Las internas entre Macri y los jueces

El Presidente envió dardos hacia el Poder Judicial desde el CCK el lunes pasado: se quejó de que los jueces trabajan seis horas, ganan fortunas, toman licencias de hasta dos años con goce de sueldo, son “viejos” y “poco transparentes”, “lentos”, no se modernizan y no investigan ni condenan.

La transparencia que promociona el macrismo resulta contradictoria con las prácticas que el ingeniero alentó cuando era jefe de gobierno porteño. Alcanzan los tentáculos de Daniel Angelici y el Consejo de la Magistratura porteño para atestiguarlo.
Aunque resulta bastante anárquica, la política judicial que emana de la Casa Rosada otorga roles protagónicos bien definidos. Todos se activaron para lograr que Alejandra Gils Carbó anunciara, finalmente, que a fin de año abandonará el edificio que perteneció a la familia Bemberg, por cuya compra fue procesada. Con su renuncia, el Gobierno se libera de una de las opositoras más feroces que creía tener enfrente, jefa de 400 fiscales de todo el país, una verdadera máquina de acusar. Pero, además, queda con las manos libres para desguazar procuradurías y unidades que investigaban violencia institucional y violencia contra las mujeres, facilitaban el acceso a la justicia en villas de emergencia y podían complicar incluso a cualquier gobernador con investigaciones sobre narcotráfico en todo el país.

Made in Newman, el jefe de asesores, José Torello, y el operador judicial Fabián “Pepín” Rodríguez Simón confluyeron con el ministro Germán Garavano para que Gils Carbó declinara su resistencia contra un gobierno cada día más poderoso. Con la ayuda de Miguel Angel Pichetto, el ministro de Justicia negoció con León Arslanián, el abogado de la procuradora. Fue “Pepín” el que logró aceitar el fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Pablo Cayssals -dos días antes de las elecciones- que la jefa de los fiscales sintió como una guillotina porque abrió la puerta a su remoción por decreto.
La denuncia contra Gils Carbó la había presentado a fines del año pasado Gustavo Lipera, el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad y cabeza de la ONG Será Justicia, que sintoniza a la perfección con las aspiraciones del macrismo. Abogado de negocios, Lipera fue uno de los invitados estelares del coloquio de IDEA y el paladín que apunta en el Consejo de la Magistratura contra los jueces federales por su demora en la cruzada contra el kirchnerismo residual: Daniel Rafecas, Ariel Lijo, Sebastián Casanello, Sebastián Ramos y Marcelo Martínez de Giorgi, uno de los que acostumbraba a fallar de acuerdo a las pretensiones de la ex SIDE.
Lipera es de los que creen que no alcanza con que la comandancia del Ministerio de Planificación se haya mudado del piso 11 del Palacio de Hacienda a la cárcel de Ezeiza en los últimos años. Por eso apunta a Lijo, el nexo sinuoso entre dos épocas que se convirtió, además, en uno de los blancos predilectos de Elisa Carrió. Parte de la generación que arribó a Comodoro Py con el kirchnerismo, se recostó después en el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.
El juez federal que procesó a Amado Boudou en la causa Ciccone tiene un hermano (Freddy) sindicado como el escudo protector de Julio De Vido durante los años kirchneristas. Además, es uno de los impulsores de Asociación de Jueces y Juezas Federales (AJUFE), un sello creado en mayo pasado que ahora es señalado, desde usinas ligadas al oficialismo, casi como un nido de víboras que busca protegerse. Junto con el camarista Eduardo Freiler, Lijo además quedó enredado en una trama que lleva a Inversora Callo, una financiera ligada a Comodoro Py.
Durante dos días, AJUFE -que cuenta con el asesoramiento de la consultora de la versátil Alejandra Rafuls- inició este jueves la organización de un seminario organizado junto a la OEA y el Ministerio de Justicia de la Nación en la Facultad de Derecho, bajo el título de “Desafíos de la Cooperación Jurídica Internacional”. Tal vez, ese foro de buenas intenciones haya servido para distender un clima espeso dentro de las fronteras nacionales.

