Odebrecht: el juez Casanello involucró a exfuncionarios y a empresarios

La decisión afectó a ex funcionarios como el ex titular de Aysa Carlos Ben, pero también a hombres de negocios como Aldo Roggio y Carlos Wagner. Además, llamó a indagatoria a De Vido, al Corcho Rodríguez y a empresarios brasileños.

En una de las causas vinculadas al mega affaire conocido como Odebrecht, el juez Sebastián Casanello procesó a ex funcionarios y empresarios por contrataciones direccionadas y en las que, además, se pagaron sobreprecios para las obras de la planta potabilizadora de agua de Paraná de las Palmas (en Tigre) y de la planta de pre-tratamiento de residuos cloacales de Berazategui. La decisión afecta al ex titular de Aysa Carlos Ben y a un grupo de ex colaboradores suyos, pero también alcanza a grandes empresarios como Aldo Roggio, titular del grupo Roggio –dueño, entre otras firmas, de Metrovías–, a Carlos Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción y presidente de Esuco y Tito Biagini, ex presidente de José Cartellone e hijos. Las tres figuran hoy entre las principales contratistas del Gobierno de Cambiemos.

Casanello trabó embargos que llegan a los 790 millones de pesos. También tiene pistas del pago de sobornos y en esa línea llamó a indagatoria al ex ministro de Planificación Julio de Vido, su ex mano derecha Roberto Baratta, el ex secretario de Obras Públicas José López, a Jorge “Corcho” Rodríguez señalado como intermediario, y los empresarios brasileños Marcelo Odebrecht y Antonio Miguel Marques, este último presidente de Camargo Correa.

La centralidad de la empresa brasileña Odebrecht en la trama, según la resolución de Casanello, en su papel determinante en las negociaciones con los funcionarios argentinos y el armado de uniones de empresas, con compañías locales. Según el juez la licitación para la construcción de ambas plantas fue prácticamente ficticia y estuvo montada para que ganen determinadas empresas. Una de las condiciones que debía cumplir la licitación, por ejemplo, y que fue pasada por alto era que la “empresa líder” en la obra debía ser nacional. La planta de Paraná de las Palmas fue adjudicada a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Odebrecht sucursal argentina, Benito Roggio e Hijos SA, José Cartellone e hijos y Supercemento; para la de planta de Berazategui se conformó una UTE integrada por Construçoes y Comercio Camargo Correa sucursal argentina y Esuco. Según el juez a través de la cartelización se repartió obra pública.

Además del armado de licitaciones a medida, según investigación desde los procesos licitatorios se fueron sumando incrementos presupuestarios con modificaciones a los proyectos respecto de las obras iniciales a lo que se sumó se fue prolongando el tiempo que insumieron las obras. La Planta de Tigre debía estar para 2012 pero recién la obra provisoria se empezó a entregar en agosto de 2014. En números, según el juzgado, esta obra preveía un valor de 1800 millones de pesos pero por aumentos de costos, prórrogas, redeterminacíón de precios y la financiación del Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES) el costo fue 6.500 millones. La planta de Berazategui debía terminar en 2011 pero la primera entrega fue en abril de 2015. Ahora ambas están operativas pero no completamente terminadas. En número, según el juzgado, el costo proyectado era de 324 millones y se elevó a 860 millones.

Según la resolución en el armado los ex funcionarios de Aysa Ben, Raúl Biancuzzo, Antonio Caucino, Carlos Di Somma y Carlos María Donolli “intervinieron en la negociación, selección, contratación, desarrollo y pago de las obras llevadas a cabo en el marco de las dos obras hídricas”. Los montos de los embargos están relacionados con el crecimiento de los costos que implicaron “un perjuicio al Estado”. Para todos ellos de 790 millones de pesos. Para los empresarios Roggio y Biagini 574 millones y para Wagner 223 millones. Les prohíbe, además, la salida del país. En total son 18 procesamientos y una larga lista de nuevos llamados a indagatoria.

El diario La Nación reveló videos de las declaraciones de algunos de los “delatores” que declararon en Brasil en el contexto del caso conocido como Lava Jato, que tiene a Odebrecht entre sus constructoras protagonistas. En medio de sus relatos hacen alusión a los supuestos arreglos con funcionarios argentinos y los mecanismos a través de los cuales se iban asociando con empresas locales. Hay tres investigaciones centrales sobre contratos y coimas vinculados a Odebrecht. La que está a cargo de Casanello es una de ellas; en otra se investigan obras para la ampliación de dos gasoductos y otra causa investiga las contrataciones y sobornos para el soterramiento del tren Sarmiento. En todas ya hay procesados, tanto empresarios como ex funcionarios de Planificación, con De Vido al a cabeza.

La defensa del ex ministro dice que sólo se le atribuyen cuestiones de carácter administrativo relativas a la organización del ministerio que no son judiciables. Ahora Casanello lo vincula tanto a él como a Baratta y López con la posible trama de coimas. Los delatores brasileños hablan de montos específicos, que además superarían los 35 millones de dólares que Odebrecht reconoció haber pagado en Argentina, en un proceso que tramitaba en Estados Unidos.

Dos de los nombres que se reiteran son los de Wagner y Corcho Rodríguez como los presuntos intermediarios, que explicaban las condiciones para la cartelización, y facilitadores de las operaciones. Por ahora las declaraciones de los delatores brasileños fueron incorporadas a la causa a través de la declaración testimonial del periodista Hugo Alconada Mon. El problema es que el régimen penal brasileño es distinto al argentino. En los tribunales porteños no podrían quedar desvinculados del proceso penal –opción que sí da el régimen de Brasil–, a lo sumo recibir penas atenuadas. Por eso Brasil no acepta que declaren aquí por ahora, porque podrían quedar incriminados. Por eso los jueces dependen de otro tipo de chequeos probatorios.

En el caso de Rodríguez, por ejemplo, recientemente se cotejó que habría utilizado una empresa, Sabrimol Trading, constituida en Uruguay para recibir a través de una cuenta del Banco Itaú en el país vecino, al menos 10.210.373,84 de dólares y 684.283 Euros con colaboración de otras personas vinculadas a la sociedad uruguaya y su administración, y el contador, Roberto Gandini, quien también habría integrado la sociedad. Sabrimol, según señala la resolución de Casanello, recibió dinero de cinco sociedades off shore utilizadas por Odebrecht enviado por el “doleiro” Olivio Rodrígues.

En función de todos esos datos la Oficina Anticorrupción y el fiscal Federico Delgado pidieron nuevas indagatorias, entre ellas la de Rodríguez, ordenadas ahora por Casanello, que incluyó también a los ex funcionarios De Vido, Baratta y López.

Fuente: Irina Hauser para Página/12

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