocimientos informáticos –trabajó en la DGI menemista- y Lamparelli los contactos con la gestión de Echegaray. La constructora Balvanera, Medical Glass, Fargo SA. y el Banco Columbia fueron algunos de los clientes estafados por montos millonarios. No sólo Bonavena acercaba clientes “vendiendo los beneficios de la asociación ilícita” como explica uno de los involucrados a Infobae, sino también el ex líder de Hinchadas Unidas Argentinas, Marcelo Mallo.

En el juzgado de Arroyo Salgado tendrían, al menos, 10 hechos de estafas probadas. En uno de ellos aparece la firma Tordiva que el prestamista, Omar Tort, “se la iba a vender a Gago para no sé qué negocio” declaró Mallo en la justicia. El financista oriundo de Quilmes fue asesinado a golpes en mayo del 2006. Tras su dudosa muerte, Gago le pidió a Mallo los libros de Tordiva a cambio de dinero pero el prófugo, nunca pagó. No era la primera vez que alguien mencionaba a esa sociedad fantasmal.

Placas rojas

“A Gago me lo presentó Bonavena. Gago me estafó en varios millones. Aparecía en nombre de Tordiva S.A.”. El periodista y fundador de Crónica, Héctor Ricardo García, recuerda la estafa que sufrió en manos de su “ahijado”. El “Gallego” era uno de los grandes amigos y seguidores de la carrera del recordado boxeador. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, García terminó preso durante ocho meses. El hijo de Ringo manejaba la pauta publicitaria que ingresaba al canal a través de la firma Administradora Ring –una ex mueblería a nombre de su madre Dora Raffo- que ingresa al canal de las placas rojas. La tercerización de la pauta publicitaria en el canal de noticias fue investigada por Manuel Garrido antes de ser eyectado de la Oficina Anti Corrupción. Durante los dos primeros gobiernos kirchneristas, Crónica –a través de la firma “que Bonavena administraba el canal” como explica García a Infobae y Alta Densidad- recibió $101.400.000 pesos en concepto de pauta publicitaria.

La Justicia descree de lo que Bonavena dijo en televisión sobre su fragilidad económica tras ser despedido del canal de las noticias por sus nuevos dueños. A la AFIP también le llamó la atención cómo un monotributista podía darse el lujo de viajar al mundial de Sudáfrica en el 2010, presenciar las victorias de Floyd Mayweather en Las Vegas o adquirir propiedades y rodados importados. Es que, la pobreza franciscana de Bonavena mutó en riqueza durante la “década ganada”. Mil millones de pesos es el monto que la Justicia cree que la banda liderada por el prófugo Gago le provocó a las empresas estafadas. Bonavena era una de las “celebridades” que “vendía a sus clientes” afirma una fuente judicial con accedo a la causa.

De la Rosadita a Hebe de Bonafini

En los allanamientos ordenados por Arroyo Salgado en las oficinas en las que operaba Gago se encontraron carpetas rotuladas con los nombres “Cabaña Agropecuaria del Zonda” y “Agropecuaria Monte León”. Ambas aparecen en media docena de causas judiciales. Sus nombres surgieron en pesquisas realizadas en financieras del microcentro porteño. Los cheques emitidos a nombre de las agropecuarias terminaron en los clubes investigados por los desmanejos en Fútbol Para Todos, en sociedades fantasmas vinculadas a la mafia de los medicamentos y a Sueños Compartidos, el programa de construcción de viviendas más ambicioso del kirchnerismo ideado por Sergio Schoklender y promocionado por Hebe de Bonafini.

El 26 de septiembre del 2013, ante el escribano Adrián Carlos Comas, el hijo del inolvidable boxeador conformó otra empresa: Lisura SA. En su estatuto, informaba que se dedicaría a la venta de chanchos. Su anterior directora había sido Clara Simona Gariello, una jubilada que formó parte de Lenity SA –droguería vinculada con Sueños Compartidos-, en Digress SA cercana a Carlos Alberto Tomeo y en Dixey SA relacionada con Liliana Esther Zulet, pareja de Hugo Moyano. Todas las firmas están siendo investigadas por la justicia en media docena de causas. Además de la prestanombre Gariello, por Lisura pasó Federico Manuel Testa. No es un chiste.

La fábula del escorpión

En el año 2015, tras publicar una investigación sobre la pauta publicitaria recibida por Artesanías Ring, administrada por la familia Bonavena, el hijo del boxeador demandó a este periodista y a las fuentes mencionadas en la nota. Lo hizo por daños morales exigiendo una compensación económica cercana al millón de pesos. Argumentó que su vida había cambiado ostensiblemente, que recibía amenazas, que había modificado su rutina por la seguridad de su familia y, por ello, había instalado un equipo de seguridad en su domicilio particular.

Pero, como el escorpión, Bonavena justificó la demanda presentando en la Justicia una factura que el juez Roberto Oscar Ponce consideró “apócrifa”. Lo procesó por falsificación de documentos públicos, estafa y falsedad ideológica.

El hombre imputado por formar parte de una asociación ilícita dedicada a falsificar documentos públicos demandó a este periodista y a sus fuentes, respaldado por una factura del 14 de julio del 2015 por 119.129,24 pesos por la instalación de cámaras de seguridad. Contrató a una empresa radicada a 700 kilómetros de su casa, en Córdoba Capital, llamada “Richetta y CIA SA” que emitió una factura impresa en Impregraf escrita a puño y letra. Tomás Alberto Richetta, dueño de la firma, declaró bajo juramento que no realizaban ese tipo de trabajos mientras que Martín Barrios –titular de la imprenta- negó haber confeccionado ese talonario. Además, recordó que la AFIP les había notificado la existencia de otras facturas apócrifas con el logo Impregraf.

Bonavena se defendió explicando que el operario que había realizado el trabajo –del cual no recordaba su nombre -cobró en efectivo y que nunca más supo de él. Para el juez la situación es “inverosímil” pues, ¿cómo una persona que se sentía amenazada podía permitir que ingresase a su domicilio un desconocido que alegaba ser “operario” pero que no poseía una tarjeta de la empresa? El juez tampoco creyó el descargo de Bonavena, que argumentó haber pagado casi 120 mil pesos cash. En el siglo XXI, ¿quién paga 120 mil pesos en mano? Por ello “tales manifestaciones sólo pueden ser consideradas un burdo intento por desviar la atención puesta sobre su persona”.

Finalmente, la querellante – Marcela Giudice, ex pareja de Bonavena- aseguró que la letra de la factura correspondía al demandado. Un perito caligráfico confirmará o no quién miente.

El 18 de septiembre pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala 1, conformada por Luis María Bunge Campos y Jorge Luis Rimondi, le dio una nueva oportunidad a Bonavena al solicitar “ser atendidas” las distintas versiones del asunto y “verificar fehacientemente si instaló el sistema de vigilancia y determinarse el costo total”. La orden de la Cámara de investigar nuevamente la denuncia mientras sus integrantes firmaban la “falta de mérito” es otra muestra de por qué, gran parte de la justicia argentina, no es creíble para la opinión pública. Esa simple y dudosa factura homenajea a la fábula del escorpión y la rana.

Fuente: Luis Gasullo para Infobae

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