La reforma de la Magistratura esperará a fin de año

El proyecto para reformar todo el Consejo de la Magistratura deberá esperar a fines de año para ser consensuado, cuando esté definida la elección en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

El proyecto de ley que aspira a llevar a 16 los miembros del órgano de selección y remoción de jueces -con mayor peso de abogados y magistrados- quedará relegado siempre y cuando la Corte Suprema no emita un fallo que ratifique la inconstitucionalidad del actual sistema y lleve a 20 a sus integrantes, dejando a Ricardo Lorenzetti la presidencia del cuerpo. El Gobierno confía en que llevando la iniciativa al Congreso con tiempos laxos logrará que el máximo Tribunal no incluya en su agenda el tema que ya lleva dos años de indefinición. El cálculo que hace la Casa Rosada dependerá del esquema de acuerdos que logre para uno de los hitos que tendrá el año judicial que comienza con la disputa por la presidencia del organismo oficial que agrupa a los abogados de la matrícula, bastión de poder para la influencia en el mundo judicial.

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), que preside Jorge Rizzo, con la adhesión de su par de la Ciudad de Buenos Aires, que comanda Guillermo Lipera, presentaron a mediados del año pasado al Ejecutivo un proyecto de reforma del Consejo apuntado a zanjar las discusiones que mantuvieron a ese organismo en el ojo de la tormenta durante los últimos años. El objetivo era equilibrar el peso en su composición de integrantes no políticos en su composición, dado que el actual esquema de 13 miembros había sido declarado inconstitucional por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal los últimos días del Gobierno de Cristina de Kirchner. El plan había satisfecho al ministro de Justicia, Germán Garavano, pero había despertado resquemores en el mundo de la política, por desplazarlos en cuanto peso específico de la representatividad. El proyecto prevé 4 jueces (dos federales con representación del interior), 4 abogados (dos porteños y dos en representación de las provincias), 6 diputados y senadores (tal como se encuentra hoy), un académico y un miembro del Poder Ejecutivo.

El 13 de diciembre de 2017, el proyecto ingresó por el Congreso con la letra que había sido consensuada entre los abogados para modificar el actual sistema, cuyas fallas quedaron en evidencia con años de demora en avance de cuestiones cruciales. Cada administración ha intentado cambiar al órgano de conducción del Poder Judicial sin éxito. Sin embargo, Cambiemos consiguió un singular consenso en el bloque mayoritario que ha votado en sintonía con algunas de las propuestas clave que bajaron del Ejecutivo, como el traslado de Carlos Mahíques y de Leopoldo Bruglia (próximo a entenderse de forma permanente). Con las elecciones legislativas está a punto de cambiar el esquema de representatividad de los diputados y senadores. El kirchnerismo perderá peso específico, pero el Gobierno no podrá celebrar: la Corte viene dilatando un fallo que ya estableció que los actuales 13 miembros no responden a los parámetros constitucionales para el diseño de ese organismo: si esa decisión es ratificada por la Corte, inmediatamente la situación regresará a 2007, cuando se modificó la ley para diseñar la actual fisonomía del Consejo, con la presidencia a cargo del titular de la Corte, hasta el último día de este año en manos de Lorenzetti. Ni el Gobierno ni la oposición quieren saber nada con esta posibilidad por motivos diversos.

Los abogados delegaron el impulso legislativo de la modificación en una de las espadas de Cambiemos en Diputados, Daniel Lipovetzky. Pese a que pende la posibilidad de un fallo definitivo de la Corte, el oficialismo se confía en que no ocurrirá si se le da tratamiento “slow motion” al proyecto ingresado a fines de año. Entre dictamen de comisión y vericuestos legislativos, estiman que podrán entretener a los supremos para no crear una crisis con un fallo que complique el escenario. Sectores de la oposición parlamentaria tampoco estarían conformes con un eventual recambio de miembros.

En abril serán las elecciones de los abogados porteños, por lo que un mes antes deberán estar definidas las alianzas para que los letrados de la matrícula voten por sus representantes porteños. La disyuntiva es ir con Rizzo o apostar a un esquema que lo enfrente con final abierto dado que ha ganado todas las últimas elecciones en alianzas con los oficialismos de turno. Rizzo y Daniel “Tano” Angelici mantuvieron un duro enfrentamiento durante 2017 que hirió la asociación con la que triunfaron en la última elección. Abogados PRO sueña con arrebatarle el lugar sin necesidad de acompañarlo a los comicios, y si eso ocurre, escalar a un bastión nunca antes alcanzado. Recién entonces estarán en posición de diagramar quiénes serán los que desembarquen en el Consejo Nación y en el Ciudad, desde la conducción del principal órgano de agrupación de los abogados.

Fuente: Gabriel Morini para Ámbito Financiero

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