La UIF denunció a Víctor Santa María, titular del PJ porteño, por extrañas maniobras en Suiza

La Unidad de Información Financiera (UIF) se presentó ante el juzgado de Claudio Bonadio para que se investigue a Víctor Santa María, titular del gremio de los porteros, presidente del PJ porteño y propietario del diario Página/12 mediante el Grupo Octubre, por “actividades financieras en Suiza” a través de las firmas Alto Trust Ltd. y Vica Trust

El informe de la UIF en poder de Bonadio y del fiscal Carlos Rívolo detalla a lo largo de más de 40 páginas una serie de operaciones inmobiliarias y financieras realizadas por el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh), donde aparecen repetidamente empresas vinculadas a Damián Fernando Bila y Andrés Leandro Stangalini. Y concluye que no se puede “descartar la utilización de maniobras de sobre y/o subfacturación que permitan fugas y/o canalizaciones de fondos desde el Suterh hacia estas firmas analizadas”.
Santa María desmintió estar vinculado a cuentas o firmas en Suiza y dijo que era la “primera vez” que escuchaba los nombres de Alto Trust o Vica Trust. A la vez, sobre Bila y Stangalini, dijo que eran “proveedores del gremio”.

Para la UIF, las operaciones en torno al gremio y un grupo de empresas vinculadas “dan lugar a que fondos administrados por el Suterh y pertenecientes a los trabajadores hayan sido derivados a través de estas sociedades y destinados a fines ajenos a la actividad sindical”.
Según el informe , la UIF advirtió a Bonadio y Rívolo que tiene información según la cual “José Francisco Santa María junto a sus hijos, Víctor y Catalina Santa María, serían beneficiarios finales (titulares) del trust denominado Alto Trust Ltd., sociedad que sería administradora de otro trust, Vica Trust”.

“La familia Santa María habría operado en Suiza a través de Vica Trust y Alto Trust Ltd.” y “este último registró acreditaciones, al menos, entre los años 1999/2000 por un monto cercano a los US$ 4.000.000, provenientes de la Argentina y Uruguay”, agrega.

Llamativamente, Vica resulta un apócope de los nombres Víctor y Catalina, hijos de quien en los años 80 encabezó el sindicato.

José Francisco Santa María, padre del actual titular del gremio de los porteros, manejó el Suterh hasta 2005, cuando entregó el mando a su hijo Víctor Santa María, luego de la elección de un nuevo secretario general.

La información en torno a los movimientos en Suiza de Vica y Alto Trust es acotada. Por el contrario, los investigadores realizaron un pormenorizado detalle sobre la forma en que los empresarios Damián Bila y Andrés Stangalini crearon una frondosa trama de compañías que comparten vínculos y operaciones inmobiliarias y financieras con el sindicato de Santa María.

Operaciones

En mayo de 2012, el Suterh le compró a G1 SA una propiedad en Jujuy 1738, de la Capital Federal, por 1.200.000 dólares. A G1 la representaba Damián Bila, en sociedad con Andrés Stangalini. El domicilio fiscal estaba fijado en Pasaje de la Ciencia 75, Nordelta. Stangalini, como Bila, “también participa de otras sociedades que se vinculan al Suterh”. En G1, Stangalini aparece como socio de Bila.

Hoy en Jujuy 1738 funciona una de las sedes del Suterh. “El gremio tiene más de 100 propiedades”, se defendió Santa María al ser consultado sobre las operaciones.

Otra firma de la red que entrelaza los mismos nombres, A1 Sistemas SA, fue constituida por María Amanda Susana García como “directora suplente” y Andrés Leonardo Stangalini como “presidente”. G1 SA y A1 Sistemas SA fueron conformadas por las mismas personas, “compartieron directivos, realizaron operaciones inmobiliarias entre sí y ambas operaron con el sindicato”.

En abril de 2012, A1 le vendió a G1 por $ 578.000 un inmueble en Colón 262, provincia de Buenos Aires. A su vez, A1 le transfirió a la federación del gremio (Fateryh) un inmueble en Campana.

La AFIP, según el informe, advirtió en 2008 que A1 Sistemas SA era “usuaria” de facturas truchas.

Catalina Santa María, hermana del titular del gremio, figura como “directora suplente” de la firma Los Santos Ángeles Custodios SA, una empresa que figuró como propietaria de inmuebles en Suipacha y Carmen de Areco y que recibió fondos por operaciones con la firma Campo Lindo, de Andrés Stangalini. Siempre los mismos nombres.

En 2011, el abogado Ricardo Monner Sans denunció que Andrés Stangalini, a quien calificó como “hombre de confianza de Víctor Santa María”, habría “intentado ingresar más de medio millón de dólares sin declarar a Uruguay”.

“¿Qué motivo lleva a un contador, a un empresario, conocedor de las leyes económicas y las mañas para violarlas, a llenar una valija de dinero en efectivo en lugar de hacer una simple transferencia bancaria?”, se preguntaba por entonces el denunciante.

Stangalini también administra la firma Polymer National Corp., con sede en las Islas Vírgenes, un conocido paraíso fiscal, en una de cuyas cuentas en la Argentina, según el informe de la UIF, se registraron depósitos de cheques librados por el Suterh.

Construmaco, otra firma donde aparecen Bila y Stangalini, comparte domicilio con una sede del Suterh.

Servifarma, también con domicilio fiscal en Nordelta, tuvo a Stangalini en el directorio y realizó donaciones de dinero en efectivo a la Fundación Octubre Trabajadores de Edificios por $ 150.000. Una generosidad llamativa.

El informe también revela que se canalizaron fondos por parte del Suterh y firmas relacionadas con el gremio hacia sociedades vinculadas a Damián Bila. Cuatro de las cinco firmas receptoras de los fondos tienen domicilio en Pasaje de la Ciencia 75, de Nordelta.

La enumeración de compañías vinculadas a Stangalini y Bila es abrumadora, y repiten como patrón las transacciones con el gremio de los porteros o firmas relacionadas, como también las operaciones financieras e inmobiliarias. En su mayoría tienen la singularidad de radicarse fiscalmente en Nordelta.

Santa María estuvo procesado por la quiebra del Banco Patricios y por un plan de viviendas del gremio. En ambas causas fue sobreseído. Luego fue denunciado porque en el balance de Interacción SA, aseguradora de riesgos del trabajo propiedad del sindicato, aparecían $ 203 millones sin respaldo técnico contable. Ahora enfrenta una investigación por el presunto delito de lavado de dinero.