Odebrecht: EEUU no aceptó el pedido de datos de Argentina y le exige más precisiones

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos contestó uno de los exhortos por el caso Odebrecht. Pero no envió la información solicitada, sino que dijo que necesitaba más precisiones del caso antes de responderlo.

“Lamentan informamos que, en esta instancia, no se encuentra en condiciones de diligenciar la rogatoria”, señala la respuesta que a través del Ministerio de Justicia le llegó al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

El gobierno de los Estados Unidos contestó el exhorto el 31 de mayo a través de un mail enviado al Ministerio de Justicia. Eso fue una semana antes que Garavano viaje a los Estados Unidos a reunirse con autoridades para avanzar en la cooperación del envío de información.

A su vez, el 6 de junio –un día después de que Garavano se reuniera con el fiscal general Jeff Sessions – está fechado el informe que la asesora de la Unidad de Coordinación de Asuntos Internacionales del Ministerio, Andrea Galdiz, elaboró con la respuesta de Estados Unidos. El oficio llegó esta semana a los tribunales de Comodoro Py, según la documentación a la que accedió Infobae de fuentes oficiales.

Se trata del caso en el que el juez Martínez De Giorgi y el fiscal Franco Picardi investigan el presunto pago de coimas de Odebrecht a Manuel Vázquez, mano derecha del detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, por el soterramiento del tren Sarmiento.

En el “Lava Jato”, el caso de corrupción que involucra a directivos de Odebrecht y políticos de Brasil por el pago de coimas, la Policía de Brasil encontró correos electrónicos de febrero de 2010 en los que Vázquez le reclamaba a Mauricio Couri Ribeiro –principal directivo de la empresa en el país– el pago de 80 mil dólares que se sospechan eran parte de una coima.

Luego se determinó que ese pago se realizó desde Klienfeld Services Ltd – una de las empresas que Odebrecht usaba para pagar sobornos en distintos países- hacia Pribont Corporation S. A., propiedad de Vázquez.

La ex legisladora Graciela Ocaña presentó el año pasado una denuncia que dio inicio a una causa penal. El juez Martínez De Giorgi envió un exhorto el 17 de mayo de 2016 a Estados Unidos en el que solicitó el contenido de los correos entre Couri Ribeiro (de una casilla de Hotmail) y Vázquez desde 2006 a la actualidad, junto con datos relevantes de la cuenta.
El Departamento de Justicia contestó en septiembre que para enviar la información requería datos adicionales y envió una serie de preguntas. El juez las contestó en un nuevo exhorto de octubre.

En diciembre, directivos de Odebrecht confesaron en Estados Unidos que entre 2007 y 2014 pagaron 35 millones de dólares en coimas a funcionarios argentinos para obtener negocios de obra pública. El juez Martínez De Giorgi envió a fin de año un nuevo exhorto en el que requirió la confesión de los directivos.
“La cooperación con Estados Unidos es completa. Tienen una máxima predisposición con la Argentina”, había dicho Garavano después de su viaje a Estados Unidos. Pero la respuesta del gobierno extranjero no aportó la documentación requerida. “Hay insuficiente información para obtener un procedimiento legal respecto a la cuenta de correo electrónico”, contestó Estados Unidos.

“No es suficiente tener un sospechoso con una cuenta de correo electrónico. La rogatoria necesita proporcionar mayor información relativa a cómo las cuentas de correo electrónico se vinculan con el delito de sobornos y/o lavado de activos y demostrar, adecuadamente, la conexión entre dichas cuentas y los delitos bajo investigación”, agrega la respuesta.
Desde Estados Unidos enviaron también un pliego de ocho preguntas sobre la investigación argentina. Entre ellas, pidieron una cronología de los hechos y cómo el correo de Couri Riberiro se vincula con la causa; cómo Vázquez y Jaime se relacionan con esa cuenta; si hay capturas de pantallas u otros mails que vinculen el correo con la investigación, entre otras.

El Departamento de Justicia también informó que mantendrá abierto el expediente por 90 días para esperar la respuesta. Pero luego extendió el plazo hasta el 31 de octubre por una gestión de su par argentino, que también requirió un pedido de informes sobre el estado del exhorto sobre la confesión de los directivos de Odebrecht. También en su respuesta, Estados Unidos señaló que valoran la cooperación con Argentina en la lucha contra la corrupción.

Además del expediente que lleva Martínez De Giorgi, hay otras dos causas en las que se investiga si Odebrecht pagó sobornos. El juez Sebastián Casanello investiga la construcción de dos plantas potabilizadoras en Berazategui y Tigre y su par Daniel Rafecas el gasoducto sur. A su vez, el juez Sebastián Ramos tiene a su cargo una causa derivaba del “Lava Jato” por el pago de coimas para que la empresa argentina Electroingeniería compre Transener, propiedad de Petrobras.

En su viaje, Garavano había obtenido el compromiso de autoridades de Estados Unidos para reunirse en ese país con los jueces y fiscales argentinos que tienen los expedientes. El encuentro se iba a realizar el 29 y 30 de este mes, pero desde Estados Unidos lo suspendieron por cuestiones de agenda aunque trascendió que la postergación tenía su razón en la filtración de información a través de los medios comunicación. El encuentro no tiene fecha.

Brasil
Las puertas a obtener información clave para las causas no solo se cierran por ahora en Estados Unidos sino que también en Brasil, otro de los países a los que se han enviado exhortos. Este lunes el Ministerio Público de Brasil emitió un comunicado oficial en el que sostuvo que “debe cumplir los acuerdos que firmó con los investigados”.

“Esto no significa, sin embargo, que los países solicitantes deban conceder inmunidad o beneficios ilegales a los colaboradores. Solo significa que Brasil no está autorizado a enviar al exterior pruebas proporcionadas por colaboradores, no pudiendo tampoco facultar la recolección de testimonios de esos mismos, sin la imposición de límites al uso de la prueba voluntariamente suministrada por ellos”, agregó.

La postura se conoció a días de un encuentro que en Buenos Aires tuvieron la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y su par de Brasil, Rodrigo Janot. Ambos firmaron hoy un acuerdo para crear el Equipo Conjunto de Investigación (ECI) que estará integrado por seis fiscales de ambos países para trabajar en conjunto en las causas de Odebrecht.

Odebrecht ofreció a la justicia argentina dar toda la información que tienen sobre el pago de las coimas a cambio de que sus directivos no tengan causas penales ni civiles y que no se le quiten a la empresa los contratos que tienen. La ley argentina no contempla ninguna de esas posibilidades. La legislación contempla una eventual reducción de la pena en un juicio oral.