Lesa Humanidad: murió represor Misiones mientras cumplía arresto domiciliario

Ignacio Verdura tenía 86 años y cumplía arresto domiciliario en Santo Tomé. Se encontraba internado en un hospital de esa localidad por su delicado estado de salud. Fue máximo responsable del Regimiento de Caballería de Tanques 2 de Olavarría durante la última dictadura militar.

En Santo Tomé, la localidad correntina donde cumplía arresto domiciliario tras haber sido condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, falleció el domingo pasado Ignacio Aníbal Verdura, quien fue jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 2 (RCTan 2) de Olavarría en los años de la última dictadura militar.

Verdura tenía 86 años y se encontraba internado a raíz de su deteriorado estado de salud en el Hospital “San Juan Bautista”, en el que murió en las primeras horas del domingo. Ayer, sus restos fueron trasladados a la ciudad de Posadas, Misiones, donde serán velados hoy, en tanto que la inhumación se llevará a cabo mañana en el cementerio misionero “Santo Tomás Apóstol”.

Según confirmaron a EL POPULAR periodistas de Santo Tomé, familiares y allegados al ex militar aguardaban para las próximas horas la llegada al país de los hijos de Verdura, que se encuentran radicados en Estados Unidos.

Ignacio Aníbal Verdura, nacido el 22 de noviembre de 1931 en Paraná, Entre Ríos, había sido condenado a prisión perpetua en 2014 por el Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata, que tuvo a su cargo el denominado juicio Monte Peloni I, cuyas audiencias se llevaron a cabo en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Unicén. Los jueces lo encontraron responsable por distintos casos de privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, homicidios y desapariciones.

Además, Verdura también era uno de los imputados en el juicio conocido como Monte Peloni II, que se está desarrollando en la actualidad en la ciudad de Mar del Plata.

A los de Jorge Oscar Fernández y Alfredo Serafín Maccarini les sumaron los de Amelia Gutiérrez, Juan Carlos Ledesma Graciela Follini y Rubén Villeres, tal como había solicitado la acusación.

También fue considerado culpable de 21 hechos de privación ilegitima libertad en perjuicio de Francisco Gutiérrez, Amelia Gutiérrez, Juan Carlos Ledesma, Ricardo Cassano, Néstor Elizari, Jorge Fernández, Osvaldo Fernández, Graciela Follini, Rubén Villeres, Carlos Genson, Lidia Araceli Gutiérrez, Mario Méndez, Guillermo Luján Bagnola, Roberto Pasucci, Juan José Castelucci, Rubén Sampini, Osvaldo Ticera, Carmelo Vinci, Eduardo Ferrante, Alfredo Maccarini y Juan Carlos Butera, y los tormentos agravados en perjuicio de varios de los secuestrados.

Idéntica pena les correspondió en aquella oportunidad a Omar Antonio “Pájaro” Ferreyra (también ya fallecido) y Walter Jorge “Vikingo” Grosse, aunque a ellos sólo les imputaron los homicidios de Fernández y Maccarini, además de las privaciones ilegales de la libertad y las torturas.

Los miembros del Tribunal Oral también resolvieron que Verdura no pudiera continuar cobrando jubilaciones o pensiones, que debía ser inhabilitados a perpetuidad y destituido del Ejército.

A la hora de dar a conocer los fundamentos del fallo que condenó a Verdura a la pena de prisión perpetua, el Tribunal Oral Federal marplatense consideró en 2014 que tanto él como Walter Jorge Grosse, Horacio Rubén Leites y Omar Antonio Ferreyra en su carácter de empleados públicos incumplieron sus deberes de proteger los bienes jurídicos tutelados -la vida, la libertad, la integridad física de los secuestrados- y que además sus actos demostraron su adhesión al plan sistemático de exterminio puesto en práctica por la dictadura militar con lo que queda puesta de manifiesto su culpabilidad.

Los jueces Roberto Atlio Falcone, Néstor Rubén Parra y Mario Alberto Portela coincidieron en que “en el caso de un aparato de poder organizado de clara connotación criminal los aportes que van realizando los intervinientes no pueden ser considerados en forma aislada sino como una sumatoria que converge en un sujeto colectivo”.

Enlazaron, además, que “el que tortura lo hace fundado en la conducta delictiva precedente consistente en el secuestro de la persona, lo que demuestra que no se trata de aportes aislados sino que cada uno de ellos significa una prestación para la ulterior realización de otras conductas delictivas; con otras palabras el aporte de quien secuestra posibilita la tortura; el empleo de la tortura y lo que se diga en ese contexto posibilitan el homicidio o la desaparición forzada. Lo que se quiere decir con esto es que cada intervención delictiva se orienta en el aporte delictivo que le precede”.

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