Le prohiben la salida del país a Ricardo Echegaray

Lo resolvió el juez Diego Amarante. Es por un caso que investiga la compra irregular de autos para representantes diplomáticos

El juez Penal Económico Diego Amarante citó a indagatoria al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray para el próximo 19 de diciembre y le prohibió la salida del país. El ex funcionario kirchnerista es investigado por la presunta compra irregular de autos para representantes diplomáticos en el país.

La citación del juez llegó una semana después de que el fiscal Pablo Turano pidiera su indagatoria en el marco de una investigación por haber autorizado en 2006, cuando era director de la Aduana, el ingreso al país de un vehículo destinado a los representantes diplomáticos de Taiwán.

El problema es que esa nación asiática no tiene diplomáticos en el país, y la importación de ese tipo de vehículos suele contar con la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores, algo que no sucedió en este caso. Como los autos que ingresan al país con destino a Cancillerías o Consulados extranjeros no pagan impuestos, Echegaray está acusado del delito de “contrabando agravado”.

Además de citarlo a indagatoria, el juez Amarante la prohibió la salida del país porque considera que hay riesgo de fuga. En su argumento, el magistrado se refirió a una escucha telefónica con el ex jefe de la AFI Oscar Parrilli en la cual Echegaray se refería a la posibilidad de interceder ante la Justicia para evitar el avance de las causas en su contra.
La maniobra por la que está acusado Echegaray consistía en que los vehículos que ingresaban supuestamente para ser utilizados por los diplomáticos, luego se ponían a la venta, algo que llevaba a la evasión del pago de impuestos correspondientes.

La otra causa que preocupa a Echegaray es la que investiga supuestos sobreprecios en la contratación de un servicio de limpieza para la AFIP. En ese marco, el ex titular de la agencia tributaria ya se presentó ante el juez Sergio Torres y negó ser culpable de los delitos de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y “negociaciones incompatibles con la función pública”.

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