Lucha contra el narcotráfico: el exintendente de Itatí irá a juicio

Sus detenciones fueron un escándalo y confirmaron las sospechas de que el narcotráfico cuenta con colaboración y protección del poder político y fuerzas de seguridad para operar en la Argentina. Con ellos presos, la Municipalidad de Itatí, en Corrientes, quedó acéfala. Ahora, Natividad “Roger” Terán, y Fabio Aquino deberán enfrentar un juicio oral y público por ser presuntos integrantes de una organización dedicada al tráfico y comercialización de marihuana.

Además de Terán y Aquino deberán sentarse en el banquillo de los acusados otros 24 acusados, entre ellos uniformados de la Policía de Corrientes, de la Policía Federal Argentina y de la Gendarmería Nacional. Así lo resolvió el juez federal Sergio Torres, a cargo de la investigación.

“Terán, quien revestía la calidad de intendente de Itatí, y Aquino, quien lo secundaba como vice-intendente, se encargarían de coordinar parte de las maniobras destinadas a la movilización de los narcóticos y de oficiar a favor de los miembros de la asociación para lograr su impunidad, como así también se dedicarían a movilizar el dinero obtenido como consecuencia del accionar delictivo para mantener su vigencia”, sostuvo Torres en la resolución donde elevó a juicio oral y público la causa.

Terán ganó las elecciones municipales de 2013, cuando encabezó la boleta del Frente para la Victoria (FPV). Hace dos años, una calificada fuente judicial había dicho: “Itatí es la puerta de ingreso de la marihuana en la Argentina”.

La causa que ahora fue elevada a juicio fue la derivación de una investigación que comenzó el 16 de mayo de 2014, cuando quedaron bajo la lupa judicial tres mujeres acusadas de vender drogas en un pasillo de la villa 21, de Barracas. El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Carlos Stornelli y por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias. Los funcionarios judiciales tuvieron la colaboración de detectives de la Gendarmería Nacional, que hicieron los trabajos de campo y los allanamientos.

“A través de la investigación desarrollada, se pudo establecer que la organización criminal habría montado una ruta de acceso -por vía fluvial- de gran cantidad de alcaloides -especialmente marihuana, distribuida en panes o ladrillos- provenientes de la República del Paraguay para luego ser distribuidos y comercializados al resto del país, particularmente hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hacia las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza”, explicó el juez Torres en su resolución.

A juicio también van los presuntos “coordinadores” de la organización narcocriminal, Carlos Alberto Bareiro, conocido como “Cachito” y Luis Saucedo, “Gordo”. “Ellos tendrían un desempeño preponderante frente a los demás miembros, coordinando en mayor medida las operaciones de tráfico ilícito y obteniendo el mayor rédito comercial por estas actividades delictivas”, afirmó Torres. Un tercer líder sería Federico Marín, alias “Morenita”, que está prófugo.

A juicio también irán el ex jefe de la seccional de Itatí, comisario Diego Ocampo Alvarenga; el sargento Mario Molina; y su compañera Gabriela Quintana, todos integrantes de la Policía de Corrientes.

Los tres integrantes de la Policía de Corrientes, según el juez, “habrían brindado protección directa a los integrantes del grupo delictivo para llevar a cabo las maniobras de tráfico ilícito, materializándose esta asistencia en darles apoyo frente a la intervención de fuerzas de seguridad nacionales, invocando jurisdicción sobre los hechos, o dándoles aviso de alguna medida restrictiva dictada en su contra”.

Rubén Ferreyra llegó a ser subcomisario de la PFA y se desempeñó en la Delegación Corrientes de la fuerza de seguridad. Él y el sargento Carlos López, que prestaba servicios en la misma dependencia, según el fallo, “tuvieron como rol coordinar las tratativas relativas a las operaciones de tráfico ilícito”.

También llegará a juicio Gabriel Alcaráz, que fue segundo comandante de la Gendarmería Nacional. “Al menos durante su residencia en la ciudad de Itatí, le habría proporcionado información a la organización sobre las actividades de prevención y operacional de las fuerzas de seguridad con actuación en el lugar”, afirmó Torres.
Fuente: Gabriel Di Nicola y Germán de los Santos para La Nación

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