Narcotráfico: Procesan a La Chona por el asesinato de un albañil

Miriam Fernández Cabana es la ex mujer de “Ruti” Mariños, el histórico capo peruano del asentamiento de Retiro, hoy presa por continuar el negocio familiar. El juez Casanello la procesó junto a sus hijos y sus yernos por el asesinato sicario de un albañil al que acusaban de robarles 400 bolsitas de pasta base. Miriam, con prisión domiciliaria, participó de los aprietes.

Habían faltado 400 bolsitas de pasta base en el principal aguantadero de la banda peruana más pesada de la Villa 31 bis, junto con algunas armas de fuego. Era una cantidad menor en los grandes cálculos de un traficante. Sin embargo, la banda, que había controlado a bala y muerte el Barrio Ferroviario del asentamiento de Retiro durante los últimos quince años, no iba a dejar pasar el robo tan fácilmente.

Todo ocurrió a partir del 24 de julio del año pasado. Christian John Alzamora, de 28 años, era el principal sospechoso de la banda para el robo. También peruano y vecino de la 31 bis, los hechos no lo favorecían: Alzamora había pasado los últimos días en el aguantadero, no como un transa, no como un adicto o un rival cautivo, sino como el albañil que era, encargado de algunas refacciones.

Así, la banda buscó a los miembros de su familia que pudieron encontrar con preguntas y amenazas, a ver dónde estaba Christian John, que aparezca, que entregue lo que se llevó. Siguieron a los hijos de la familia a la salida de una escuela cercana a la Villa, hablaron de incendiar sus casas.

Una mujer miembro de la banda y uno de sus integrantes, conocido como “El Cholo Eric”, acorralaron en un pasillo a una familiar directa de Christian John. “Devolvenos lo que se robó o venimos con mi marido y su gente y te matamos a toda tu familia”, le espetó la pandillera peruana en la cara con su culata justo detrás.
La amenaza no terminó ahí. La pandillera le puso un teléfono al oído a la pariente de Christian John. La voz que oyó le hizo temblar las piernas: “Ya voy a salir de la cárcel y te voy a buscar”, le dijo.

Esa voz le era conocida, pertenecía a alguien con poder sobre la vida y la muerte en la Villa 31 bis. La mujer que había ido a apretarla en persona de acuerdo a las imputaciones de la Justicia federal era Ingrid Jofre, la mujer de Enzo Moisés Ramos Cabana, hijo de “Ruti” Mariños, el histórico capo narco del Barrio Ferroviario. Quien hablaba en el teléfono, según las imputaciones de la Justicia federal, era la de la ex mujer de “Ruti”, la madre de Enzo y suegra de Ingrid, Miriam Fernández Cabana, conocida en la villa “La Jefa”, o “La Chona.”

Los aprietes, ocurridos el 25 de julio, un día después de que Christian John fuese visto por última vez, eran apenas sal en la herida de los Alzamora, un intento de recuperar las 400 bolsitas robadas. El cadáver del albañil apareció al día siguiente en una zanja de la zona de Campana, con su cara golpeada culatazos y un disparo calibre .380 en la cabeza.

Que “La Chona” hablara de “salir de la cárcel” tenía sentido: había sido arrestada apenas un mes antes del asesinato sicario de Christian John, en una redada hecha por la Policía de la Ciudad a mediados de junio en su casa de dos plantas en la manzana 35 del Barrio Ferroviario luego de tres meses de investigación del fiscal Federico Delgado. La acusaban de regentear cinco kioskos de la zona en el histórico territorio de su ex. Su hermano Marcos fue filmado por cámaras policiales en diferentes transas, pasamanos de papeles por dinero en pasillos del asentamiento, en un búnker de la manzana 7.

