Odebrecht: dos arrepentidos en Brasil están dispuestos a declarar ante la justicia argentina

Casanello y Delgado investigan el supuesto pago de sobornos y sobreprecios en las reformas de la planta potabilizadora de AySA que se encargó a la compañía brasilera en Paraná de la Palmas, Zárate; y otra obra similar en la localidad de Berazategui

Los “arrepentidos” en Brasil están dispuestos a declarar ante la Justicia argentina sobre la trama de pago de sobornos de Odebrecht a funcionarios públicos para acceder a múltiples obras en el país: ese es el ofrecimiento que hizo el Ministerio Público Fiscal brasilero a la Justicia Federal, aunque por ahora sigue trabada la colaboración.

En los últimos días el juez federal Sebastián Casanello recibió respuesta de un exhorto desde Brasil y es terminante: sólo habrá revelación de información a cambio de inmunidad para Odebrecht y los arrepentidos. Concretamente, el Ministerio Público Federal de la Procuración General de Brasil hizo llegar un oficio con la firma de Luiz Roberto Ungaretti De Godoy, del área de cooperación internacional, en el que ofrece la declaración en la Argentina de los ex directivos de la constructora Marcio Faria Da Silva y Luiz Antonio Mameri.

Ambos se acogieron al acuerdo de clemencia celebrado entre Odebrecht y el Ministerio Público Federal brasileño el 1 de diciembre de 2016, por el cual más de 70 “arrepentidos” en ese país ya aportaron información sobre la trama de pago de sobornos en varios países, uno de los cuales es Argentina. Casanello y el fiscal federal Federico Delgado investigan el supuesto pago de sobornos y sobreprecios en las reformas de la planta potabilizadora de AySA que se encargó a la compañía brasilera en Paraná de la Palmas, Zárate; y otra obra similar en la localidad de Berazategui.

Incluso, por estos días se están llevando a cabo las indagatorias fijadas por el juez, que incluyen a Carlos Ben, ex titular de AySA; pero también a empresarios como Benito Roggio, directivos de Odebrecht y Camargo Correa, entre muchos otros. Mameri fue vicepresidente de Odebrecht para América Latina y en Brasil declaró que la empresa pagó al menos 25 millones de dólares para la ampliación de gasoductos Norte y Sur en el país; pero también refirió a la trama de pago de sobornos, en la que involucró al empresario Jorge “Corcho” Rodríguez como intermediario para la obra de AySA.

Faria Da Silva es un ex apoderado de Odebrecht en la Argentina que también aportó información en Brasil sobre el presunto pago de sobornos y disparó sobre el área que conducía el entonces ministro Julio De Vido, el de Planificación Federal. Al recibir el exhorto, el juez Casanello le pidió opinión al fiscal Delgado sobre el ofrecimiento hecho por Brasil: información a cambio de inmunidad no sólo para los “arrepentidos” sino también para la constructora y “cualquier otro colaborador del Ministerio Público Federal brasilero que haya firmado acuerdos de declaración negociada en el marco del caso Lava Jato”.

Pero en la Argentina la respuesta sigue estando trabada por las limitaciones que fija el Código Penal, que obliga a perseguir la acción penal ante la existencia de un delito, por lo tanto, la inmunidad no puede ser garantizada. “La fiscalía carece de base legal para emitir una opinión de la naturaleza requerida”, dijo Delgado y elevó en consulta el ofrecimiento de Brasil al ahora Procurador General de la Nación, Eduardo Ezequiel Casal, quien asumió interinamente tras el pedido de licencia de Alejandra Gils Carbó.

Por el momento, en la Argentina se avanza con indagatorias para exfuncionarios y empresarios por las obras de AySA y de Transportadora Gas del Norte y del Sur: en esta última causa declaró por videoconferencia el detenido De Vido desde Marcos Paz. Pero hay otra causa del escándalo Odebrecht que apunta no sólo al poder económico sino que roza al político, pues tiene en la mira a Angelo Calcaterra, primo del presidente de la Nación Mauricio Macri y extitular de la firma IECSA.

IECSA formó una Unión Transitoria de Empresas junto a Ghela y Comsa para la obra del soterramiento del tren Sarmiento, otra de las que está bajo sospecha y en donde también aparece como supuesto intermediario el “corcho” Rodríguez. Días atrás, el fiscal Franco Picardi pidió embargos millonarios para todos los imputados y las empresas: es algo que resolverá seguramente el año próximo el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Pero los embargos en esa causa, que ya no es poco, no serán lo único: los investigadores cuentan con muy buena información y ya dan por probado el pago de sobornos a través de los intermediarios y para el 2018 se vendrá la acusación con pedido de indagatoria incluido.