Lava Jato: pese a las denuncias, el candidato socialdemócrata no será investigado

Tras la detención de Luiz Inacio Lula da Silva, favorito para las elecciones de octubre, la Justicia irrumpió de nuevo en la campaña electoral brasileña. Por decisión de una jueza del Superior Tribunal de Justicia (STJ), una investigación sobre presunta financiación ilegal de campañas anteriores del exgobernador del estado de San Pablo Geraldo Alckmin, candidato a la presidencia por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), pasará al Tribunal Regional Electoral y no a la fuerza de tareas de la Operación Lava Jato, del Ministerio Público Federal.

En su acuerdo de delación premiada del año pasado, exejecutivos de la compañía Odebrecht habían revelado que la empresa había donado 10,7 millones de reales (US$ 3,1 millones) de manera irregular a las campañas electorales de Alckmin en 2010 y 2014. Debido a su cargo como gobernador, Alckmin poseía foro privilegiado y por eso la causa tramitaba en el STJ. Sin embargo, el viernes último debió renunciar a su puesto para lanzar su candidatura al Palacio del Planalto.

“Con urgencia”, los fiscales de la Lava Jato, en Curitiba, solicitaron al STJ que el caso fuese enviado a la Procuraduría en San Pablo. Pero el viceprocurador general de la República, Luciano Mariz Maia, intervino y pidió al STJ que las investigaciones recayeran en la justicia electoral; según él, el crimen investigado (financiación ilegal de campaña; también llamado “Caja 2”) es de carácter electoral y por lo tanto no sería competencia de los fiscales de la Lava Jato en San Pablo.

En la fuerza de tareas de la Lava Jato, que ha investigado a numerosos políticos y empresarios involucrados en el megaesquema de sobornos y desvíos de dinero que tuvo como eje a Petrobras, se sospecha que los aportes ilegales a las campañas de Alckmin podrían estar vinculados con otros crímenes. El mismo grupo de compañías que actuó en el “petrolão” replico su trama de corrupción a todos los niveles, con beneficios de los agentes públicos a esas empresas. Aunque la causa se encuentra bajo secreto de sumario, se sabe que al menos uno de los delatores de Odebrecht indicó que las donaciones a Alckmin apuntaban a favores en obras de las redes de saneamiento y del metro. Otro delator reveló que las donaciones fueron hechas en efectivo al empresario Adhemar César Ribeiro, cuñado de Alckmin, y a su extesorero de campaña, Marcos Monteiro, exsecretario de Planificación durante su gestión.

A pesar de esas sospechas, la jueza Nancy Andrighi, del STJ, ordenó que la documentación vaya -al menos por ahora- al Tribunal Regional Electoral. Los fiscales de la Lava Jato podrían pedir pruebas a sus colegas del Ministerio Público Electoral o esperar que el caso les sea remitido si hallan indicios de otros crímenes fuera de la esfera electoral.

En la práctica, las penas de la justicia electoral son más blandas -hasta cinco años de prisión- que las de la justicia penal -entre dos y 12 años de cárcel por corrupción pasiva-.

De todas maneras, si fuera condenado por el Tribunal Regional Electoral por delitos durante la campaña de 2014, Alckmin podría ser inhabilitado para competir en las elecciones del próximo octubre.

“La delación es de naturaleza electoral y sin ninguna procedencia. Eso va a quedar claro, es sólo cuestión de esperar un poquito”, había señalado Alckmin sobre las denuncias.

Sólida figura dentro del PSDB, el exgobernador ha tenido hasta ahora muchas dificultades para hacer que su nombre crezca en las encuestas electorales de cara a octubre. La última encuesta de Datafolha, divulgada a fines de enero, ubicaba a Alckmin en un relegado cuarto lugar, con 6% de las preferencias, detrás de Lula (34%), Jair Bolsonaro (15%), y Marina Silva (7%). En los escenarios sin Lula -su condena en segunda instancia por corrupción y lavado de dinero, por la que está en prisión, lo dejaría inhabilitado-, escalaría hasta el 8% de apoyos.

Fuente: Alberto Armendáriz para La Nación

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