“La Chona” no se sorprendió demasiado al ser esposada, mientras aseguraba haber olvidado su número de documento. Tenía 97 bolsitas con cocaína y pasta base dentro de un lavarropas, junto a casi 25 mil pesos y tres mil dólares.
El cadáver de Alzamora eventualmente fue vinculado hasta ella y su banda en un expediente formado por conexidad en el despacho del juez federal Sebastián Casanello. Al final, la investigación del asesinato sicario reveló mucho más que un simple apriete con muerte. El 26 de diciembre pasado, Casanello procesó con prisión preventiva no solo a Miriam Cabana, a su hijo Enzo y su nuera Ingrid, sino también a su hija Ayelén, también hija de “Ruti” y Roxana, una hermana de Jofre por los delitos de venta de estupefacientes, homicidio y extorsión, con embargos de entre un millón y 500 mil pesos para cada uno.

Los nombres de Enzo y Ayelén Ramos son una novedad para quienes conocen de cerca los movimientos de “Ruti” y su banda en los pasillos de Retiro. No son los primeros hijos de “Ruti” en pisar el Barrio Ferroviario, por otra parte. Dante Josué Ramos, quien no es hijo de “La Chona” y a quien el capo nunca reconoció como propio, fue enviado a juicio por el juez Hernán López como cómplice en el asesinato a quemarropa de un menor de 16 años en el Año Nuevo de 2016. Un joven paraguayo fue arrestado como autor material del crimen.

Dante Josué reconoció ser repartidor de gaseosas al ser indagado, dijo que ganaba apenas cinco mil pesos, que tenía una moto y no mucho más. Sin embargo, voces en Comodoro Py lo ubicaban dentro de la banda de su supuesto padre, en un nivel medio o bajo, ningún rol ejecutivo.
Enzo Moisés y Ayelén Rosa fueron algo más lejos: la imputación del juez Casanello, sustentada por informes de policías encubiertos en el asentamiento y al menos tres testigos de identidad reservada que se atrevieron a declarar contra el clan de “Ruti” y “La Chona”, los ubica no sentados tomando la merienda en la mesa de la casa de su madre sino como jugadores activos en la venta y el apriete de enemigos.

Un informe policial entregado a Casanello aseveró que Enzo “se afincó en la Villa 31 de manera permanente tomando el lugar de sus padres en la comercialización de estupefacientes” y señaló un nuevo centro de operaciones más allá de los bunkers de “La Chona”, un galpón en la manzana 7 del asentamiento con transas nocturnas en los pasillos aledaños y un sistema aceitado de satélites y silbidos ante presencias sospechosas. Según el informe, Enzo, de apenas 21 años de edad, tres años menor que su hermano Ayelén, vivía fuera de la Villa, no como su madre, y asistiría a la noche al Barrio Ferroviario para supervisar los negocios.

La llegada de Enzo al Barrio Ferroviario es, en sí, la marca de la supervivencia de una de las bandas narco más resistentes a los embates judiciales en la Capital Federal. Ramos Mariños llegó a la Villa 31 alrededor de 2005 junto a su hermano “Meteoro”, ex Sendero Luminoso y su sobrino Richard, alias “Choclito”, tras separarse de Marco Estrada González, su histórico socio devenido en su enemigo con el que había sentado las bases de un pequeño imperio transa en la Villa 1-11-14.

“Ruti” había olido una traición al separarse de Estrada González. En octubre de ese año, “Ruti” intentó vengarse con fuerza de armas absoluta en la fiesta del Señor de los Milagros la tradicional procesión en el Bajo Flores de la comunidad peruana y el único día del año en donde Estrada bajaba un poco sus defensas. La banda de Mariños abrió fuego sobre la multitud. Cinco personas murieron en el tiroteo, incluido un bebé.

“Ruti” fue enviado a la cárcel y condenado en 2008 a 18 años para ser liberado con el beneficio legal del extrañamiento a la mitad de su condena por el juez Axel López, para regresar a Perú, mientras el juez Sergio Torres investigaba a su banda.
Las sospechas de que Ramos Mariños volvía ilegalmente al país -el beneficio de extrañamiento, una suerte de deportación, prohíbe regresar- siempre existieron. La banda de “Ruti” siempre existió también, de cara a los repetidos intentos de Justicia y Gobierno de recuperar el territorio. Sufrió allanamientos, encarcelamientos, la competencia feroz en la 31 de bandas paraguayas y de otros capos peruanos como César Morán de la Cruz.

