La Justicia ordenó proteger las instalaciones de Oil Combustibles

Dispuesto a reducir los riesgos de una toma, un atentado o, incluso, un desastre ambiental, la Justicia ordenó anteayer el despliegue de la Prefectura y la Gendarmería en la refinería y otras instalaciones a la vera del río Paraná de Oil Combustibles, la petrolera de Cristóbal López y Fabián de Sousa.

El juez a cargo del concurso de Oil, Javier Cosentino, también ordenó al Ministerio de Seguridad y al gobierno santafesino que adopten medidas para preservar las instalaciones, ubicadas sobre la hidrovía del Paraná y consideradas de alto valor estratégico.

Cosentino convalidó, así, el pedido de los interventores de la petrolera, quienes alertaron sobre los riesgos que corría la planta mientras se intenta evitar la quiebra con un proceso de salvataje, en medio de las versiones de que López, De Sousa o el exadministrador Ignacio Rosner podrían fogonear tomas por los empleados.

Las medidas abarcan la refinería, la terminal portuaria y la estación de almacenamiento de Oil, en San Lorenzo, sobre el Paraná y la ruta nacional 11, en pleno corazón agrícola del país. Es el activo más preciado de la petrolera y motor del Grupo Indalo.

“Cualquier tipo de manifestación o toma violenta o pacífica de los bienes pueden generar serios riesgos a las personas, al medio ambiente y a bienes propios de la deudora [por Oil] y de terceros”, plantearon los interventores Francisco Cárrega, Liuba Lencova y Carlos Bianchi, por lo que pidieron el despliegue de las fuerzas de seguridad.

Los interventores también pidieron que se sume el gobierno santafesino, con el propósito de “mantener asegurados los accesos a las terminales e instalaciones de Oil Combustibles”, y que se aboquen a la “custodia permanente de caminos, accesos y perímetros” de las instalaciones.

Las versiones sobre posibles tomas y la formación de cooperativas fogoneadas por López, De Sousa o Rosner alcanzan a otros activos del Grupo Indalo. Entre ellos, el diario Ámbito Financiero.

En su escrito, Cárrega, Lencova y Bianchi detallaron que en el caso de las instalaciones de Oil ya solicitaron a un “experto en seguridad patrimonial y en manejo de situaciones de crisis” que inspeccionara la planta y recomendara medidas para protegerla.

Para el juez y los interventores, la preservación de ese enclave sobre la hidrovía resulta esencial, tanto si algún acreedor o empresa acerca una oferta durante el período de salvataje que se dispuso ayer así como también si eso no ocurre y se dicta la quiebra.

Ante ese panorama, el juez Cosentino impartió las órdenes, que ya comenzaron a ejecutarse. Un oficial responsable de la Prefectura pidió detalles sobre “las personas autorizadas a ingresar en la planta y las medidas de seguridad esenciales para adoptar”.

Fuente: Hugo Alconada Mon para La Nación

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