Lorenzetti es el objetivo indeclinable de la jefa de la Coalición Cívica, que ya avisó que -con el resultado puesto de las elecciones- persistirá en el juicio político en su contra en la Cámara de Diputados. Lilita reincide en forma cíclica con acusaciones contra el titular del máximo tribunal, al que llegó a definir como “corrupto” y “capo de la mafia” de Rafaela.
El supremo que enfrentó al kirchnerismo en sus últimos años ya no conduce a la totalidad de la Corte y tiene los días contados. Su tercer mandato termina en un año y sobran candidatos para reemplazarlo. Al constitucionalista preferido del establishment, Carlos Rosenkrantz, se le suman Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, distinguido por Carrió como “el único peronista honesto”. Lilita y Horacio se conocieron en la convención constituyente de 1994, formaron parte de la comisión de redacción de la última Constitución y se reencontraron hace tres años, en una comida en el Club del Progreso.
El perfil de Rosatti contrasta con el de Rosenkrantz, el jurista de mayor trayectoria y reconocimiento que fue discípulo de Carlos Nino y asesor de Raúl Alfonsín durante la misma Constituyente de la que participaron Rosatti y Maqueda. Pero ahora es, sobre todo, un representante de las grandes empresas sentado en el máximo tribunal. Con su llegada, los hombres de negocios decidieron prescindir de Lorenzetti. Junto con la ofensiva de Carrió, el presidente de la Corte fue perdiendo el favor -y los amigos- en los grandes medios y ahora es señalado con una irreverencia que antes resultaba inapropiada. Sólo el leal Daniel Hadad insiste en ordenar en Infobae un tratamiento edulcorado para él.

Juez federal Claudio Bonadío en evento rotario. Fricción con Macri.

SERVILLETEABLES. El error de cálculo político que le atribuyen a Gils Carbó -pensar que podía sobrevivir a CFK y resistir a Macri- no alcanza para tranquilizar la conciencia de Comodoro Py. Saben que, si este gobierno también quiere ir por todo, irá por ellos.
A salvo de la purga amarilla parece haber quedado el juez Julián Ercolini, que de tanto recibir cachetazos públicos de Lilita terminó procesando a Gils Carbó. La reacción de Ercolini -que se despertó hace no tanto con ínfulas de antikirchnerista- le granjeó un ascenso inestimable para la escala de la jefa de la Coalición Cívica: pasó de cómplice a vago.
La servilleta con los nombres de los jueces que quiere el PRO todavía no está escrita. Cualquiera sabe que las funciones que presenta Comodoro Py sobre la corrupción pasada están actuadas por intérpretes que -en su gran mayoría- perdieron sus pergaminos y construyeron su propio prontuario. El desprestigio y las ataduras de los jueces federales son tales, que el inoxidable Claudio Bonadio tuvo que ponerse al frente de la defensa después de que Macri vapuleara al poder judicial en el CCK.
Por ahora, el Gobierno se apresta a designar al sucesor o sucesora de Gils Carbó en el Senado. Sobran candidatos que se autopostulan en los medios, figuras del agrado de Macri y constitucionalistas que contarían con el aval del PJ, como el veterano Alberto García Lema, otro de los que fue constituyente en 1994. Habrá que ver cómo es la reforma a la ley del Ministerio Público que logra aprobar la Casa Rosada y quién detentará el poder real en la nueva estructura. Acusada de favorecer al kirchnerismo y liderar a la organización Justicia Legítima, se verá si el Presidente designa a alguien independiente en la Procuración o sigue el camino de la adelantada María Eugenia Vidal, que, después de sacarse de encima a la peronista Falbo, nombró al reconocido oficialista Conte Grand.

Fuente: Diego Genoud para Letra P