Pero, según la Justicia federal, el negocio de la cocaína y la pasta base siempre continuó con una pistola al cinto. El asesinato de Christian John Alzamora no es el único que la Justicia le endilga al clan de “Ruti” y “La Chona”: “Coco” Huamancisa Rodríguez y Willington Gallegos Guzmán murieron acribillados en presuntas vendettas internas tres años atrás.

Para Enzo, de vuelta en el presente, Casanello tiene una imputación más grave que ser un heredero de capo: lo acusa de ser el asesino de Christian John.

Un análisis al teléfono de Alzamora reveló ocho llamadas con Ayelén Ramos Cabana durante el 25 de julio. Evidentemente, a Alzamora lo estaban buscando.

El clan de “Ruti” y “La Chona” no tardó en encontrarlo. El albañil muerto tiene un hermano, llamado J.P, involucrado de acuerdo al expediente en el movimiento de drogas de la 31 bis. Cruces de llamadas revelaron que J.P recibió una llamada de un teléfono de Enzo. Era su hermano el que hablaba del otro lado de la línea. J.P declaró que su hermano le preguntó por “las cosas que le había dado para guardar.” J.P se hizo el desentendido, terminando la comunicación.

Dos testigos de identidad reservada denominados “A” y “D” en la causa completaron el relato. No sólo señalaron a Enzo como nuevo líder de la banda de su padre: contaron cómo el hijo del capo le entró a culatazos en la cara a Alzamora para subirlo a un Peugeot y luego irse. El auto fue luego abandonado para ser encontrado por la Justicia. El testigo aseguró haberlo visto el 29 de julio, cuatro días después de la supuesta fecha de muerte de Alzamora frente a una casa ligada a Ramos Cabana.

La Justicia obtuvo la patente del Peugeot, que comienza con la letra E: la documentación de la compra, en donde figura el nombre de Enzo, data del 2 de enero de 2016. Que el cadáver de Alzamora haya aparecido en Campana no es algo inusitado. El Peugeot de Enzo registró varias multas previas por exceso de velocidad en la zona.

La causa de Casanello reveló otro movimiento en el poder narco de la Villa 31, una suerte de cisma. La muerte de Alzamora, aparentemente, partió a la banda de Mariños en dos. El robo de las 400 bolsitas de pasta base no habría sido una jugada de Alzamora en solitario, sino una mexicaneada para una estructura mayor.
Casanello procesó con prisión preventiva a dos mujeres de nacionalidad paraguaya que habrían operado junto a otra de nacionalidad peruana para el clan de “Ruti.” Una de ellas se encargaba, según la acusación, de proveer de droga a la banda con envíos de a un kilo de cocaína por vez. La otra encabezaba un sistema de delivery de bolsitas en Constitución y Retiro. Un remisero de la Villa 31 fue indagado como el supuesto responsable de sus viajes más pesados.

J.P, el hermano del albañil muerto, habría sido un cómplice de estas mujeres: fue procesado también como partícipe de la jugada. Tras el asesinato de Alzamora, según fuentes policiales, la facción de las mujeres paraguayas decidió abrirse del Barrio Ferroviario para mover sus negocios cerca de la estación de micros, con supuestos nuevos hechos de violencia.

“La Chola” regresó al penal de mujeres de Ezeiza el 16 de enero último: había fallado a presentarse en Tribunales para su notificación mensual en diciembre. El 8 de febrero último, poco menos de un mes después, la Sala N°1 de la Cámara Federal integrada por los jueces Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia confirmó su procesamiento con prisión preventiva junto a los de sus hijos y los otros miembros de su banda.

Enzo Ramos Cabana recibió otro revés a comienzos de este año: la UFI N°3 de Mercedes a cargo del doctor Pedro Illanes le pidió la prisión preventiva en su contra por el delito de estafa. El hijo de “Ruti” está acusado de montar un “cuento del tío” cometido el 4 julio de 2017, menos de diez días después de que Christian John Alzamora recibiera un tiro en la cabeza, llamar a un hombre mayor con una falsa alerta bancaria para que su entregue dinero y joyas. Enzo, de acuerdo a la acusación en su contra, se hizo pasar por “el gerente del Banco Provincia.”

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