Odebrecht: Fiscales argentinos acordaron con la Justicia brasileña la entrega de documentación

El avance se dio durante una reunión en la sede de la Procuraduría General de la República Federativa del Brasil, en Brasilia, encabezada por el vicefiscal general de ese país, José Bonifacio, y el secretario de Cooperación Internacional del organismo, Vladimir Aras. La parte argentina estuvo representada por los fiscales Sergio Rodríguez, Carlos Stornelli y Franco Picardi.

El grupo de fiscales acordó ayer con las autoridades brasileñas cómo será la entrega de las pruebas del caso Odebrecht que demostrarían el pago de sobornos a funcionarios argentinos y la participación de empresarios y lobbistas en una red internacional de corrupción. La constructora brasileña admitió haber pagado al menos US$ 35 millones en coimas en el país entre 2007 y 2014 para conseguir contratos de obra pública.

El avance se dio durante una reunión en la sede de la Procuraduría General de la República Federativa del Brasil, en Brasilia, encabezada por el vicefiscal general de ese país, José Bonifacio, y el secretario de Cooperación Internacional del organismo, Vladimir Aras. La parte argentina estuvo representada por los fiscales Sergio Rodríguez, Carlos Stornelli y Franco Picardi. Los tres tienen casos centrales para la compañía de Marcelo Odebrecht y ex miembros del gobierno kirchnerista: en la mira están Julio De Vido, José López y Ricardo Jaime, entre otros. Esos mismos casos, que ponen el ojo en presuntos sobreprecios en las obras y el pago de sobornos, podrían involucrar no sólo a políticos sino a los socios locales de Odebrecht, las empresas constructoras con las que se aliaron para ganar licitaciones. Eso incluye al primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, ex dueño de Iecsa.
Picardi es uno de los fiscales que investigan posibles coimas al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, por el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento; Stornelli tiene una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer sobre los US$ 35 millones en sobornos, y Rodríguez es el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Tiene a su cargo el principal expediente del caso: el capítulo argentino del Lava Jato, y las negociaciones para lograr la colaboración de los ejecutivos de Odebrecht ante la Justicia argentina.
“Se vio voluntad (de colaborar con la Argentina), pero también admitieron que están desbordados: tienen numerosos pedidos de varios países de América Latina y Africa”, contó uno de los participantes de la reunión.

Brasil –que acordó entregar la información a partir del 1º de junio– informó que aún no sabe cuándo comenzará a enviar las pruebas del pago de coimas en Argentina, pero las autoridades explicaron durante el encuentro cómo será el mecanismo, un eje de tensión entre el gobierno de Mauricio Macri y la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó. Esta semana, el ministro de Justicia, Germán Garavano, viajó a Estados Unidos para intentar acceder a la lista de cómplices de Odebrecht que los 78 ejecutivos de la firma entregaron a las autoridades.

Las pruebas que envíe Brasil harán el tradicional viaje burocrático de “extradición de pruebas”. Se trata de grabaciones de los testimonios de los arrepentidos, las transcripciones de esos videos y audios, y la documentación respaldatoria de esos dichos, confiaron fuentes del encuentro.

La procuración de Brasil enviará las pruebas al Tribunal Superior de Justicia de ese país y de ahí a la cancillería brasileña. Esa cartera las entregará a la cancillería argentina. Pero ninguna de las cancillerías podrá tener acceso a los documentos. La cancillería argentina luego deberá remitirlas a los jueces que las solicitaron. El fiscal Rodríguez sería entonces el único de los miembros del Ministerio Público Fiscal que tendrá acceso directo a las evidencias por el tipo de rol que desempeña.

Los fiscales repasaron ayer los numerosos exhortos y pedidos de prueba que Brasil debe contestar y se llevaron el compromiso de las autoridades. Además del soterramiento del Sarmiento, Odebrecht está en la mira por la construcción de una planta potabilizadora en Tigre, presuntos sobreprecios en gasoductos y una refinería de YPF, entre otros.
Tras la reunión, ahora resta que Rodrigo Janot, procurador general de Brasil –jefe de los fiscales de ese país–, viaje a la Argentina y firme un acuerdo con su par argentina, Gils Carbó. El funcionario brasileño llegará al país para participar de la Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur. El encuentro será en Buenos Aires el 15 de junio. Ese día, Janot y Gils Carbó firmarán un acuerdo para conformar un equipo de investigación bilateral especialmente abocado al Lava Jato. Estará integrado por al menos cuatro fiscales argentinos y uno de Brasil.

Ayer por la tarde, la Procuración emitió un comunicado sobre el encuentro en Brasil que finaliza con un párrafo poco casual para el contexto político. “Ha sido reafirmada la importancia de que los ministerios públicos puedan actuar de manera independiente y autónoma, especialmente en investigaciones de este tipo, y que esos principios sean respetados por otros poderes del Estado”, dice en clara alusión a la disputa política que el gobierno de Macri entabló con Gils Carbó por el control de los documentos.

En el caso del soterramiento del Sarmiento, hay cuestiones familiares en juego para Macri: la obra de Odebrecht es en sociedad con Iecsa, la constructora que hasta marzo fue de su primo Angelo Calcaterra. Si Odebrecht admite y prueba el pago de coimas en esa obra, sus socios locales no quedarán exentos de sospechas.

Además, el caso de Gustavo Arribas, jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), acusado de recibir diez transferencias del doleiro (“cuevero”) Leonardo Meirelles, todavía no está dado por muerto. A pesar de que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral lo sobreseyó en tiempo exprés, los fiscales Federico Delgado y Sergio Rodríguez apelaron la decisión. La Cámara de Casación penal debe decidir si el funcionario e íntimo amigo presidencial seguirá siendo investigado. Aún no se conoce por qué Meirelles, que se dedicaba a transferir pagos de coimas de las constructoras Odebrecht y OAS, hizo esos giros a Arribas, que entonces vivía en San Pablo. El funcionario dio varias versiones que terminó resumiendo en “venta de muebles”.
En las últimas horas, los jueces federales Daniel Rafecas y Sebastián Casanello hicieron lugar a un pedido del fiscal Federico Delgado, quien interviene en las causas que ambos magistrados tienen vinculadas al escándalo de Odebrecht. El planteo apuntó a potenciar el trabajo de los dos juzgados, evitando la pérdida de tiempos y recursos que significaría que los magistrados ordenen dos veces las mismas cosas, y pidió cruzar la información que hay en los respectivos expedientes. Por eso solicitó autorización para cruzar tanto la información como los datos de los servidores secuestrados en todas las empresas investigadas en ambas causas. Fuentes judiciales explicaron que “la idea es reconstruir mails, llamados, fechas, visitas, personas”, y se buscará “comparar todo eso con los expedientes administrativos para contrastar la historia real con la oficial de los expedientes”